Pese a que el gasoducto que une a Rusia con Alemania por el lecho del mar Báltico volvió a funcionar el pasado jueves -al 40 por ciento de capacidad con el que opera desde hace dos meses- después de la reparación de una turbina, los europeos temen que en cualquier momento el presidente ruso, Vladimir Putin, les cierre el grifo del gas.
Tras cortar el suministro a algunos países por negarse a pagar los contratos en rublos (Francia, Polonia, Bulgaria, Finlandia, Dinamarca y Holanda) y limitar el volumen de envíos a otros (Alemania e Italia), Moscú inició su maniobra más preocupante: cerrar por labores de mantenimiento el gasoducto Nord Stream 1, el más importante para la Unión Europea (UE).
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En circunstancias normales, el rutinario cierre no supondría un problema. Sin embargo, con la guerra de Ucrania como telón de fondo, el próximo invierno parece avecinarse como la oportunidad que Putin va a tener para utilizar la dependencia europea del gas ruso como arma geopolítica.
Previo a la invasión del Kremlin a Ucrania, el gas ruso suponía el 40 % de las importaciones europeas de este hidrocarburo. Esa tasa ronda ahora el 25 por ciento, pero cada vez se hace más difícil buscar proveedores alternativos que puedan suplirla cuando Europa consume al año unos 425.000 millones de metros cúbicos de gas, siendo el gran consumidor mundial.
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Ante el riesgo de un invierno sin calefacción y con la industria parada, la Comisión Europea (CE) presentó esta semana un plan de ahorro para reducir el consumo en un 15 % entre el 1.° de agosto y el 31 de marzo de 2023. Por ahora, el ahorro será voluntario y solo pasará a ser obligatorio si los gobiernos se ven lejos de cumplirlo.
Y mientras que los ministros de Energía de los 27 Estados miembros de la UE se reunirán el próximo martes en Bruselas para aprobarlo, las dudas crecen porque varios países ya lo rechazaron.
La mayoría del continente europeo depende del suministro de gas de Nord Stream.
España, Italia, Polonia, Portugal y Grecia alegan que no tiene sentido un ahorro lineal e igual para todos cuando ellos o tienen las reservas llenas (en el caso polaco) o no tienen problemas de suministro porque, o sus compras a Rusia son mínimas o tienen proveedores alternativos.
Por su parte, Alemania y Países Bajos criticaron que la CE pueda decidir por sí sola la declaración de una especie de estado de emergencia energética a nivel continental para la que no tiene respaldo en los tratados europeos.
Un informe de Bruegel, centro de estudios económicos de Bruselas, da por buena la cifra del 15 % de ahorro, pero como una media. El estudio apunta a que mientras Estonia, Finlandia, Letonia y Lituania deben reducir su demanda de gas 54 por ciento; en el caso alemán sería de 29 por ciento; Dinamarca y Suecia, un 21 por ciento; Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, 16 por ciento; Italia, 9 por ciento; y España, Francia y Portugal no necesitarían reducirla.
No obstante, la única excepción que admite el plan de la CE es que los países que no pueden enviar más energía a sus vecinos por falta de conexiones (gasoductos o líneas eléctricas) reduzcan su demanda un 10 por ciento en vez de 15.
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La queja de España
El caso español es paradigmático, por lo que en Bruselas su diplomacia elevó la voz en alto contra el plan.
España insiste en que solo tiene un gasoducto que la conecta con Francia y una sola línea eléctrica de alta tensión. Las dos vías funcionan a su máxima capacidad para ayudar al país galo, que tiene la mitad de sus reactores nucleares apagados.
Los españoles apenas compraron tradicionalmente gas ruso, pero para evitar el problema de tener un único suministrador por gasoducto (Argelia) invirtieron en los últimos años 3.500 millones de euros para tener seis regasificadoras (el 40 % de las europeas) que permitieran la llegada de grandes buques metaneros con gas desde Noruega, Estados Unidos, el golfo Pérsico o Nigeria.
España, Italia, Polonia, Portugal y Grecia alegan que no tiene sentido un ahorro lineal e igual para todos
Mientras que países como Alemania, Austria o Eslovaquia pusieron todos los huevos en la canasta del gas ruso, que durante décadas fue barato pero que los llevó a una dependencia absoluta de la que ahora no tienen medios para soltarse, los españoles alegan que aún aceptando el plan de Bruselas y ahorrando un 10 o 15 % de gas, no tienen cómo mandarlo al resto de Europa.
Y es que el problema alemán es más grave que los porcentajes de ahorro que marca el informe de Bruegel. Su industria funcionó durante décadas de manera exitosa gracias al barato gas ruso, por lo que se estima que su demanda debería caer 40 por ciento en el caso de que Moscú cierre todos los grifos. Eso sumado a que los países con mayor consumo de gas, en parte porque invirtieron menos en energías renovables, están en una peor situación.
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Según datos de la empresa Enerdata, mientras que en 2021 España consumió 723 metros cúbicos de gas per cápita, Países Bajos registró 2.333, hasta tres veces más gas que los españoles.
Esto debido a que mientras el 47,1 % de la electricidad española se genera por fuentes renovables, esa tasa cae hasta el 32 % en Países Bajos. Y porque el gas fue tan barato durante tanto tiempo, que con su clima del mar del Norte los holandeses tienen una vasta producción hortofrutícola tal como si fueran un país mediterráneo, construida a base de crear invernaderos con calefacción, algo considerado como una aberración energética.
La implantación de las renovables puede verse también en los datos de emisiones de CO2 por persona. Los holandeses y los polacos emiten 8,1 toneladas de CO2 por persona al año, los alemanes 7,9, los italianos 5,0 y franceses y españoles 4,7.
Peligrosas alternativas
Según los análisis de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los Estados miembros de la UE deben llenar sus reservas de gas al 90 por ciento en los próximos meses para poder superar el próximo invierno sin problemas de escasez.
Actualmente, la media de almacenamiento del combustible ronda el 65 %, una cifra 13 puntos superior a la del año pasado por estas fechas. Sin embargo, 2021 fue uno de los peores años en lo que a reservas de combustible se refiere. Este fue uno de los factores agravantes de una crisis que el último invierno provocó récords históricos en los precios del gas y la electricidad.
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Además, llenar los depósitos a tiempo podría resultar un enorme desafío si Gazprom, la mayor compañía de gas rusa, continúa reduciendo el flujo de hidrocarburos hacia la UE.
Ante el difícil panorama, Europa busca proveedores alternativos. El problema es que, salvo con las excepciones de EE. UU. y Noruega, que no tienen mucha más capacidad de exportación, los demás grandes productores y exportadores de gas son regímenes autoritarios: Argelia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Azerbaiyán.
La presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, viajó a inicios de semana a Bakú, capital azerí, para firmar con el presidente Ilham Aliyev un memorándum por el que Azerbaiyán doblará sus exportaciones de gas a Europa desde 2023.
La presidenta de la comisión Europea firma la extensión de suministro energético con Azerbaiyán.
EFE/EPA/AZERBAIJAN PRESIDENT PRESS SERVICE
Aliyev, que no es precisamente un dechado de virtudes democráticas, se comprometió a pasar de 8.100 millones de metros cúbicos al año a 20.000 millones. Si bien es una cifra ínfima con relación al consumo europeo (unos 400.000 millones de metros cúbicos anuales), todo suma.
No obstante, Azerbaiyán juega a dos bandas, pues promete ampliar las exportaciones de gas a Europa a la vez que sigue siendo un socio estratégico de Rusia.
Paralelamente, Francia negoció con EAU un acuerdo que incluye no solo “identificar proyectos conjuntos en materia de hidrógeno, energías renovables y energía nuclear”, sino la compra de armas francesas, pese a que los informes de ONGs como Human Rights Watch o Amnistía Internacional dan cuenta de graves violaciones de derechos humanos en ambos casos.
Así las cosas, la mayor esperanza de Putin es que, ante la falta de consenso europeo y con una previsible disparada de los precios de la luz y el gas a medida que se acerque el invierno, el bloque europeo cambie de opinión y busque resolver el conflicto a cualquier precio.
IDAFE MARTÍN PÉREZ
PARA EL TIEMPO
BRUSELAS
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