Ocho días después de una visita técnica a la megaobra de la Ptar Salitre, la Procuraduría General se pronunció sobre el estado de esta y advirtió que a menos de siete semanas de culminar el contrato de optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales (fase II) existe “alto riesgo en la operación” e hizo un llamado a las partes para que “actúen de manera pronta y efectiva en la solución de los problemas” y a cumplir las obligaciones contractuales”.
El contrato de optimización de la Ptar Salitre (fase II) fue adjudicado en 2016 por la CAR Cundinamarca al Consorcio Expansión Ptar Salitre (Ceps). La obra tiene un costo de 1,5 billones de pesos y un plazo de 5 años. Y es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) la que debe operarla. De hecho, la recibió y la está operando desde el 16 de diciembre de 2021, aunque con la advertencia de que la planta no está en condiciones de operar.
Sin embargo, el constructor ha señalado todo lo contrario. Afirmó que la planta está operando, trata el 100 por ciento del agua residual que recibe (6,5 m³/seg) y que en septiembre de 2021 ya cumplía con los parámetros de tratamiento, y en junio pasado lo certificó así la Anla.
La visita técnica se realizó el 25 de julio pasado y según el informe del Ministerio Público, conocido por EL TIEMPO, hay obras de la Fase II que deberían estar terminadas y en funcionamiento desde el 12 de septiembre de 2021, pero no lo están y “no se han entregado a satisfacción y (no han sido) aprobadas por la gerencia del contrato (la interventoría)”. El documento precisa que existen “retrasos” en las obras faltantes de la fase I y del parque metropolitano.
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La Procuraduría llama la atención en cuanto a que el contratista espera culminar las obras pendientes el 15 de octubre de 2022, casi un mes después de la finalización del plazo, cuando aún no ha presentado una solicitud de prórroga a la gerencia del proyecto (interventoría).
Señala, además, que Ceps “no ha entregado la totalidad de los manuales de operación y mantenimiento” y que se evidenciaron “problemas de temperatura y vibraciones en algunos equipos”, así como “averías en equipos, errores en el funcionamiento de la planta y fallas de comunicación en el control y supervisión de los procesos que impiden el trabajo remoto en parte de las instalaciones”.
El contratista no ha entregado la totalidad de los manuales de operación y mantenimiento y que se evidenciaron problemas de temperatura y vibraciones en algunos equipos.
Y, según le dijo a este diario uno de los miembros de la comisión técnica, se encontró que algunos equipos presentan corrosión, cuando no debía existir ese fenómeno, tratándose de una planta nueva.
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El documento de la Procuraduría advierte que el entrenamiento del personal de la EAAB era de tres meses y debió culminar el 12 de septiembre de 2021, pero tan solo duró un mes, después de que la Ptar fue recibida por el Acueducto (el 16 de diciembre), “con la gravedad de la deficiencia de algunos de los equipos y, lo más grave aún, que no han sido recibidos por parte de la gerencia”.
Finalmente, el organismo de control dice que la “confusión de obligaciones” entre la licencia ambiental y el contrato “dan lugar a malinterpretaciones y diferencias” entre los consorcios que ejecutan la construcción y la interventoría, la CAR y el actual operador.
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Cabe recordar que la EAAB ha argumentado que recibió la planta y la está operando por orden judicial (del Tribunal Administrativo de Cundinamarca), aunque no cumple con las condiciones para un adecuado funcionamiento, no ha recibido las garantías de equipos ni los manuales de operación ni de mantenimiento.
En un comunicado, la empresa indica que equipos principales y críticos “presentan daños severos” o “fallas recurrentes” y algunos “nunca han operado”, que en el sistema de control y operación hay equipos que no están conectados o que “transmiten de manera errónea su estado” y que falta terminar la conexión entre las fases I (la planta antigua) y II.
La CAR, por su parte, le dijo a EL TIEMPO solo falta un 3 por ciento de la obra y que si bien han fallado equipos y faltan certificaciones y manuales, estos problemas se pueden solucionar. No obstante, aclaró que no ha recibido y tampoco la interventoría la obra porque una decisión judicial ordenó entregarla al Acueducto.
EL TIEMPO intentó conocer la opinión del contratista frente al informe de la Procuraduría General, sin embargo, este se abstuvo de pronunciarse.
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Editor de Bogotá
En Twitter: @guirei24
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