Luego del triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del 2022, y del posterior nombramiento tanto de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda, como de Luis Carlos Reyes en la dirección de la Dian, se han venido conociendo poco a poco los principales ejes temáticos de la reforma tributaria que se presentará al Congreso, probablemente el 8 de agosto.
Se trata de una reforma que de forma progresiva, como han ido aclarando los funcionarios designados en las afirmaciones de campaña, aspira a generar un recaudo de 50 billones de pesos para el 2026, pero cuya paradoja es que tiene, según Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, los principales ejes de la radicada en su momento por el exministro Alberto Carrasquilla, y que se debió retirar del Congreso a raíz del estallido social que generó el paro y los bloqueos en el 2021.
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Si bien una de las causas de la fallida reforma de Carrasquilla fue la idea de gravar todos los productos de la canasta familiar con IVA, pero haciéndoles una devolución a las familias más vulnerables y pobres, varios planteamientos recientes que se han hecho en impuestos a personas y a empresas estaban en el proyecto que se abortó.
Comenzando por la tributación de las empresas, Reyes le dijo recientemente a Yamid Amat que se quiere acabar con todas las exenciones al impuesto de renta de personas jurídicas, bajando al mismo tiempo la tarifa, de tal manera que el 95 por ciento de las sociedades, que no son de tamaño grande, vean reducido el valor que pagan en impuestos.
En este aspecto, la propuesta que radicó el exministro Carrasquilla en el Congreso buscaba, según la documentación que se radicó en su momento, bajar el impuesto de renta empresarial, con una tarifa marginal a partir de utilidad de 500 millones de pesos, que se iniciaba en 24 por ciento para las empresas pequeñas y en 30 por ciento para las medianas y grandes, frente a una tarifa nominal del 35 por ciento que hay actualmente.
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Era lo que nos pedía la gente de izquierda, que quitáramos las exenciones a megainversiones
Y también contemplaba la eliminación de rentas exentas, deducciones, descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir de 2023, respetando los derechos adquiridos.
Según Londoño, para ello el gobierno saliente quiso actuar en dos frentes. El primero, quitar la categoría de bienes exentos en el IVA, lo que eliminaba la posibilidad que tienen hoy las empresas de descontar, del impuesto de renta, los pagos de IVA que hacen en los productos y artículos que compran para operar. “Esto solo les ayuda a las grandes empresas, pero en su momento uno de los gremios que más se opusieron fue el de los agricultores”, añadió.
Y el segundo punto que planteó Carrasquilla fue eliminar tarifas preferenciales como la de los hoteles, y que hoy es del 9 por ciento si se construyen nuevos hoteles o se hacen en remodelaciones, y que es de 10 años si están ubicados en municipios medianos y por 20 años para los que se ubican en poblaciones pequeñas.
“Eso también está para las nuevas inversiones en el sector agrícola, pero eso no le da recaudo. Era lo que nos pedía la gente de izquierda, que quitáramos las exenciones a megainversiones. Si usted no da ese régimen especial, las inversiones no vienen y eso no le da luego nuevos ingresos fiscales en el futuro”, explica el exviceministro.
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El designado director de la Dian, Luis Carlos Reyes, calcula que con la eliminación de exenciones empresariales se recaudarían unos 20 billones de pesos al año, y Londoño asegura que solo quitando la categoría de bienes exentos del IVA la cuenta daba 10 billones de pesos.
Pero agrega que si en este propósito las regalías que pagan el sector petrolero y minero a las regiones dejan de ser descontables de renta, eso le pegaría muy duro a la competitividad de este sector, incluyendo a Ecopetrol, ya que hoy el government take en Colombia, es decir, lo que toma el Gobierno de un proyecto en términos de recaudación de impuestos, puede llegar al 70 por ciento.
Impuestos a personas
Entre tanto, en el impuesto de renta de personas naturales, Luis Carlos Reyes también explicó en EL TIEMPO que, para quienes reciben ingresos de más de 10 millones de pesos, la idea es que tengan un techo de 4 millones de pesos en su renta exenta, y no hasta el 40 por ciento, como pasa hoy en día, sin importar el nivel de ingreso.
Con ello, si una persona gana 15 millones de pesos, su renta exenta ya no sería de 6 millones de pesos, sino de 4 millones, y la diferencia de 2 millones le entraría a computar en el cálculo del impuesto por pagar.
Hasta ahora, el nuevo gobierno no ha hablado de subirles las tarifas a estos contribuyentes, sino de buscar más recaudo reduciendo esos beneficios, planteamiento que también estuvo en la reforma tributaria de Carrasquilla.
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El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño explica que la propuesta fue que en la declaración de renta el porcentaje por deducir por ahorro voluntario en pensiones, cuentas AFC o pago de medicina prepagada bajara gradualmente y que fuera solo del 25 por ciento.
“Eso les pega durísimo a los congresistas, entonces son los primeros que dicen: ‘A mí no me pegue de esa forma’ ”, agrega el exfuncionario, quien calcula que si se carga “durísimo” a quienes devengan más de 10 millones de pesos al mes, eso genera un recaudo de 4 billones de pesos, cifra que Reyes estima en 10 billones de pesos.
“Si no bajan la base gravable, entonces no les va a dar el recaudo”, agrega Londoño.
Dividendos y pensiones, ideas que también se reencaucharían
Hace algo más de un mes, Ricardo Bonilla, uno de los asesores económicos del gobierno Petro, había indicado que también se contempla establecer un impuesto a las pensiones superiores a los 10 millones de pesos, aunque esta idea no ha cuajado como tal en lo mencionado por el director designado de la Dian, Luis Carlos Reyes, ni por el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
No obstante, una iniciativa similar sí estaba contemplada en el proyecto de reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, con un impuesto de renta aplicable a las mesadas mayores de 7 millones de pesos.
Entre tanto, todavía el nuevo gobierno no ha descartado del todo si se modifica el impuesto a los dividendos, mientras que la iniciativa fallida del exministro aumentaba la tarifa del 10 al 15 por ciento.
Y aunque en el gobierno entrante se ha dicho que en la búsqueda de que sean las personas las que tributen se buscaría una fiscalización de los gastos de las empresas, para determinar cuáles son realidad ingresos de sus dueños y tributen por estos, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño advierte que esto es muy complejo de fiscalizar, como lo es también afinar el radar para que los profesionales independientes de altos ingresos sean detectados y paguen lo que les corresponde.
“Creo que la única forma de ponerlos a tributar, y nosotros la pensamos, es que debería haber una declaración de renta universal en la que todo el mundo declare renta. Declarar no quiere decir pagar, pero es la única forma en la que usted puede cruzar los números y encontrar a la gente que no paga”, añadió el exfuncionario.
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