Las empresas también pondrán en esta reforma tributaria 5,1 billones de pesos a través de la reducción de diferentes beneficios, entre los que se incluyen los sectoriales, regionales y los que varían por tipo de ingreso, y que, según el nuevo gobierno, han intervenido en el correcto funcionamiento del aparato productivo del país.
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De este modo, se buscará limitar algunos de los beneficios tributarios, pero no se les subirá la tasa impositiva que hoy pagan de 35 por ciento.
Lo que sí se establece es que la sobretasa de renta que pagan las instituciones financieras se mantenga en 3 puntos porcentuales adicionales sobre la tarifa vigente, al tiempo que se propone modificar su temporalidad y que sea permanente.
Frente al tratamiento preferencial en el impuesto de renta al cual pueden acceder los usuarios de zona franca (ZF), el proyecto incluye disposiciones que tienen como objetivo incentivar las exportaciones del segmento productivo que genera valor agregado en el país.
“Las zonas francas son para exportar”, señaló el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al indicar que hoy muchas firmas acceden a este beneficio, pero comercializan sus productos en el país, lo cual genera una competencia desigual con quienes producen localmente y no tienen estos beneficios.
En particular, se propone que las personas jurídicas que sean usuarios de las ZF declaradas en el territorio nacional deben contar con un plan de internacionalización aprobado y vigente a fin de poder ser beneficiarios del tratamiento diferencial en materia de tarifa del impuesto de renta (20 por ciento) respecto a la tarifa general del 35 por ciento.
Se prevé darles a estas empresas un año para que adapten sus planes de internacionalización.
El proyecto de reforma tributaria también contempla transitar del descuento que hoy aplica en el impuesto de renta de personas jurídicas, correspondiente al 50 por ciento del pago del impuesto de industria y comercio (ICA) vigente actualmente, hacia una deducción.
Lo anterior teniendo en cuenta que la figura de descuento genera un incentivo a que algunas entidades territoriales incrementan sus tarifas de ICA y termine la Nación asumiendo una parte considerable de la carga tributaria territorial, que no la asume el sector productivo.
Otra de las propuestas para las empresas es la tarifa de ganancias ocasionales.
Esta se ubicaría en 30 por ciento, lo que, a su vez, se traduce en una tributación más equitativa y una mayor disponibilidad de recursos para la Nación.
Tras más plata de petróleo y la minería
Un recaudo adicional por 7 billones de pesos, provenientes de un rubro llamado recursos del subsuelo, es al que le apunta el nuevo gobierno desde el año 2023, provenientes de dos nuevas fuentes que llegarán la explotación de petróleo y minerales como carbón y oro.
El primero es un nuevo impuesto específico a la exportación de petróleo, carbón y oro, que permita capturar nuevas rentas por los precios altos de las materias primas en los mercados internacionales.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que la tarifa para exportaciones de crudo, carbón y oro será del 10 por ciento con base en un precio base que se fijará, luego del cual la tasa de recaudo efectivo será de 4,6 por ciento para el petróleo, del 7,6 por ciento para el carbón y de 7,8 por ciento para el oro. El umbral o piso mínimo para el impuesto a la exportación de crudo será de 48 dólares por barril, lo que indica que la diferencia entre este y el precio actual será la base de la liquidación.
Y otra gran fuente de recursos provendrá de la eliminación de la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, que hoy se permite al considerarlas como un gasto de la operación. Según el proyecto, el pago de regalías no se debe interpretar como un impuesto deducible o costo asociado a la actividad propia de explotación de los recursos naturales no renovables, sino como la contraprestación económica por la explotación de los recursos naturales de los cuales es propietario el Estado.
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