La que puede ser la reforma legislativa con mayor impacto sobre la vida de todos y cada uno de los colombianos en tres décadas, la del Sistema General de Salud, será también una prueba de fuego para la solidez de la bancada oficialista y para la misma unidad del gabinete del presidente Gustavo Petro.
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El texto definitivo sigue sin hacerse público. Y, sin embargo, el debate no para de crecer.
Hasta ahora, y pese a lo trascendental del asunto, solo se conocen ejes generales de la propuesta, apenas esbozados por la ministra Carolina Corcho y algunos de sus más cercanos asesores. Y esta semana, utilizando el que se ha convertido en su principal medio de comunicación con el país, Twitter, el presidente Petro recordó que en su propuesta de plan de gobierno radicada ante la Registraduría había un capítulo específico dedicado a la reforma de la salud. “Por esta reforma votaron 11’500.000 colombianos y colombianas”, escribió.
Pero incluso esas generalidades de la reforma han encendido alarmas en muchos sectores. Empezando por el propio gabinete, donde Alejandro Gaviria –exministro de Salud de los dos gobiernos de Juan Manuel Santos y actual ministro de Educación– ha sido la cara visible (pero no es la única) de la preocupación por los alcances de un proyecto que –en palabras del mismo Gaviria– “puede hacer daño, mucho daño”, en la medida en que parte de la idea de que los problemas actuales del sistema se explican casi exclusivamente por el papel central de los actores privados (las EPS).
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“La reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales”, escribió el mineducación en un documento que se filtró esta semana y que provocó temblores en la Casa de Nariño.
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El diagnóstico de la salud
En todos los sectores políticos y académicos, y entre los actores del sistema, hay coincidencia en la necesidad de una cirugía de alta complejidad que mejore problemas graves de prevención y acceso a consultas básicas en todo el territorio, así como de oferta en las regiones más apartadas y con menos desarrollo.
También, los abusos relacionados con integración vertical de algunos operadores, la crisis de la deuda de las EPS con las IPS (especialmente con los hospitales públicos), la corrupción que ha llevado a la pérdida de billones de pesos y la negación de servicios que lleva cada año a miles de personas a tener que interponer acciones de tutela para defender sus derechos a la salud y a la vida. En 2022 fueron, según la Defensoría del Pueblo, más de 108.000.
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Grave cuadro que, sin embargo, no puede leerse sin mirar las cifras totales del sistema. Una sola EPS (Sanitas) atendió en un solo año (el 2020) 9’720.000 consultas ambulatorias; 1,8 millones de consultas especializadas; 274.591 consultas de urgencias y más de 2,8 millones de consultas no presenciales.
Son muchas las voces, incluso desde la misma coalición de Gobierno, que llaman a frenar las intenciones de arrasar lo construido desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
“Quienes murieron pudiendo ser atendidos y sobrevivir no pueden ser encuestados
En estos 30 años, según datos del Ministerio de Salud, la cobertura del sistema pasó del 23 por ciento al 99,8, si bien aún hay municipios donde ese cubrimiento apenas supera el 60 por ciento. De esos casi 50 millones de personas cubiertas, 24’399.839 están en el Régimen Contributivo y 24’745.934, en el Subsidiado.
Esta semana, en plena tensión por el tema, se conocieron dos encuestas realizadas por Invamer y el Centro Nacional de Consultoría que muestran que en niveles del 70 por ciento los colombianos tienen una opinión favorable del actual sistema de salud y que solo uno de cada tres estaría dispuesto a cambiar su EPS por una entidad pública.
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Esas encuestas fueron cuestionadas por el presidente Petro en su cuenta de Twitter, donde dijo que “quienes murieron pudiendo ser atendidos y sobrevivir no pueden ser encuestados”. Paradójicamente, el Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS, revelado por el actual Gobierno en noviembre de 2022, arrojó que el 16 por ciento de usuarios de los dos regímenes considera “muy buena” su experiencia con el sistema; el 49 por ciento la calificó de “buena”. Así, la aprobación general medida por el propio Ministerio de Salud está en niveles del 65 por ciento, coincidentes con los resultados de las encuestas de Invamer y el CNC.
El pulso político
Sin duda, el trámite de este proyecto, que sería radicado después del 15 de febrero y es una de las banderas del llamado cambio, será una prueba de fuego para Petro. Aunque en líneas generales la aplanadora oficialista en el Congreso sigue sólida, si el mandatario decide jugársela por una propuesta radical podría no solo exponerse a la defección de importantes fuerzas políticas que hasta ahora lo han acompañado en el Legislativo sino al riesgo de generar una crisis en su equipo.
Allí, las voces más técnicas, las de los ministros y funcionarios de más experiencia, que son también altamente reconocidos por la opinión pública, no están de acuerdo con la estatización a rajatabla del sistema y han anotado no solo las dificultades técnicas sino los vacíos financieros y el impacto que sobre la vida de los colombianos tendría un salto semejante. Más aún sin la existencia de un plan de transición –al menos, que se conozca– que evite una situación de caos. Preocupaciones que han sido compartidas públicamente por el senador Roy Barreras, la figura más poderosa del Pacto Histórico después del mismo Petro.
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Por ahora, y aunque se ha especulado que renunciaría de presentarse la reforma que acabe con el actual sistema, Alejandro Gaviria sostiene que seguirá dando la discusión desde adentro, si bien sigue recibiendo palo de los sectores más radicales del petrismo. “Los fanáticos suponen de entrada que aquellos que no comparten sus dogmas son vendidos. No cuestionan las ideas, sospechan de las intenciones. La democracia necesita de una controversia sana, de un debate basado en el conocimiento y el apego a los hechos”, les respondió en Twitter.
Y en el Congreso también hay conatos de incendio. Hoy, las cuentas no están claras para la reforma de la salud, al contrario de lo que sucedió con las leyes que se discutieron el semestre pasado, cuando la coalición d el Pacto Histórico, la Alianza Verde, ‘la U’ y los partidos Liberal y Conservador fue avasallante.
Si bien cuando se discutió la reforma tributaria los liberales, conservadores y ‘la U’ enviaron señales de no acompañar la ley y finalmente lo hicieron, esta vez las dudas parecen más serias. Y no solo son ellos. También la Alianza Verde, que tiene una ideología más cercana a Petro, tiene reparos.
Si estos partidos decidieran desmarcarse de Petro, sumados los votos de Cambio Radical –independiente– y el Centro Democrático –oposición–, el Gobierno simplemente no podrá sacar adelante la reforma y podría tener líos con otros proyectos claves que tiene en la agenda.
El Gobierno ya se empezó a mover. El ministro del Interior, Alfonso Prada, ya inició contactos para asegurar las mayorías antes de que inicie el Congreso. Ha trascendido que ha llamado a varios congresistas liberales para tratar de alejarlos de las preocupaciones y líneas rojas expresadas por el expresidente Gaviria, uno de los padres de la Ley 100 y quien llamó al partido a no “dejar arrasar el sistema de salud”. También se viene una reunión con ‘la U’, desde donde su directora, Dilian Francisca Toro, ha expresado serias preocupaciones.
No seremos simples notarios del Gobierno
Corcho y Prada ya se reunieron con un sector de los verdes, pero no lograron despejar el apoyo total al proyecto. Esta colectividad ha sido muy crítica con el Gobierno desde el inicio de la discusión de la reforma política: básicamente se declaró enemiga de las listas cerradas, el corazón de ese proyecto.
“No seremos simples notarios del Gobierno”, aseguró la representante verde Catherine Juvinao.
Por su lado, el senador conservador Efraín Cepeda dejó claro que sus votos a favor del Gobierno no son fijos: “Ser partido de gobierno no quiere decir que estemos obligados a votar como notarios la agenda legislativa”. Este partido ya prepara una reunión para decidir su postura.
La oposición, por su parte, considera que hay que hacer mejoras en el sistema, pero está lista para denunciar las que el senador Miguel Uribe llama “unas reformas con tinte ideológico y no con evidencia técnica”.
Además de tratar de aceitar la maquinaria mayoritaria en el Congreso, es claro que Petro está jugado por meterle presión desde las calles al debate. Por eso desde hace dos semanas empezó a llamar a sus bases a salir a la plaza pública a defender las iniciativas que, sin embargo, aún su Gobierno no revela.
Para el 14 de febrero, día que desde antes la oposición había convocado a marchas contra su administración, Petro convocó a sus respaldos. Incluso, dijo que él mismo hablará desde la plaza de Bolívar para defender sus propuestas de reforma.
Esta actitud también ha generado preocupaciones por los riesgos de que desde el Ejecutivo empiece a promoverse la idea de una democracia plebiscitaria: “Uno entiende que Petro fue elegido para el cambio. Y apoyamos muchas de sus ideas. Pero afirmar que las reformas fueron aprobadas por el pueblo cuando él fue elegido, es grave distorsión del equilibrio de poderes. Y preocupante concepción del poder”, advierte el senador Humberto de la Calle.
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MATEO GARCÍA
Redacción Política
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