Son aproximadamente 200 metros los que separan la Casa de Nariño del Capitolio. Pero por estos días, aunque la Constitución Política habla de la relación armónica entre los poderes públicos, la distancia entre la Presidencia de la República y el Congreso parece insalvable, con todos los desafíos que esto implica para la buena marcha del país y el Estado de derecho.
El presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Iván Name, habían sostenido durante los últimos meses una ‘guerra fría’ que se agudizó con el hundimiento de la reforma de la salud en la Comisión VII.
El conflicto, que hasta entonces había sido de trinos y de comunicados, pasó a los hechos. El miércoles, cuando se esperaba que se discutieran las ponencias alternativas y oficial de la reforma pensional en la plenaria del Senado, Name levantó la sesión que había comenzado tan solo 20 minutos atrás como protesta por los malos tratos del jefe de Estado al Congreso.
El presidente Gustavo Petro en el Congreso de Naturgas.
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“En señal de protesta, levanto la sesión y cito para el próximo lunes”, aseguró el jefe del Legislativo, quien cuestionó al presidente Petro por afirmar que en el archivo de la reforma de la salud fue determinante la empresa española Keralty, dueña de la EPS Sanitas, hoy intervenida. Según la versión del Presidente de la República, el hundimiento de la reforma de la salud no fue una decisión legítima de una rama independiente del poder público, sino la expresión de los intereses que financiaron a congresistas.
Con sus reformas sociales en cuidados intensivos, el Presidente incluso está promoviendo la idea de una constituyente. Y en ese ambiente de tensión creciente se dio la situación del miércoles, con la cancelación de la plenaria.
Fue un revés para el proyecto, que comienza a consolidar unas mayorías, pero si no está aprobado el 20 de junio se hunde por falta de trámite. El Presidente reaccionó casi dos horas después en su cuenta de X: “Siempre la mayoría del Senado puede apelar la decisión del presidente del Senado”. “Aquí no soy yo el que pierde. Aquí pierden tres millones de ancianos que hoy no tienen un plato de sopa”, agregó en otro trino.
El cruce de mensajes siguió hasta el viernes. El jefe de Estado volvió a tocar el tema: “Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público; al contrario, quien no las respeta es quien las cierra. Cerraron arbitrariamente el Senado de la República”. Y Name no tardó en responder: “Una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas”.
El llamado de varios sectores es a la calma, porque no es buena una ruptura entre los presidentes de la República y del Congreso.
“Es indeseable y riesgoso hablar de rupturas democráticas. No le echen gasolina al incendio”, opinó el expresidente del Congreso Roy Barreras, hoy embajador en el Reino Unido.
Pero a pesar de mensajes llamando a la calma como el de Barreras, lo cierto es que desde el círculo más cercano al presidente Petro siguen las declaraciones hostiles. “Los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses”, aseveró Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico y ahora director del Departamento de Prosperidad Social, a propósito de la decisión de Name. “Se ha roto la democracia representativa (…) El pueblo tiene que hacerse sentir”, agregó.
Iván Name, presidente del Congreso
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Bolívar, que tras su fracaso en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá terminó reencauchado en el DPS, está tomando vocerías políticas que no caen necesariamente bien en todo el equipo de Gobierno. Algunos de sus miembros dicen que tras sus salidas tienen ellos que ir a tratar de recomponer la conversación. Esas fuentes sostienen que la intención del Gobierno sigue siendo buscar diálogos, más allá de las altisonancias. Su problema es que si bien vocerías como la de Bolívar no son abiertamente promovidas por Petro, tampoco las desautoriza. Y con ello las dificultades para lograr escenarios de diálogo. De hecho, Name anunció una demanda en su contra.
Los analistas advierten del riesgo para la estabilidad institucional que representa el hecho de que el Presidente y varios de sus altos funcionarios cuestionen la legitimidad del Congreso o de las cortes –como pasó esta semana con el fallo sobre pensiones– cuando sus decisiones no son de su gusto.
Y también advierten por los efectos de una eventual parálisis legislativa por los enfrentamientos. El presidente del Senado tiene el poder de convocar a plenaria y de establecer el orden del día, lo que en la práctica incide sobre el curso de todos los proyectos en discusión. “Una guerra abierta, que yo no creo que se dé, es el bloqueo total. Sencillamente, no se agendarían los proyectos que le importan al Gobierno o los agendarían una vez por semana y no dos, y con eso se garantiza que se hundan”, dice el senador Ariel Ávila.
Pero Name, en diálogo con EL TIEMPO, negó tener esa intención (ver entrevista). De hecho, en los pasillos del Congreso ya se habla de un posible acuerdo alrededor de la reforma pensional. Pero la tensión podría revivir por el resultado de la ‘jugadita’ con la que el Gobierno, también en el Senado, pretende resucitar la reforma de la salud enterrada en la Comisión VII con nueve votos de catorce.