Lizzeth dejó Venezuela en el 2017 y llegó a Bogotá con su única hija, quien en ese momento tenía apenas un año de edad. La pequeña ha pasado toda su vida en un país que no la vio nacer.
Esta migrante venezolana de 32 años de edad, quien maneja los call centers de una multinacional de comercio electrónico, tomó la decisión de quedarse en Colombia. “Me amañé acá. Tengo trabajo y no lo quiero perder. Tengo alimentación, salud y la oportunidad de una calidad de vida que no pude tener en Venezuela”, asegura.
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Aunque ha podido construir una vida acá, teme que la estabilidad que logró se quiebre. Lo anterior porque desde 2021 está esperando obtener su Permiso por Protección Temporal (PPT), el cual le permite terminar de regularizar su situación, ya que si bien tenía el Estatuto Temporal de Protección, este se le venció el pasado 1.° de marzo.
Menciona que es necesario tener el PPT para asegurar su acceso a los programas sociales del Estado y a derechos como salud, educación y trabajo. Esto es clave porque cuenta que su empresa le está exigiendo el documento para continuar trabajando y la EPS se lo exige para que no saquen a su hija del sistema.
“Cuando voy a la calle 100 a Migración a preguntar por mi PPT me dicen que debo seguir esperando, cuando ya pasaron los 90 días que ellos mismos establecen. Me ha tocado tomarme dos veces el biométrico, nunca me ha llegado el documento y ya siento la presión. Mi EPS dice que les tengo que dar el PPT para que no saquen del sistema a mi hija”, dice.Los inconvenientes que está teniendo Lizzeth son los que están enfrentando miles de migrantes que no han podido obtener su documento, lo cual ha afectado su proceso de regularización y, de paso, de integración.

Migración Colombia tiene 90 días para informar el estado del PPT.
Analistas coinciden en que el Gobierno debería estar enfocado en esta última etapa, que implica la creación de normas a largo plazo que permitan que los migrantes puedan hacer parte del sistema social, laboral y educativo del país.
El Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario ha insistido en que no avanzar en la integración, además de afectar el acceso de esta población a derechos básicos, también los expone a quedar a merced de grupos armados.
María Clara Robayo, investigadora del observatorio, expone que el Ejecutivo debe “dejar de tener la política migratoria como una visión de gobierno y más bien enraizarla en una política de Estado que tiene que avanzar en normatividad”.
Robayo explica que se tiene que avanzar, por ejemplo, en el programa ‘Primero la niñez’, que reconoce la nacionalidad a menores de edad que nacieron en territorio colombiano y tienen padres venezolanos. “Ese programa estará hasta agosto de este año, pero no se sabe qué pasará después. Por eso se tiene que avanzar en esa normativa para generar garantías de derechos humanos a una población que es altamente vulnerable”, sostiene.
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El Gobierno debe dejar de tener la política migratoria como una visión de gobierno y más bien enraizarla en una política de Estado que tiene que avanzar en normatividad
Según datos de Migración, en el país hay 2’508.242 migrantes venezolanos con vocación de permanencia, un poco más del total de habitantes que tiene Cali. A la fecha se han aprobado 1’748.945 PPT; se han entregado 1’611.317 e impreso 1’672.968. Pero aún están en trámite 609.171.
Kuja Kuja, entidad internacional que le hace seguimiento a la situación de los migrantes en el país, ha realizado desde 2021 tres estudios. Uno de ellos señala que para octubre del 2022, más del 51 por ciento de los encuestados tenían demoras por más de tres meses para obtener el PPT, cifra que para febrero del 2023 fue de 64,3 por ciento, lo cual indica no solo la persistencia del inconveniente, sino su profundización.
Manifiestan que esta situación genera desconfianza en el proceso de integración y que, además, la demora con la entrega deja en un limbo jurídico a los migrantes, quienes “empiezan a desprenderse de servicios humanitarios” y enfrentan dificultades para obtener los beneficios de los servicios estatales.
Héctor, fisioterapeuta venezolano, dice que lleva tres intentos fallidos para obtener el documento y que lo único que le dicen es que deben esperar. Ya completa cuatro meses sin EPS, pues el papel es clave para acceder al servicio. “Da tristeza porque entré hace seis años con todos los papeles y ahora soy indocumentado. Estaba aportando a EPS, pero ahora no me reciben”, dice.
Para solucionar la dificultad, que es responsabilidad directa de Migración Colombia en cabeza de Fernando García, la autoridad estableció una solución temporal. Se trata del ‘Certificado de Trámite’, un documento válido hasta el 30 de abril. Les permite a los migrantes acceder a la oferta de servicios del Estado y permanecer, transportarse e ingresar y salir del territorio colombiano temporalmente.

Fernando García, director de Migración Colombia.
García, en diálogo con este diario, menciona que las demoras se han presentado porque “la actual administración recibió el proceso del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos con una serie de graves dificultades de carácter tecnológico que generaron y generan aún demoras en la respuesta a los migrantes”.
Dice además que la vigencia hasta el 30 de abril del certificado se prorrogará en una fecha que se comunicará la otra semana. “Igual se continuarán entregando. Además, se realizarán jornadas masivas en las principales ciudades del país donde los migrantes podrán culminar el proceso en una sola jornada”, expuso. También reconoció que la página web presenta problemas y que por eso el equipo técnico ya está trabajando para optimizar los procesos.
¿La migración de venezolanos dejó de ser importante para Colombia?
Estos problemas logísticos, que han dejado en un limbo jurídico a miles de migrantes, se presentan en medio de un cambio de discurso y acciones del Gobierno frente a la migración. Analistas concuerdan en que al tema “se le ha bajado el tono” desde que se restablecieron las relaciones con Venezuela.
Héctor, por ejemplo, se queja de que la normalización no ha logrado que nadie le ayude en Colombia a obtener servicios que requiere de su país, como la expedición de pasaportes.
Olga Marina Sierra, docente del Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera, considera que el Gobierno ha estado centrado en arreglar la relación bilateral y “en algún momento hablarán los dos presidentes sobre la migración de venezolanos en Colombia. Por ahora se ven puntadas a temas grandes”.
Y es que en los cuatro encuentros que ya llevan el presidente Petro y Maduro, el tema de la migración poco se ha tratado. Aunque en el último del pasado jueves sí hablaron de la necesidad de abrir consulados. Según supo EL TIEMPO, el problema para abrirlos ha sido de recursos y logística, pero la idea es poner en marcha por lo menos cuatro el próximo mes.
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Los mandatarios de Colombia y Venezuela se reunieron en Caracas el pasado 23 de marzo.
Presidencia de la República
Ahora bien, una decisión que ha afectado la atención tiene que ver con el paso de la gerencia de fronteras (que se creó en la administración del expresidente Iván Duque) de la Presidencia a la Cancillería.
El vicecanciller Francisco Coy, en diálogo con este diario, explica que ha adelantado una discusión interna para organizar el Estado tras ese movimiento: “Estamos haciendo una reforma para crear un grupo interno de trabajo que se encargue de articular la atención. En una primera etapa esto seguiría siendo financiado por cooperación internacional y luego sería parte de presupuesto”.
Igualmente, menciona que el país nunca había recibido un número tan grande de migrantes y que por eso se están reacomodando para brindarles la atención adecuada. “Si hay ruido y dificultades es porque estamos redefiniendo los roles. Tenemos que reconocer que todavía no lo tenemos completamente claro”, puntualiza.

Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco José Coy Granados.
También agregó que sí se han presentado cambios en el enfoque de atención porque han visto cambios en los flujos migratorios. “Hasta finales del 2021 vimos que la población salía de Venezuela, alguna se quedaba en Colombia y otros se iban hacia el sur. El año pasado eso cambió. Parte de la población que estaba quedándose empezó a moverse hacia el norte. La respuesta ahí es diferente”, sostiene.
Fuentes consultadas por EL TIEMPO, por otro lado, han manifestado sus preocupaciones respecto a dicho grupo que están armando.
“Después de ser prácticamente una alta consejería a cargo del Presidente, ahora será un grupo reducido a su mínima expresión. El liderazgo dependerá de una dirección de asuntos consulares, tres o cuatro niveles abajo del ministro”, aseguran.
Asimismo han expuesto su preocupación por la supuesta injerencia que estaría teniendo García en la Cancillería. Coy le mencionó a este diario que la función de Migración es meramente operativa, y que la responsabilidad de la definición de la política sí es del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Nada más allá”, dijo.
Pese a esto, el director de Migración –muy cercano al presidente Petro– es señalado de tener una propuesta enfocada en colaborar con el régimen de Maduro para definir la atención a migrantes que, recuerdan expertos, en su mayoría salieron de su país por la crisis venezolana.
Y es que desde Venezuela insisten en que el fenómeno se ha dado por culpa del bloqueo económico de EE. UU. Colombia, si bien no comparte esa posición, según le ha dicho la Cancillería a este diario, sí ha hecho un llamado a la comunidad internacional para ayudar a Venezuela.

Álvaro Leyva durante la charla en Bruselas, Bélgica.
El canciller Álvaro Leyva así lo mencionó en Bruselas. “Consideramos esencial que las acciones de cooperación contemplen llevar a cabo proyectos de apoyo en Venezuela articulados con su Gobierno para lograr el fortalecimiento de las capacidades institucionales venezolanas y así apoyen complementariamente las acciones de las instituciones de la hermana república”, dijo Leyva.
Allí también insistió en la necesidad de tratar el tema migratorio como una responsabilidad compartida entre países, un enfoque distinto al que Colombia venía liderando al ser receptor de más del 40 por ciento de la diáspora venezolana.
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Esa posición evidencia un giro que analiza David Castrillón, docente de la Universidad Externado. “En años pasados Colombia, al tomar el rol de ser el abanderado en el tema migratorio, asumió responsabilidades más allá de nuestras capacidades. Lo que se ha tratado de hacer es pasar la responsabilidad del nivel bilateral al multilateral”, explica.
El Ministro, por su parte, enfatizó en el compromiso del Gobierno de contribuir al “abordaje holístico y realista de los flujos migratorios en nuestro continente” por medio de la organización, de la mano de México, de una “Cumbre Regional sobre Migración para fomentar ese diálogo regional, sin exclusiones, que lleve a acuerdos y compromisos conjuntos”, la cual se realizaría durante el segundo semestre del año.
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Incluso insistió en que es necesario hacer un nuevo censo para determinar cuántos migrantes hay en la región. Ese discurso, dice Robayo, ha generado preocupaciones porque “el fenómeno no puede ser puesto en duda desde Colombia, ya que la visibilización ayuda a que los cooperantes internacionales pongan sus ojos acá”.
Desde el Observatorio le hacen el llamado al Gobierno para que socialice una política concreta de atención y aclare si esa corresponsabilidad que se promueve es para gestionar en común el fenómeno o “para echar culpas y sacar la migración de los territorios”.
Mientras eso sucede, los migrantes seguirán a la espera de que los procesos se agilicen para poder salir del limbo jurídico en el que se encuentran algunos y así continuar construyendo una vida en nuestro país.
Aura Saavedra Álvarez
REDACCIÓN POLÍTICA
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