La hoja de ruta para los próximos cuatro años del gobierno de Gustavo Petro quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, un documento de 321 páginas que fue radicado ayer en el Congreso después de varios meses de elaboración en los que la ciudadanía participó gracias a los 51 diálogos regionales vinculantes que se llevaron a cabo en diferentes puntos del país.
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El Plan, que tuvo cambios hasta última hora, tiene como eje transversal la paz total y estima que el país tendrá inversiones públicas de aquí a 2026 por un valor de 1.154,8 billones de pesos. Estos saldrán en un 50 por ciento del Presupuesto General de la Nación y en un 23 por ciento del Sistema General de Participaciones.
El equipo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con Jorge Iván González a la cabeza, fue el encargado de condensar las más de 89.000 propuestas ciudadanas que llegaron desde los municipios para construir el documento denominado ‘Colombia, potencia mundial de la vida’.
“Este es el primer plan de desarrollo que coloca al territorio en el centro. Hemos hecho entre todos esta apuesta. Pasamos de una democracia participativa a una democracia representativa”, señaló González en la radicación del proyecto.
Lo que sigue será que las comisiones económicas conjuntas del Congreso discutan el articulado, el texto pasaría en abril a plenarias y el plazo máximo para aprobarlo sería hasta el 7 de mayo.
Lo que trae
El plan contempla varias reformas, como la del sistema de protección social o la rural; le da facultades extraordinarias al Presidente para crear o fusionar entidades; y hasta habla de crear un registro universal de ingresos o un Consejo Nacional de la Economía Popular.
“Hay que impulsar el crédito que sale de la economía popular, que es la de San Victorino, la de la señora microempresaria, la del rebusque…”, aseguró el presidente Gustavo Petro.
Uno de los cambios más importantes que trae la hoja de ruta del gobierno Petro es la creación de un nuevo sistema de transferencias para apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Este sería coordinado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y se dividiría en transferencias monetarias –condicionadas y no condicionadas– y transferencias en especie. Para este último se crearía el programa ‘Hambre cero’, a través del cual se entregarían los recursos en especie a las personas para garantizar su alimentación.
Igualmente, el Plan establece la creación del Registro Universal de Ingresos (RUI), que estará administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.
El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, también liderará el diseño e implementación de un plan de formalización del empleo público que contribuya a que los órganos, organismos y entidades de la Administración Pública provean todos los cargos de las plantas de personal, la creación de nuevas formas de vinculación con el Estado y se haga un uso racional de la contratación por prestación de servicios.
Nuevas facultades
El documento también especifica que le daría facultades extraordinarias al Presidente por seis meses para crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la Rama Ejecutiva; realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios; o regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos.
El Plan también habla de crear el Consejo Nacional de Economías Culturales y Creativas, el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales o el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado.
El Gobierno de Gustavo Petro radica en el Congreso de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
César Melgarejo/El Tiempo
Reforma rural
Con el objetivo de ordenar el territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, se habla de la reforma rural integral, de proteger y conservar los ecosistemas o de evitar la expansión urbana descontrolada en las áreas metropolitanas y ciudades. La idea será reducir el área geográfica de los conflictos del suelo, formalizar los títulos que otorgan el acceso a tierras y aumentar el área actualizada de catastro multipropósito.
En este último punto se habla de crear e implementar mecanismos para la gestión catastral multipropósito en territorios de comunidades étnicas, con el fin de modificar, adicionar o suprimir trámites, procesos, procedimientos, sistemas de información y requisitos relacionados con la prestación del servicio público de la gestión catastral conforme a un esquema diferencial regulado por el Gobierno Nacional.
Para reducir el rezago existente en los avalúos catastrales, avanzar en el desarrollo de la reforma agraria y el fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales, el avalúo catastral de todos los inmuebles del país se ajustará durante el 2023, conforme con una metodología y procedimiento que para el efecto desarrollará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).
Igualmente, se habla de tener mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras para el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz.
Acción climática
La transformación apuntará hacia actividades productivas diversificadas que aprovechen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos humanos y aporten a la construcción de resiliencia ante los choques climáticos.
Por ejemplo, se implementará el plan de contención de la deforestación en los principales núcleos activos de deforestación, con énfasis en la Amazonia, y considerando en los municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), para transformarlos en núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad.
En el documento también se dice que se acelerará la generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica, solar, geotérmica, biomasa y otras no convencionales como estrategia para democratizar la generación de la energía e incentivar la reducción de tarifas de energía a través del aprovechamiento de energías verdes.
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