El juez de Florida que estudió este jueves los argumentos a favor y en contra de publicar las razones que llevaron al FBI a registrar la vivienda de Donald Trump esperará a tener una versión editada y sin datos sensibles sobre la investigación para decidir si puede darla a conocer.
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Durante una audiencia de más de dos horas celebrada en West Palm Beach (Florida), el juez Bruce E. Reinhart escuchó a las dos partes -algunos de los principales medios de comunicación del país por un lado y la Fiscalía por el otro- de este «caso único», como lo describió, y se inclinó por una posible divulgación editada de la llamada «declaración jurada» que justificó el registro de Trump.
Mientras los abogados de los medios insistieron en que el público tiene derecho a comprender por qué se registró Mar-a-Lago, el club donde tiene su residencia el expresidente, el Departamento de Justicia subrayó los riesgos para la investigación en curso de divulgar los motivos de esta redada.
Reinhart acabó pidiendo a la Fiscalía que antes del 25 de agosto presente una propuesta de edición de este documento, con las partes que considere tachadas para que no puedan ser públicas.
La audiencia ocurre después de una semana de presiones que llevaron a la Fiscalía a permitir la divulgación de la orden del registro judicial a la casa del expresidente Trump (2017-2021) en Mar-a-Lago (Palm Beach) el pasado 8 de agosto.
«Nunca antes se había hecho esto», aseguró este jueves Jay Bratt, jefe de la oficina de contrainteligencia del Departamento de Justicia (DOJ), durante la vista, en la que insistió en que la declaración jurada contiene información altamente sensible cuya divulgación pondría en riesgo toda la investigación.
Entre tanto, seis abogados, en representación de más de una decena de compañías de medios, entre ellos The New York Times, The Washington Post, CNN, ABC, CBS y NBC, insistieron en «el poderoso interés del público» de conocer las razones de esta «investigación sin precedentes».
Hicieron un llamado a la divulgación «rápida» de la declaración jurada en aras de la «transparencia» especialmente en un caso tan «único» como éste y amparados en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho a la información.
«No puedes creer lo que no puedes ver», expresó uno de los abogados de los medios. Hasta el momento, la orden de registro divulgada evidenció que Trump se llevó material clasificado de la Casa Blanca a su residencia.
Dicha orden también apuntaba los delitos en los que puede estar incurriendo: Violación a la Ley de Espionaje, obstrucción a la justicia y destrucción de documentos. El juez sí permitió hoy liberar otro documento que insiste en que el registro está relacionado con los delitos citados.
Durante la audiencia, el juez reconoció el interés del público en la información relacionada con el caso que involucra a Trump, pero también señaló que una investigación también es un servicio público.
La causa probable
La declaración jurada que unos quieren publicar y otros mantener bajo secreto es el corazón de la investigación. En este sentido, Bratt expuso que se trata de un documento que contiene «información altamente confidencial sobre testigos» y «técnicas específicas de investigación» entre otros detalles «críticos».
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Y frente a lo que defienden los medios o el propio Trump y dirigentes republicanos, que piden su publicación, el representante del Departamento de Justicia advirtió que hacerlo no solo arruinaría la investigación al alertar a posibles implicados o intimidar a testigos, sino que traería consigo también «riesgos para la seguridad nacional».
La Fiscalía además ha señalado que publicar la declaración jurada debilitaría la cooperación futura de los testigos cuya asistencia se puede solicitar a medida que avanza esta investigación, así como en «otras investigaciones de alto perfil».
Bratt se hizo eco durante la audiencia de las advertencias del fiscal Juan Antonio González, quien también estuvo presente, del daño significativo e irreparable que causaría a la investigación penal la divulgación solicitada por los medios.
Los representantes de los medios rechazaron la posición del Gobierno de mantener totalmente sellado este documento al señalar que se pueden tachar las menciones que el Departamento de Justicia quiera proteger.
Pero Bratt les respondió que no sería «práctico» publicar una edición del documento con muchas partes suprimidas porque lo haría incomprensible o sin sustancia para el público.
En cualquier caso, del lado de los medios -entre ellos The Wall Street Journal, Tampa Bay Times, Palm Beach Post y la agencia The Associated Press- criticaron la falta de explicaciones sobre cómo dañaría a la investigación la publicación del documento.
EFE
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