Al tiempo que las regiones luchan por su autonomía, insisten en hacerle un llamado al gobierno nacional para que detenga los procesos de centralización que convierten en un martirio cualquier decisión que deba tomarse en las regiones. La nuez que hace muy compleja esta situación está en que continúan asignándose competencias y responsabilidades a las entidades territoriales sin que haya transferencia alguna de recursos.
A pesar de los avances que llegaron con la Constitución de 1991 y de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 definidos para que los municipios y departamentos obtengan un mayor grado de autonomía fiscal, la realidad de la descentralización sigue siendo crítica y desalentadora. De acuerdo con el artículo 356 de nuestra Carta magna “no se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”. Hoy ese artículo es vulnerado, quebrantado y burlado. Es importante mencionar que, de acuerdo con la Pirámide de Kelsen, no hay nada por encima de la Constitución, lo cual significa que el artículo en mención está por encima de las leyes orgánicas, especiales y ordinarias, aún así, no se cumple, no se obedece y no se respeta, y las regiones, sus autoridades y ciudadanos sufren a diario tal abandono.
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El dinero no les alcanza a las regiones y la destinación específica es una camisa de fuerza
Los ingresos fiscales de los departamentos son, en su mayoría, cedidos y con destinación específica, lo que hace inflexible su destinación a necesidades apremiantes dadas por situaciones de crisis. Los impuestos más importantes de los departamentos están ligados al vicio, lo cual genera una relación irónica entre la política tributaria y la política de salud. Según la Federación Nacional de Departamentos, estos impuestos están relacionados con leyes no actualizadas que incentivan la evasión y elusión. Es así como una inevitable y galopante crisis financiera aqueja a las regiones, impidiendo su desarrollo a pesar de tener enormes potenciales.
En buena parte la solución está en fomentar y facilitar la integración de las distintas fuentes de financiación de los departamentos. Urge una reforma integral al sistema tributario territorial, tanto en lo sustancial como en lo procedimental; esto, aunado a una mayor capacidad técnica de los departamentos les permitiría aumentar de manera significativa los ingresos propios y, al combinarlos con mayores transferencias, se convertirían en motores del desarrollo territorial (FND, 2022); esa es la proyección con la que llegaron al siglo XXI, postergarla es seguir prolongando el atraso. Un síntoma real de la modernización del Estado es que las administraciones territoriales decidan y asuman la responsabilidad sobre el uso y destinación de los recursos de inversión. Mediante una Ley Fiscal Territorial se puede actualizar el estatuto tributario de los territorios para avanzar en la autonomía financiera de los departamentos y en la equidad regional que tanto se aclama.
Los remedios están a la mano y hay varias tareas por hacer. Modificar y reformular el impuesto al consumo, modificar el impuesto al vehículo, reformar de manera estructural el Fonpet, reformar el Sistema General de Participaciones y reflexionar a partir de los evidentes estudios de caso sobre qué tanto frena al sector público y por ende a la nación, la Ley de Garantías. Adicionalmente, ceder a los departamentos un porcentaje del IVA es una solución tangible, concreta, real y prometedora. En los países de la OCDE el promedio del gasto fiscal de los gobiernos regionales pasa el 30% del total, en Colombia está por debajo del 15% (OCDE, 2021). La nación, para ser más justa y equitativa, debe descentralizar las finanzas y tomar ejemplo de España, donde el IVA se reparte entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas.
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Las regiones claman una reformulación de las finanzas territoriales
Otra solución para atenuar la insolvencia financiera de las entidades territoriales y luchar por la autonomía de las regiones es crear el impuesto territorial al consumo del cannabis medicinal o, al menos, una participación al tributo que la nación recaudaría en un futuro próximo. El consumo de cannabis, medicinal o recreativo, es una oportunidad para generar un nuevo ingreso en los departamentos. Mirando experiencias internacionales, por ejemplo en Estados Unidos doce jurisdicciones han regulado el cannabis recreativo y 33 han legalizado su uso medicinal. De acuerdo con el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California, solo para el caso de estado, en 2020 se habían recaudado más de 1.000 millones de dólares por impuestos derivados de la venta y producción de esta hierba. Según New Frontier Data, para el 2025 los norteamericanos calculan recoger 130.000 millones de dólares en ingresos fiscales, equivalente a 554 billones de pesos y alrededor de 1,6 millones de nuevo empleos a costa del cannabis. La prohibición es la que mata.
Por otra parte, el impuesto al consumo que tendrán las bebidas azucaradas y endulzadas debería cederse a los departamentos. Este impuesto sí debería tener una destinación específica para que se puedan atender las crisis hospitalarias que hoy son pan de cada día en Colombia. De esta manera existiría armonía entre la política de salud y el recaudo del impuesto. Cabe recordar que de los 33 países de América Latina y el Caribe, en 21 se aplican impuestos selectivos al consumo de bebidas azucaradas. El recaudo debe nacer con un espíritu descentralizador.
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Las regiones claman una reformulación de las finanzas territoriales que tenga como objetivo el aumento en la asignación de recursos transferidos y la flexibilidad en su uso, pues el dinero no les alcanza a las regiones y la destinación específica en muchos casos es una camisa de fuerza que no les da un margen de maniobra a las entidades territoriales para responder a las necesidades reales de los territorios.
Desde la región, preguntan ¿no es acaso la descentralización fiscal el camino hacia justicia social en Colombia?
PABLO JARAMILLO
Estudiante de doctorado de ciencia política
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