Lo afirmó el presidente Gustavo Petro en el XX Congreso Nacional de la Infraestructura, que se llevó a cabo en Cartagena hasta el viernes pasado, y lo vuelve a corroborar el ministro de Transporte, William Camargo: el Gobierno no acabará ni con las concesiones viales existentes ni con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como se había rumoreado días atrás.
En entrevista con el TIEMPO, el funcionario habla sobre los proyectos en los que se enfocará, cómo acelerar los que ya están en marcha y qué pasará con las alzas de los peaje
¿Qué va a pasar con las concesiones viales, desaparecerán?
No, la inversión privada es necesaria e importante. El país ha funcionado con unas reglas claras y una institucionalidad bajo la Ley 80 y la Ley 1508. Lo que queremos es aprender de otros esquemas en el mundo y obviamente todo siempre va a ser sujeto de revisión y ajuste.
¿Y qué pasará con la ANI?
Tampoco desaparece; al contrario, queremos fortalecerla. Mantendremos su portafolio habitual de infraestructura de transporte con el modelo de concesiones para gestionar proyectos estratégicos férreos, fluviales, aeroportuarios, carreteros y portuarios. Adicional a ello, la entidad podrá desarrollar colegios, universidades, hospitales y distritos de riego, entre otros.
¿A cuánto ascenderán esas nuevas inversiones sociales?
Tenemos previstos 13 proyectos que suman alrededor de 6 billones pesos. Y a nivel general, la inversión de nuestro portafolio de transporte es de 140 billones de pesos para este cuatrienio; 68 billones de pesos son para el modo carretero y otros 72 billones de pesos para el fluvial, portuario, aeroportuario y férreo.
También acaban de crear el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir). ¿Por qué ponerlo en marcha justo en este momento?
El Invir tendrá toda la gestión del portafolio carretero terciario que maneja en la actualidad el Invías. Son alrededor de 27.000 kilómetros. La entidad podrá agenciar mecanismos de cooperación con entidades territoriales, departamentos y municipios que tienen a cargo los 113.000 km restantes de la malla vial inventariada de la red terciaria.
William Camargo, ministro de Transporte
Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Han surgido alertas con este nuevo instituto debido a que se permitirán contratos directos y sin la mínima cuantía, ¿es necesario hacerlo de esta manera?
Históricamente, los miembros de las juntas de acción comunal (JAC) han construido infraestructura con recursos y mano de obra propia. Es más que justo y tardío que el Estado les habilite ahora recursos. En el caso de los Caminos Comunitarios para la Paz Total hemos encontrado que el marco normativo de Ley 80 tiene algunas rigideces que limitan que podamos de manera eficiente trasladar recursos. Por ejemplo, que cada contrato debe tener una póliza. El problema es que las JAC tienen capacidad de trabajo, pero seguramente poco dinero para invertir en esos proyectos, y en algunos casos para contratos de 250 millones de pesos se necesitan entre 17 y 20 documentos.
¿Entonces no piensan que puede ser una puerta a la corrupción?
No, la corrupción tiene que controlarse a través de los mecanismos oficiales de transparencia que se utilizan siempre.
Usted alertó de que la ANI recibió un paquete de 29 concesiones de proyectos de cuarta generación, pero algunos de ellos tienen problemas en los tribunales. ¿Qué tan grave es el problema?
A la fecha, hay 21 laudos que corresponden a 6 o 7 concesiones y están sumando pretensiones del orden de 9 billones de pesos. Estamos revisando las situaciones de conflicto y queremos tener conversaciones para que el vehículo de las concesiones siga habilitado, sostenible y, lo más importante, que siga siendo atractivo para los inversores.
En los últimos días también se dijo que la infraestructura portuaria quedaría a cargo de la Armada Nacional y de la de ferrocarril se encargaría el Ejército. ¿Son ciertas estas afirmaciones?
No es cierto. Hay zonas del país en las que históricamente se ha contado con el apoyo de ingenieros militares y de la armada para que generen gobernanza y control en los corredores, trabajen con las comunidades y puedan desarrollar los proyectos debido a las limitaciones de orden público que existen para entrar allí. En algunos lugares no logramos entrar con seguridad para los operadores privados y para los contratistas que ejecutan las obras, y allí es donde tienen espacio, en el caso de los trenes, el Ejército, y en el caso de los componentes fluviales, los miembros de la armada.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) dijo que es importante acelerar una serie de proyectos clave para poder reactivar la economía, ya en números rojos. ¿A qué se deben los retrasos?
Parte de las demoras tienen que ver con debilidades en la estructuración y los temas de cierres financieros. Sin embargo, está la garantía de que el Estado va a honrar los compromisos. La ejecución de los proyectos depende un poco del contratista, del concesionario, de la interventoría y la gestión con actores locales, comunidades, alcaldes y con permisos ambientales y, en algunos casos, con temas de consultas previas. En la práctica lo que estamos buscando es que esos mecanismos sean mucho más expeditos. Para ello, adoptamos unos lineamientos verdes viales que nos permiten hacer una retrospectiva sobre esos territorios para tener una mejor comprensión. Y obviamente está el tema de cierre financiero que depende un poco de buscar mecanismos de competencia. El Estado ha venido materializando los compromisos y es algo en lo que estamos comprometidos.
¿A cuánto asciende el hueco creado por congelar las tarifas de los peajes desde enero de este año?
Hasta la fecha, hemos estimado alrededor de 800.000 millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Hacienda ya nos habilitó 500.000 millones de pesos. Con el mecanismo de los contratos y otras fuentes de financiación estamos buscando cubrir los restantes que son de iniciativas privadas.
¿Ya han empezado a liberar esos recursos?
Ya estamos empezando a revisar las actas con los concesionarios y los recursos están habilitados. Nuestra responsabilidad es girarlos.
¿Cuándo se materializarán las subidas de los peajes?
Habrá dos alzas en el 2024. En enero se subirá un 13 %,12 % (inflación del 2022) y a mediados del primer semestre o quizás en el tercer trimestre, el alza será el valor del Índice de Precios del Consumidor (IPC) de este año. La fecha exacta dependerá de cómo se vaya comportando la economía y del componente inflacionario.