Primera línea: los costos que asumen por violencia en paro – Bogotá

“Le solicito al Fiscal General que libere a nuestra juventud”. Estas fueron las palabras con las que el presidente Gustavo Petro se refirió a la detención de los jóvenes, presuntamente integrantes de la autodenominada primera línea, en su primer discurso como mandatario electo.

Desde entonces se ha generado toda una polémica por la posibilidad que el primer mandatario abrió para tramitar una acción que permita la liberación de los jóvenes señalados por la Fiscalía de conductas como terrorismo, vandalismo, concierto para delinquir, secuestro, fabricación y porte ilegal de armas; violencia contra servidor público e incitación a la violencia y los actos terroristas de terceros en el marco del paro nacional de 2021.

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En el caso particular de Bogotá, son 23 jóvenes señalados de conformar un “grupo extremista radical”, como lo dijo el fiscal del caso, en las localidades de Engativá, Suba, Kennedy y Usme; que en el marco de la protesta social habrían cometido actos ilícitos que desataron el caos en la capital del país. Pese a esto, aunque ninguno cuenta todavía con un fallo condenatorio, todos están recluidos en centros carcelarios, a la espera de una decisión judicial.

Sin embargo, el panorama jurídico de todos los jóvenes no es el mismo. Señalados como alias el Diablo, Nena, Sailor Moon y alias 19 lo tienen más complicado debido a los antecedentes judiciales que reposan sobre sus expedientes. Pero también hay casos como el de Karen Zulay Villa Herrera, una joven de 19 años que fue detenida en Engativá y señalada como una de las jefes del grupo de manifestantes. Según su madre, Milena Herrera, ella es un falso positivo judicial.

Aunque, según lo que establece la ley, los actos que habrían sido cometidos por los jóvenes están enmarcados en delitos políticos en medio de la protesta social y hay antecedentes jurídicos que podrían justificar la idea el presidente, lo cierto es que en Bogotá hubo daños por más de 18.000 millones de pesos, un hombre que murió luego ser degollado por una guaya instalada en medio de una calle del portal Américas, en Kennedy, y denuncias de secuestro y tortura en contra de miembros de la Fuerza Pública.

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La alcaldesa Claudia López expresó su inconformidad ante la idea del mandatario. Para ella, “el que comete un delito tiene que pagar por él, ese es el fundamento de una democracia”. Además, añadió que “cada uno debe hacer su trabajo y el de los jueces no es dar excusas, es dar sentencias. Si hay pruebas contra estas personas, se deben judicializar y responder”, anotó.

Sin embargo, hay otras voces que explican que una vía para lograr esa liberación serían mediante la figura de la amnistía. Por esa razón, EL TIEMPO consultó con expertos cuáles serían las posibilidades reales de que un proyecto para otorgar amnistías a los jóvenes de la primera línea tanto en Bogotá como en el resto del país pudiera tener luz verde.

Para Juan Camilo Córdoba, abogado penalista y docente de derecho penal de la Universidad Javeriana, la propuesta jurídicamente es viable, pues en Colombia existen antecedentes de este tipo como el de la Ley 1820 de 2016, que les concedió indulto a los procesados por protesta social en el marco del conflicto armado.

No obstante, explicó el experto que en este caso no habría lugar para un indulto, pues no hay condenas fijadas en los casos y para poder tramitar una amnistía es necesaria la aprobación del proyecto por la mayoría de dos tercios de los miembros de cada Cámara del Congreso de la República. Para el jurista, ahí es donde estaría lo complicado en el proceso.

Sobre la iniciativa anunciada por el presidente Petro para buscar una forma de liberar a las personas detenidas en el marco de la protesta social, el ministro de Justicia dijo que no ha hablado con el mandatario al respecto, pero indicó que lo que se logre, respetará la división de poderes.

“Sin haber hablado con él, puedo decir que respeto absoluto a las decisiones del poder judicial. Esto es una democracia con división de poderes y pues ojalá que esa privación de la libertad cesaran pero dentro del respeto a las decisiones del poder judicial”, agregó.

Casos diferenciados

De los 23 procesados en Bogotá, hay dos historias particulares con matices jurídicos que podrían complicar la idea del Presidente de ofrecerles amnistías a los imputados. En el primer caso, alias 19 que se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, cuenta con un prontuario delictivo que pasa por el hurto, fabricación, porte y tenencia de armas y estupefacientes, inasistencia alimentaria y concierto para delinquir.

A alias 19, los investigadores le pudieron probar su participación en los hechos terroristas de 2021, que habría liderado, y luego, en enero de 2022, se pudo probar que desde la cárcel este hombre estaría alentando a los demás miembros de la primera línea a cometer desmanes en varios puntos de la ciudad mediante transmisiones por redes sociales y comunicaciones telefónicas que establecía usando dispositivos ilegales que escondía dentro de la prisión.

En este caso, para los abogados, el camino jurídico que queda es muy complicado, pues “hay delitos que se salen del contexto de la protesta social y van directamente dirigidos hacia el terrorismo y la instigación. Ahí no hay perdón que valga”.

Por otro lado, el penalista Francisco Bernate explicó que la situación es “descabellada”, toda vez que los señalados están detenidos por solicitud de la Fiscalía, que lo pidió ante un juez de la República. “Esta decisión significaría una intromisión gravísima en las decisiones del Poder Judicial”.

Ahora bien, Bernate recordó que no todos los jóvenes están imputados por vandalismo, sino por delitos más graves y diferenciados, lo que “hace más complicado poder determinar a quien se puede amnistiar y a quien no, teniendo en cuenta que la amnistía se da en grupo. La otra salida es despenalizar, y ahí acogería a todos, sin importar que fuera protesta social o no”, apuntó.

En esa misma línea, el abogado constitucionalista de la Universidad Manuela Beltrán manifestó que hay otro factor que complica el poder establecer la amnistía para algunos de los procesados. “Las amnistías e indultos no se aplican para delitos que atenten contra los derechos humanos o que sean de lesa humanidad, como el terrorismo, secuestro y extorsión, que son delitos que prohíben leyes de olvido y perdón”. En este caso, 18 de los jóvenes están señalados de terrorismo o delitos conexos de desembocan en esa conducta.

Un caso complicado

Según la denuncia de Milena Herrera, madre de Karen Villa Herrera, una de las jóvenes capturadas en Engativá, el caso de su hija ha estado lleno de vacíos e irregularidades.
“Durante el caso han cambiado varías veces los cargos para mi hija. En primer momento dijeron que era una de las líderes y que podían probar, con un infiltrado, que ella estaba atacando a la Fuerza Pública con bombas molotov en el centro comercial Los Héroes durante el paro del 28 de mayo de 2021; pero nunca dijeron cómo habían determinado esto”, señaló.

Por su lado, el abogado que lleva el caso, Iván Cancino, sostuvo: “A Karen primero la acusaron de ser una de las líderes del grupo; luego, de que hacía parte de la brigada médica, y luego, que era una más que había participado en esas manifestaciones. La Fiscalía se ha equivocado en este caso y no lo reconoce”.

Por otro lado, durante las audiencias realizadas en abril de 2022, en las que enviaron a prisión a Karen y otros 10 integrantes de la primera línea, se expusieron unas grabaciones de voz que, según el ente acusador, pertenecían a la joven. No obstante, Cancino dijo que luego de un cotejo de voz forense se habría establecido que esa voz no correspondía a la de Karen. Sin embargo, la ley falló en su contra y ella fue enviada a la cárcel. Tiempo después un juez de control de garantías le negó la prisión domiciliaria.

Conclusiones

Para los penalistas y constitucionalistas consultados por este diario, la petición presidencial, aunque jurídicamente viable, no es fácil de llevar a cabo porque aún hay muchas situaciones por resolver y probar en los casos de la primera línea Bogotá. Para Rafael Báez, penalista de la Universidad Manuela Beltrán la línea que bordea la clasificación de delitos políticos y delitos comunes respecto a las actuaciones de en el marco del paro nacional es muy delgada y muchos de esos señalamientos tienen que ver con violaciones de los derechos humanos que no están contempladas en las leyes de perdón.

Por otro lado, los penalistas advierten que esta decisión debe pasar por el Congreso de la República y generar una transformación profunda en la ley. Hay que recordar que ante la petición del presidente, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló: “Si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso de que cambie la ley, y no al Fiscal General”.

REDACCIÓN BOGOTÁ