La Personería de Bogotá encontró presuntas irregularidades en los contratos de 115 parques en distintas localidades de la ciudad.
En total, fueron 21 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, seis fiscales y uno penal en la contratación, ejecución de obras de mantenimiento y dotación de estos lugares.
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De acuerdo con el informe de la entidad, las irregularidades en las alcaldías locales se presentarían desde la etapa precontractual, hasta la liquidación de los contratos, por falta de planeación en la contratación e intervención de parques.
“Las anomalías tienen que ver con la ausencia de estudio previo de su estado, el pago por obras o elementos que aún no habían sido instalados y por dotaciones diferentes a las pactadas, así como la no publicación de trámites esenciales del proceso de contratación en Secop II, vulnerando el principio de publicidad y transparencia”, dice el comunicado de la Personería.
Las anomalías tienen que ver con la ausencia de estudio previo de su estado, el pago por obras o elementos que aún no habían sido instalados
En el texto se señala que en algunas localidades cambiaron la intervención de unos parques establecidos en el contrato por otros, al parecer, sin ninguna justificación. Otros, dice el comunicado, incluyeron como imprevisto el cambio de un juego para el parque, presuntamente por uno más costoso que cumplía la misma función, además de dejar un sinnúmero de parques sin intervenir o con obras parciales.
En Bosa, por ejemplo, la Personería encontró que fue declarado el incumplimiento parcial a dos contratistas. La cláusula penal establecía un pago del 10 % del valor del contrato, pero solo le cobraron el 1 % al interventor y el 2,04 % al contratista. Uno debía pagar $57.5 millones aproximadamente y solo le exigieron $5.7 millones, y el otro unos $569 millones y le cobraron únicamente $116 millones.
“Esto representa un presunto detrimento patrimonial superior a los $458 millones, al favorecer al contratista”, señaló la entidad.
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La Personería señaló que en las localidades de Bogotá hay 3.493 parques vecinales y 1.664 parques de bolsillo aproximadamente, de los cuales 265 no se encuentran certificados o están en revisión por no cumplir con las características y requisitos.
“Los 851 parques intervenidos en los últimos seis años por las alcaldías locales, representan el 16.5 % del total, lo que indica la urgencia de intervenir centenares
de estos escenarios, que limitan la posibilidad de que los ciudadanos tengan entornos en buen estado para la práctica física, deportiva y cultural”, agregó.
La Personería señaló que en las localidades de Bogotá hay 3.493 parques vecinales.
Santiago Buenaventura. EL TIEMPO
Localidades con presuntas irregularidades
La primera y frecuente irregularidad que encontró la Personería fue la falta de planeación al suscribir contratos y ejecutarlos sin realizar estudios previos que establecieran su estado o su necesidad de mejora y dotación.
Por lo tanto, en varios contratos de las alcaldías locales no se detalla los elementos requeridos, especificaciones técnicas, ni cantidades de obra.
Esa supuesta falta de estudios generó que, en Ciudad Bolívar, “contrataran la intervención de 42 parques y solo realizaron obras en 32, dado que nueve parques no tenían infraestructura a intervenir, había invasión de espacio público o no tenían
certificación del DADEP”, dijo la entidad.
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Existían unidades que podrían cumplir igual función por un menor costo
Asimismo, en Rafael Uribe Uribe la Personería afirmó que contemplaron arreglar 25 y únicamente alcanzó para 15. En San Cristóbal, el interventor encontró 3 parques que no se podían intervenir como se pactó porque no existían o no tenían mobiliario. En Bosa había un listado de 25 parques, pero el presupuesto alcanzaba para 21.
En Barrios Unidos establecieron la necesidad de mantenimiento y dotación de 14 parques, pero el informe de interventoría relaciona 12, luego priorizaron solo 6 y
finalmente hacen una adición al contrato para intervenir 5 más. En otros casos, la Personería explicó que terminaban incluyendo el arreglo a otros parques diferentes a los establecidos en el contrato, sin ningún sustento.
Algunas localidades, según la interventoría, pagaron por obras o elementos que aún no habían sido instalados. En Bosa se pagó por desinstalar dos columpios de madera, cuando en realidad sólo había uno.
La mayoría de los contratos de las alcaldías locales tuvieron varias suspensiones.
Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD.
En esta misa localidad, “autorizaron y pagaron algunos equipos, de forma irregular, a través de la figura de obras o actividades no previstas, que no estaban en el contrato, ni eran necesarias para cumplir su objeto. Además, presuntamente, existían unidades que podrían cumplir igual función por un menor costo. Eso ocurrió en siete parques. Dicha situación se presentó también en otras localidades”, dijo el comunicado.
La Personería puso de ejemplo el parque de Villas de Vizcaya, donde se estableció un presupuesto para su intervención de 613’776.651 pesos y se ejecutaron 600’226.492 pesos. Allí se realizó un pago no previsto de $168.664.621 pesos, por la instalación de dos módulos de juegos no contemplados en el contrato, cuando al aparecer, existen diversas unidades que pueden cumplir la función de los instalados a un costo inferior.
Por otro lado, en Ciudad Bolívar se encontró en un contrato que 14 documentos fundamentales del proceso y ejecución no estaban en Secop II, ni otros 15 del contrato de la interventoría.
“En varias localidades no publicaron trámites esenciales del proceso en el Secop II, incluso en una de ellas el pliego de condiciones, vulnerando el principio de transparencia y publicidad. Algunos contratos revisados en la plataforma registran en ejecución, pero al realizar la revisión en las alcaldías locales aparecen como terminados”, dijo la entidad.
Por último, afirmó que la mayoría de los contratos de las alcaldías locales tuvieron varias suspensiones, reinicios, prórrogas y algunos, adiciones. Sin embargo, en unos casos no se encontraron planes de contingencia para cumplir el cronograma de actividades, ni multas a los contratistas por los incumplimientos.
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Lo que dice la Secretaría de Gobierno
Ante la regulación de las contrataciones que hacen las alcaldías locales, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez Ángel, le señaló a EL TIEMPO que esta entidad ha establecido auditorias en todas las localidades a contratos específicos.
“Hemos hecho más de 50 auditorías, y todas ellas terminan de alguna manera en la Fiscalía, en la Procuraduría o en la Personería“, indicó.
Jiménez agregó que también se creó un sistema de antisoborno y alertas tempranas para identificar las señales de prácticas anticompetitivas. “Nosotros hemos puesto en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio dos procesos en donde nosotros tenemos información, evidencia, que puede haber carterización”.
El funcionario añadió que, para evitar problemas en la contratación, la Secretaría ha promovido “los presupuestos participativos. Porque son los mismos ciudadanos los que proponen las iniciativas, y son ellos los que las contratan, las ejecutan y son veedores. (…) El riesgo de una posible terminación del contrato es mínimo”.
Por último, dijo que la entidad ha promovido que los contratos locales sean públicos, así como también se informe cómo va su ejecución.
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REDACCIÓN BOGOTÁ
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