Este jueves, el Gobierno Nacional estaría firmando el contrato por 3,2 billones de pesos para la APP del Canal del Dique, megaproyecto que ha sido esperado desde hace más de 50 años por los habitantes de las poblaciones asentadas a las orillas de este brazo artificial, de 115 kilómetros, del río Magdalena que desemboca en la bahía de Cartagena.
La decisión del Gobierno ha generado posiciones encontradas entre las comunidades de los 19 municipios de esta zona, organizaciones cívicas y comunitarias, alcaldes, diputados, entre otros.
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Por un lado, están los que aseguran que se ha esperado demasiado para aguantar más el proyecto que solucionaría la amenaza de desbordamientos e inundaciones en que viven estos pueblos.
“No podemos seguir dilatando una obra tan prioritaria para los pueblos del sur del Atlántico”, dice el alcalde de Campo de la Cruz, Richard Gómez, población que quedó bajo el agua tras la ruptura del Canal del Dique en el 2010.
Pero también están los que piensan que este proyecto debe ser revisado y adjudicado por el gobierno entrante de Gustavo Petro, y aseguran que en la socialización un gran número de comunidades que serán afectadas por la obra no fueron tenidas en cuenta.
“Solicito a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la suspensión del proceso y que la decisión quede en manos del gobierno entrante en cabeza de @petrogustavo para garantizar la debida información y el respeto de derechos fundamentales a comunidades y víctimas del conflicto”, subraya en un trino el diputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente electo.
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Sobre las víctimas del conflicto que toca el diputado es uno de los argumentos más sensibles que exponen quienes piden que aún no se inicien los trabajos de dragado en el Canal del Dique, sin que se establezcan protocolos para la exhumación de los cuerpos de las personas que fueron desaparecidas y arrojadas allí por los paramilitares.
La fosa común más grande del país
Los habitantes de Santa Lucía tratan de contener las aguas del Canal del Dique con barreras de sacos.
Este ‘río de muerte’, como fue llamado por la Comisión de la Verdad, merece sanar
El historiador e investigador Jasmar Pájaro, miembro del colectivo de Abogados del Karibe (Abokar), no duda en señalar que el Canal del Dique es la fosa común más grande del país, a causa del conflicto armado 1ue produjo la muerte de cerca 20 mil personas entre 1997 y 2005.
“Este ‘río de muerte’, como fue llamado por la Comisión de la Verdad, merece sanar a partir de la justicia al territorio y de la búsqueda incansable de las personas desaparecidas, aplicando el protocolo forense que recomienda la JEP”, subraya un documento elaborado Abokar, en que se hace reparos al proyecto de la APP del Canal del Dique para que se revise.
Pájaro asegura en diálogo con víctimas y victimarios, pescadores y campesinos establecieron esta cantidad de cuerpos sin vidas que eran arrojados a caños y estos a su vez arrastrados hasta el Canal del Dique.
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“Hay versiones de pescadores que aseguran que en un día encontraban hasta ocho cadáveres”.
La Ruta del Cimarronaje, colectivo integrado por unas 200 organizaciones sociales que trabajan con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, reportó que en la región del Canal del Dique hay unos 25 puntos señalados como botaderos de cuerpos por parte de los grupos paramilitares.
Algunos de estos casos ha sido confirmados por Úber Banquez Martínez, conocido como Juancho Dique, responsable de unos 600 crímenes, quien hizo parte del Frente Canal del Dique, que tuvo presencia entre los límites de Bolívar, Sucre, Atlántico y Cartagena.
Cadáveres cercenados por los grupos paramilitares eran arrojados en los cuerpos de agua que conforman la región del Canal del Dique, por lo que algunos campesinos le contaron a los investigadores de Justicia y Paz que eran tantos los cuerpos que las aves carroñeras solo comían restos humanos.
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Era tanto el estupor que ya las comunidades no consumían agua porque temían que estuviera contaminada.
El colectivo solicitó a la justicia colombiana una medida cautelar para que se inicie el proceso de exhumación para buscar los cuerpos de las personas desaparecidas en toda el área del Canal del Dique.
Denuncian exclusión
Canal del Dique a la altura de Soplaviento (Bolívar)
John Montaño / EL TIEMPO
La participación de las organizaciones fue insuficiente, asegura desde Abokar, al sostener que solo se hizo consulta previa a 16 comunidades, entre ella dos cabildos indígenas.
Pájaro enfatiza que existen más 45 consejos comunitarios relacionados en toda la ecoregión, y cerca 2 millones de personas que habitan el Canal del Dique, de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre, conformado por 19 municipios
La obra tiene entre sus fines loables la navegabilidad, el control de tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas, la regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique, control de inundaciones y control de niveles de agua en el canal.
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Así como el control de la intrusión salina, restauración de los ecosistemas PNNCR y San Bernardo, de rondas de ciénagas, caños y Canal del Dique, y el aseguramiento del recurso hídrico del canal para agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios.
“Estos propósitos, en los documentos técnicos de soporte, tienen serias fallas, con ausencia de información de la línea base y de los impactos reales. El proyecto pone en mayor riesgo, así como está diseñado la existencia de las comunidades negras, indígenas, campesinas y de pescadores”, sostiene el documento de Abokar.
Pájaro enfatiza en que han visto con preocupación que no se han atendido todas las recomendaciones de la Procuraduría Ambiental y Agraria.
“Es contradictoria la tesis de intentar salvar la Bahía de Cartagena, cuando se estaría dañando otros ecosistemas marinos en toda la zona del Golfo de Morrosquillo, y degradando el Parque Natural El Corchal el Mono Hernández, así como Parques Naturales de Isla del Rosario, y San Bernardo”, subraya el investigador.
LEONARDO HERRERA DELGANS
CORRESPONSAL EL TIEMPO – BARRANQUILLA
Twitter: @leoher69
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