A pocos metros de un maizal y cultivos de arroz, algunos indígenas nasa golpean con fuerza la tierra.
Están enterrando guaduas que luego entechan con plásticos negros.
Es un campamento en la hacienda cañera de Vistahermosa, entre Caloto y Corinto, donde están ahora asentadas 60 familias.
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Después de más de una veintena de muertos y 700 heridos en confrontaciones entre indígenas y la Fuerza Pública, durante 17 años, en el norte del Cauca, en esa región hay expectativa e inquietud por la salida propuesta por el presidente electo, Gustavo Petro, para que nativos, empresarios de caña y comunidades negras y campesinas remedien un conflicto por tierras que solo tiene atención nacional cuando las mingas salen del Cauca rumbo a Cali o a Bogotá y cuando bloquean la Panamericana, principal carretera del país.
En ese conflicto están disidencias, Eln, ‘Águilas Negras’ y ‘clan del Golfo’, grupos armados ilegales que no quieren que se tranquilice la zona pues a menos de dos horas tienen cultivos de coca y negocios de minería ilegal.
En la finca Ucrania, en Padilla, también en el norte del departamento, hay zozobra desde la llegada de encapuchados el pasado sábado 23 de julio. Desde entonces, la Policía está haciendo patrullajes e instaló un puesto de control en el acceso a la casona de La Emperatriz, en zona de Caloto. Es la misma finca emblemática ocupada una y otra vez a lo largo de las últimas décadas.
En el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) aseguran que los nasas están en 21 haciendas de Caloto, Corinto, Padilla, Miranda, Guachené, Villarrica y Santander de Quilichao, pero no en Ucrania.
Un cortero –trabajador de la caña– dice que no ha podido regresar a su trabajo en Ucrania. “La caña no solo es de ingenios, también de pequeños agricultores. Hay quienes se han quedado en haciendas aún no ocupadas. Las vigilan de día y noche. Ojalá haya diálogo”, comenta.
“Los indígenas no piensan en que nosotros también tenemos que comer”, dice un trabajador que arreglaba maquinaria y se retiró de un ingenio desde que una de las haciendas fue ocupada.
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Ante la situación, el presidente electo, Gustavo Petro, puso sobre la mesa la posibilidad de un diálogo con delegados de ingenios y cañicultores que se podría extender a comunidades afros y raizales en esta región en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca, donde hay fuerzas como los disidentes y el ‘clan del Golfo’ que preferirían el actual estado de miedo, a menos de dos horas de sus cultivos de coca y minería ilegal.
La presidenta de la Asociación de Cultivadores de Caña (Asocaña), Claudia Calero, dice que desde hace mucho tiempo el gremio con sus ingenios azucareros y sus afiliados sostiene ese llamado al diálogo. “El componente de la industria siempre ha sido y ha estado proclive a un diálogo que debe estar enmarcado en el respeto a los derechos, el respeto a la vida, el respeto al trabajo, a la libre empresa y por supuesto, el respeto a la sociedad privada, en este caso, nosotros con garantías y siempre alineados con los derechos”.
El componente de la industria siempre ha sido y ha estado proclive a un diálogo que debe estar enmarcado en el respeto a la vida, el respeto al trabajo, a la libre empresa y a la sociedad privada
En este 2022 van 800 hectáreas de cañicultores afectados por invasiones y cerca de 6.400 hectáreas en estas dos décadas para la agroindustria.
Mientras tanto, el Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras señala que hay 1,3 millones tituladas a los indígenas de 3 millones de tierras en el Cauca.
Los indígenas rechazan esta cifra y no aceptan que los consideren ‘terratenientes’. Señalan que están en 542.000 hectáreas, pero que el 80 por ciento son de reservas forestales y páramo, “donde no se siembra nada”.
El senador Feliciano Valencia sostiene que en el Cauca hay 112.000 indígenas (aunque otras fuentes hablan de más de 200.000 y académicos reportan 120.000) y que en realidad a estas comunidades les tocaría 37.140 hectáreas que al dividirlas da 0,33 hectáreas por persona, “o sea la tercera parte de una hectárea”.
Valencia afirma: “La opinión, la academia, los investigadores saben que a los pueblos indígenas se les cometió un despojo, un saqueo. Nos emborrachaban y nos quitaban la tierra; nos engañaban y después lo hicieron de manera violenta. Por eso cuando hoy la senadora Paloma Valencia nos acusa de que somos los mayores tenedores de la tierra, es mentira. Aquí hay terratenientes en el Cauca con 890 hectáreas (…) la industria cañera tiene 250.000 hectáreas. Como a nosotros nos despojaron la tierra ahora vamos por la tierra, por eso la recuperamos. Yo devuelvo el apellido si nos devuelven las tierras”.
El congresista sentencia: “No nos juzguen, no nos señalen de que nos oponemos al desarrollo, le quitamos la tierra a la propiedad privada. Eso es mentira. Nosotros exigimos el derecho a la tierra que nos fue usurpado”.
La historia de esta confrontación tiene orígenes en la época de la Corona Española. Las violentas pugnas se retomaron a fines del siglo XIX y comienzos del XX con Manuel Quintín Lame, para volver entre los 70 y los 80, cuando se conformó el Cric, con la mira en ‘la liberación de la Madre Tierra’.
La mayoría de los conflictos han sido en el norte caucano, pero está el caso de Coconuco, en el municipio de Puracé, oriente de este departamento, donde los indígenas pugnan por un predio donde hay un centro turístico, cuyos administradores sostienen que es una propiedad de más de 30 años y que lo que se quiere es tomar un negocio ajeno.
En el asunto hay discusión de documentos de la Colonia. Allí, la comunicadora indígena María Efigenia Vásquez murió en octubre de 2017 y los nativos acusan al Escuadrón Antidisturbios (Esmad).
¿Emperatriz, joya de la corona?
Los indígenas han sido persistentes desde 2005 con la toma de la hacienda La Emperatriz, de 140 hectáreas, que la familia de Bernardo Jaramillo defiende como propiedad desde 1965 y a la que él no pudo volver antes de morir en 2003. Fue la primera de las 21 ocupaciones en estos últimos 17 años con la bandera de incumplimiento de reparaciones y compensaciones estipuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la masacre del Nilo, una hacienda en poder de redes asociadas a paramilitares y narcotraficantes.
Los indígenas exigieron un proceso de reparación y el Estado se comprometió a reconocerles 15.663 hectáreas.
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Estas luchas se han regado en esa geografía de modo que de 403 mil hectáreas en el norte del Cauca, unas 10 mil están en esos 21 predios. La mayoría son haciendas –según cuentas de los indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)- y están ocupadas por ellos. Son predios con cultivos de caña de azúcar, algunas donde ingenios tienen participación y las restantes son de otros particulares.
En La Emperatriz permanecen hoy 80 familias, sembrando maíz, arroz y yuca, y arriando ganado que se come la caña.
Algo similar ocurre en el resto de la veintena de terrenos, donde los indígenas nasas –etnia predominante en la zona– se turnan para hacer guardia y trabajar el suelo, además de ir levantando sus hogares con pilares de guadua y cubiertos con plásticos negros para la lluvia. “No hacemos construcciones más sólidas porque puede que vuelva la represión”, dice el indígena José.
El reparto de la tierra es una de las incertidumbres porque la población nativa crece, pero no los terrenos. “Estamos recuperando la tierra para sembrar alimentos y territorios para los indígenas. Nos dicen que ocupamos la tierra y no se produce, pero no es así, es para tener qué comer. La caña de azúcar es para alcohol carburante que afecta la tierra y el medioambiente, y el azúcar causa diabetes”, dice el indígena José, al explicar que la parcela familiar de no más de dos hectáreas en lo alto de la montaña de Tacueyó no alcanza para su mamá ni sus otros cinco hermanos.
Fulgencio –tampoco da su apellido- es otro de los indígenas que también bajó de las montañas y se asentó en la hacienda Vistahermosa, desde el 12 de octubre de 2016. El predio está ubicado entre Caloto y Corinto.
El nasa explica que los nativos se bajaron a la zona de cañaduzales ante esa necesidad de tierras. “No podemos afectar el agua en la parte de arriba, por eso estamos en la plana. Ahora que estamos en la hacienda, el agua de una quebrada que baña este lugar ya tiene pescados”.
No podemos afectar el agua en la parte de arriba, por eso estamos en la plana
A su lado, un hombre y una mujer del resguardo hacen huecos para clavar guaduas en menos de un metro de profundidad y delimitar las porciones para repartir entre cada una de las 60 familias eh Vistahermosa. Serán 2,5 hectáreas por hogar.
A unos metros de La Emperatriz, en la misma área de la zona rural de Caloto, el indígena Ramiro cuenta que llegó a la hacienda La Margarita con otros nasas de un total de 40 familias más que descendieron de las montañas de Toribio y Corinto. Llegaron en enero de este año. “Yo tengo 45 años y cinco hijos.
Una de las ocupaciones más recientes sucedió el pasado 23 de julio en el sector El Tetillo, municipio de Padilla, hombres encapuchados llegaron cuando los cañeros trabajaban.
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El alcalde local, Cristóbal Morales, señala que el conflicto tuvo lugar en la hacienda Ucrania, de Incauca, donde agricultores dijeron que sus cultivos cerca de este sector se afectaron.
Ante la iniciativa de Petro sobre el llamado a gremios y movimientos sociales del norte del Cauca a iniciar el primer diálogo regional de Colombia por la paz, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, acoge la idea. “Hemos venido trabajando hace más de un año en el ‘Pacto caucano por la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz’; ese es un espacio que hoy ofrecemos para la articulación que requiere el Presidente en el marco del llamado a conciliar”.
El exalcalde de Cali Rodrigo Guerrero, quien lideró desde el 2000 con representantes de sectores sociales la iniciativa Vallenpaz, habla de la necesidad de un diálogo y de trabajar con comunidades en zonas de conflicto armado.
De acuerdo con Guerrero, ese fue el caso de Vallenpaz que nació para “promover el desarrollo integral en el suroccidente colombiano en comunidades rurales afectadas por la violencia y en condiciones críticas de pobreza, cultivos ilícitos, presencia precaria del Estado colombiano, y grupos al margen de la ley que limitan la consolidación de capital social, generan desplazamiento y consecuentemente la disminución de la actividad agrícola”.
El exmandatario añade: “Ciertamente tuvimos mucho que ver con campesinos indígenas en el norte del Cauca. Hay una experiencia que fue muy útil con el resguardo de Huellas en Calotoque se hizo hace unos 15 años, enseñándoles a los indígenas a manejar la tierra de forma que fuera más productiva y les mostró resultados extraordinarios”.
No obstante, los indígenas dicen que ellos están dispuestos a dialogar y que así lo han hecho, al afirmar que desde 2018 vienen acercamientos con ingenios y salió una propuesta de que podían estar en parte de terreno de ingenios, pero la industria continuaría con los cultivos de caña. Sin embargo, los nasas reiteran la necesidad de un territorio que les arrancaron a lo largo de su historia que abarca siglos.
“Estamos como cuando ocurrió la masacre de El Nilo, que había lucha”, dice el indígena José que muestra temor ante los asesinados de indígenas y líderes, con acción de paramilitares. Aun así, sus él y sus comunidades dicen que mantendrán su postura de defender lo que consideran les quitaron.
‘Pocos tienen más tierra y muchos, muy poca’
Ante la complejidad del fenómeno, el Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali aporta el documento ‘Estructura de la propiedad rural y necesidad de tierras en el norte del Cauca’. Fue publicado en el Observatorio de Tierras, una iniciativa de universidades del país, tras una convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Según el informe con cifras que se desprenden de estudios oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), el Dane, el Ministerio del Interior y el desaparecido Incoder, el área total del norte del Cauca es de 349.714 hectáreas con una población de 403.121 habitantes. Con datos y proyecciones de 2015, el 48 por ciento son afrodescendientes; el 30 por ciento, indígenas con 120.000, y el 22 por ciento, campesinos.
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El doctor en Sociología y magíster de la Sorbona Carlos Duarte, quien participó en el estudio, dice que en Cauca hay una marcada desigualdad en materia de propiedades y tierras, y que hay diversas discusiones que se deben tener en cuenta.
Una de esas discusiones es la ancestralidad de las comunidades indígenas, pero entendiendo que después de la Colonia se dio un encierro, bajo las figuras de resguardos, primero coloniales y luego republicanos.
El investigador anota que hay resguardos que no han pasado por una legislación.
El mismo estudio del IEI de la Universidad Javeriana arroja que 18.943 hectáreas son de resguardos constituidos y que el 81 por ciento de resguardos coloniales ocupan 80.194 hectáreas en el norte del Cauca. El 53 por ciento restante es para otros usos.
A su vez, según el documento, “cerca del 40 por ciento son predios mayores de 50 hectáreas y pertenecen a menos del 1 por ciento de los propietarios”. Además, “el 13,46 por ciento de la superficie del norte del Cauca está constituido por predios menores de 3 hectáreas y pertenecen al 77 por ciento de los propietarios”.
La Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (Acin) informa que en términos de áreas efectivamente tituladas, excluyendo los territorios con títulos coloniales que no han clarificado su título, la cifra no supera los 180.000. Apunta que “en esos territorios se encuentran áreas forestales que, de acuerdo con nuestra cosmovisión, son espacios de vida que no se utilizan para el tema productivo”.
El profesor y decano saliente de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, Luis Alfredo Londoño, explica que hay tres momentos claves en la reorganización de las comunidades indígenas. “El 24 de febrero de 1971 con el surgimiento del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca), a partir de ahí se inician unos procesos de recuperación de tierras, especialmente en la parte alta de la cordillera central”. En 1982, el Cric participó en la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
“El segundo momento clave es hacia 1984 cuando se da la primera recuperación por parte de los indígenas en la zona norte plana. Ese proceso de recuperación de tierras, costó la vida de cinco indígenas, entre ellos, una niña de siete años”, sigue explicando.
También costó la vida del padre Álvaro Ulcué Chocué, de 41 años, reconocido por su lucha en favor de los pueblos ancestrales. El tercer momento clave ocurrió el 16 de diciembre de 1991 cuando 20 indígenas fueron asesinados en El Nilo”, duice el profesor Londoño.
La alcaldesa de Corinto, Martha Velasco, cuenta que allí se presentan conflictos por tierras desde hace unos ocho años, en propiedades que tienen colonos y otras de la industria azucarera.
“Durante el paro nacional la situación se agudizó y las invasiones se tornaron mucho más delicadas, dado que los invasores arremetieron contra trabajadores del campo del sector azucarero, así como también a colonos de los predios, se han visto forzados a desplazarse de sus lugares de vivienda en las haciendas para salvaguardar sus vidas”, advirtió la mandataria.
¿Qué tanto pesa la caña?
Los gremios de la agroindustria de la caña dicen que en el norte caucano se generan 50.000 empleos y que por confrontaciones y ocupaciones, se ha afectado la productividad de cerca de mil hectáreas.
Según Fedesarrollo, el sector tiene una alta contribución en las finanzas de los municipios, a través del pago de impuestos.
En Miranda, los ingenios aportan 72 por ciento del total en impuestos; Corinto, un 42 por ciento y en Padilla, 22 por ciento.
En Caloto, ingenios como Incauca pagan por el impuesto predial 107 millones de pesos en este año; La Cabaña, 54 millones más, y Central Castilla, 16 millones.
Asocaña destaca que al producto Interno bruto (PIB) agrícola del Cauca se aporta 19,7 por ciento y PIB industrial, 22.2 por ciento. El PIB total es de 9,6 por ciento. El gremio también anota que las exportaciones de azúcar y café representan el 96 por ciento de las exportaciones agrícolas del Cauca.
“Los ingenios son responsables del 100 por ciento de la cogeneración de energía en Cauca. Esto le permitió al departamento tener una participación del 22 por ciento en las ventas de los cogeneradores nacionales al Sistema Interconectado Nacional (SIN”, dice un informe.
Asocaña también reporta que en 2021, el azúcar fue el principal producto agropecuario de exportación del Cauca con un 67 por ciento.
De igual forma, azúcar y café representan el 95 por ciento de las exportaciones agrícolas.
Según Cenicaña y el Ministerio de Agricultura, la agroindustria de la caña, con sus 45.917 hectáreas, participa con el 19 por ciento del área sembrada en el Cauca.
Mientras que en Corinto y Toribio, a través del mecanismo de ‘Obras por impuestos’, se mejoran 20 kilómetros de vías para que las comunidades puedan comercializar sus productos y optimizar su calidad de vida. La inversión total es de alrededor de 23.000 millones de pesos.
¿Qué dicen los afro por las diferencias por tierras?
Las comunidades indígenas recibieron de manos del Gobierno Nacional el predio San Rafael en 2007, como una de las compensaciones por la masacre de El Nilo (1991). Paradójicamente, el cumplimiento de una orden de la justicia desató desde entonces un enfrentamiento con el Consejo Comunitario Afro Zanjón de Garrapatero, que queda entre Santander de Quilichao y Buenos Aires. Se necesitaron siete años para que cesara el choque de etnias por 517 hectáreas de terreno.
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Los afros, con menos resonancia, también han tenido sus diferencias y carencia de tierras. Pero piden que no se afecten sus actividades laborales, en especial, en la agroindustria de la caña. Pero no será sencillo porque desde hace ya varias semanas se ha reactivado la zozobra, tras la presencia de encapuchados que quemaron cultivos en la finca Ucrania, en Padilla.
Los indígenas aseguran que su lucha por la tierra también es la de las comunidades negras y campesinas. Entre tanto, líderes afros, a nombre de trabajadores de la agroindustria, llaman a un diálogo en el que quepan todos.
Yanet Mosquera, defensora de derechos humanos y de comunidades negras, expresa: “Hay discusiones, pero no solo en el norte caucano, porque tierra necesitamos todos. Hay que llegar a un acuerdo porque hay quienes tienen más y otros que no tenemos nada. No se trata de quitarle a nadie su propiedad o tierra, pero el Gobierno debe mirar cómo se compra para que podamos tener territorios colectivos o territorios propios, porque las comunidades que estamos en los valles interandinos sufrimos por tierras”.
En las últimas décadas se han registrado tensiones por tierras entre comunidades negras y los nasas y misak en municipios como Suárez –tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, de quien se espera juegue un papel clave en los diálogos regionales en el Cauca– , Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Guachené, Corinto, Miranda, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica. Todos ellos, a la vez, municipios con importantes extensiones de caña.
Rosana Mejía, consejera mayor de Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), lo resume así: “Lo primero es entender el contexto étnico y cultural. La propuesta (de Petro) es alentadora, pero le falta una pata. Al presidente se le olvidó que el territorio donde los empresarios tienen sus negocios es ancestral, es de la gente negra”.
REDACCIÓN EL TIEMPO
CALOTO, POPAYÁN Y CALI
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