Después de que hace siete meses (en enero del 2022) ratificara las medidas de control contra la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, la Superintendencia de Sociedades notificó, este martes 9 de agosto, que exoneró del grado de supervisión de control a la compañía.
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Con esta decisión, Monómeros pasará al grado de supervisión de vigilancia, con lo que “la Supersociedades queda facultada para ejercer sobre la empresa lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 222 de 1995 y demás normas que los complementen o los modifiquen”.
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Asimismo, la entidad de control aseguró que los administradores de Monómeros deberán cumplir los deberes establecidos en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995.
Entre esos deberes están:
– Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.
– Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias.
– Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal.
– Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad.
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Monómeros celebró la decisión y afirmó que “la veracidad, transparencia y cumplimiento de nuestros procesos nos dan un nuevo logro. Estamos agradecidos por la confianza depositada en nosotros“.
El inicio de Monómeros
La empresa nació en diciembre de 1969 con una participación inicial de entidades como el Instituto de Fomento Industrial, Ecopetrol y el Instituto Venezolano de Petroquímica (hoy Pequiven).
En 2006, el Estado colombiano decide vender su participación de 47,24 % al socio mayoritario Pequiven por el monto de $125.504 millones. A finales del mismo año, la estatal venezolana adquirió las acciones que poseía un inversor neerlandés y tomó el 100 % de la firma agroindustrial.
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Con una participación del 40 % del mercado nacional de fertilizantes y una red de más de 800.000 agricultores, Monómeros es catalogada “una pieza clave” de la seguridad alimentaria de Colombia.
En 2019, el Estado colombiano reconoció el interinato de Juan Guaidó, lo que le permitió al líder opositor nombrar una junta directiva ‘ad hoc’ encabezada por funcionarios de los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, el llamado G4 de la oposición venezolana.
La nueva administración comenzó a denunciar irregularidades de la gerencia chavista, tales como la suscripción de contratos sin la debida licitación y la entrega de dividendos millonarios pese a estar registrando pérdidas.
Ese mismo, los activos presentaron una reducción anual de 10,3 %, acumulando así dos años consecutivos en pérdidas. Y se evidenció una reducción de 22,6 % en sus pasivos.
A pesar de la pandemia, los números de la compañía revirtieron su tendencia negativa y, en 2020, reportó ingresos por $1 billón y un crecimiento de 224 % en su utilidad neta.
Entre las razones señaladas por la Supersociedades para la toma de control que realizó estaban la imposibilidad de acceder al mercado de divisas como consecuencia de haber estado enlistada en la OFAC.
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