Ptar Salitre: Claudia López anuncia medidas por planta de tratamiento – Bogotá


La alcaldesa Claudia López advierte que la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Salitre no se encuentra en condiciones para operar y que la descontaminación del río Bogotá está «en riesgo».

Las afirmaciones las hizo este martes la mandataria en una rueda de prensa en la que exigió al consorcio constructor que entregue la planta «sin deficiencias en su operación, conforme a lo contratado».

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La planta Ptar Salitre, cuyo costo asciende a 1,5 billones de pesos, fue contratada en 2017 por la CAR con el Concorsio Expansión Ptar Salitre (CEPS). Sin embargo, como lo publicó EL TIEMPO la semana pasada, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) viene señalando desde 2021 que la plan no está en condiciones de operar. 

Estas advertencias de la EAAB han aumentado a menos de dos meses de que termine el contrato de construcción de la planta. El vencimiento del plazo está programado para septiembre próximo. De hecho, esta empresa debió, por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, empezar a operar la Ptar, a pesar de que la CAR no la ha recibido.

El mismo Tribunal, hace una semana, ordenó también que se le pagara al Consorcio Expansión Ptar Salitre (CEPS) los recursos que está reclamando y que, de acuerdo con la CAR Cundinamarca, aún no se puede y son menores a los solicitados. CEPS exige el pago de unos 150.000 millones de pesos, pero para la corporación ambiental ascienden a apenas 117.000 millones de pesos.

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En la rueda de prensa, la Alcaldía reiteró que no solamente está «en riesgo la descontaminación del río Bogotá», sino también «la plata de los bogotanos». «Los recursos de todos los bogotanos están en riesgo. La planta de tratamiento ha sido pagada casi completamente por los bogotanos con su contribución por el impuesto predial a la CAR. Si la Ptar Salitre no funciona adecuadamente,  en los próximos años los bogotanos deberán pagar para reponer lo que hoy no funciona o lo que falle en el futuro de la planta», insistió la alcaldesa.

La mandataria reiteró lo que ha venido planteando la gerente de la Empresa de Acueducto, Cristina Arango, en el sentido de que hay equipos que han presentado fallas y que no les han entregado garantías de estos ni los manuales de operación.

Según López, el 31 por ciento de los equipos están por fuera de operación o presentan fallas. Y según informe de la interventoría, 90 máquinas no están funcionando.

En el mismo sentido se refirió el director de la CAR, Luis Fernando Sanabria, en una reciente entrevista con EL TIEMPO, en la que señaló que, no obstante, eran temas que tenían solución. También señaló que se trataba de una pelea en la que ellos no estaban.

Sin embargo, el funcionario aseguró que la CAR no ha recibido la planta y que lo que hicieron fue atender la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con base en esa decisión, la EAAB empezó desde el 16 de diciembre pasado a operar la planta, no sin antes advertir los problemas y que la Ptar no se encuentra en condiciones de operar.

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«Los bogotanos pueden tener la certeza que aquí está la alcaldesa como una guardiana», dijo la mandataria, quien señaló que se va a seguir haciendo seguimiento diariamente y semanalmente. Y le dijo a la CAR que le exige que cumpla entregando una planta operando adecuadamente.

«Esta alcaldía y esta alcaldesa va a ir hasta las últimas consecuencias contra cualquier contratista que no le cumpla a los bogotanos», aseguró. Y dijo que «no hay pero que valga» y que con 52 días de anticipación del vencimiento del plazo estaba advirtiendo​ la situación de la planta y exigiendo que se cumpla con lo contratado.

«Esperamos no tener que hacer inversiones adicionales y ese es el llamado que estamos haciendo, para que se nos entregue una planta adecuada y sin deficiencias y de esa manera no se tengan que invertir más recursos de los bogotanos», aseguró la gerente del Acueducto.​

El secretario Jurídico, William Mendieta, señaló que la CAR debe exigir a los contratistas entregar la planta en condiciones adecuadas y que como contratante de la obra no está exenta de responder «en posibles acciones jurídicas por el mal manejo de los recursos que le fueron entregados» para la obra.

Mendieta recordó que la designada Minambiente, Susana Muhamad, instauró una queja disciplinaria y una denuncia penal por órdenes que dio la magistrada Nelly Villamizar «para el desembolso de 117.00 millones de pesos a los contratistas a pesar de que no se han cumplido los hitos».

«Por información que hemos obtenido por los sistemas de información de la Fiscalía y de la Rama Judicial, hemos conocido que la denuncia penal ya fue repartida y está en evaluación, y sobre la queja disciplinaria, el día de ayer pudimos comprobar que se le dio apertura a la investigación disciplinaria y está se le está solicitando a la quejosa (a la ministra) ampliar su queja el primero de agosto», aseguró el secretario Jurídico de la Alcaldía.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Editor de Bogotá
En Twitter: @guirei24


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