A pocas horas de comenzar 2026, año en el que los colombianos escogerán un nuevo Congreso y Gobierno, el país enfrenta un nuevo pico de violencia en territorios que han sido catalogados como zonas rojas por las instituciones, debido a las amenazas que allí persisten contra el ejercicio del voto libre.
En el Catatumbo, Norte de Santander, tal como ocurrió a comienzos de año, la confrontación entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Eln provocó un nuevo desplazamiento masivo de familias, elevando la cifra a más de 500 personas. En el Cauca, por su parte, el accionar criminal del autodenominado Estado Mayor Central, al mando de Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, ha traído de vuelta las tomas armadas de poblaciones y un aumento de los hostigamientos contra la Fuerza Pública.
Buenos Aires, Cauca, tras hostigamientos de disidencias. Foto:JUAN PABLO RUEDA
En octubre, el Gobierno identificó riesgo electoral en 104 municipios del país, la mayoría ubicados en Norte de Santander, Cauca, Nariño y Chocó, departamentos que, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), concentran —junto con Antioquia y Bolívar— el 67,69 por ciento de las acciones del conflicto armado en Colombia. En estos territorios, la disputa armada y el control ejercido por los grupos ilegales se traducen en restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, intimidaciones a líderes políticos y comunidades, y presiones directas sobre los votantes, factores que las autoridades consideran una amenaza directa para el ejercicio del voto libre.
La Defensoría del Pueblo, incluso, estableció un alcance mucho más amplio: hasta 649 municipios podrían estar en alerta. El registrador nacional, Hernán Penagos, subió el tono durante 2025 con constantes llamados a definir estrategias para garantizar este. derecho democrático. “Necesitamos garantías para el voto libre”, dijo en más de una ocasión.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez y el registrador Hernán Penagos. Foto:Registraduría
“Presencia de grupos armados ilegales que pueden incidir directa o indirectamente en el proceso electoral, por ejemplo, en que los candidatos se puedan movilizar, se puedan inscribir, puedan contar con fuentes de financiación independientes y no deban acudir a la financiación de grupos armados ilegales”, indicó la defensora del Pueblo, Iris Marín.
En el Catatumbo, las alertas más críticas se concentran en Tibú, donde más de 6.000 personas del corregimiento de Pachelly enfrentan restricciones a la movilidad por la presencia de actores armados y el riesgo de combates. En el Cauca, el hostigamiento a la estación de Policía de Suárez ocurrido mientras se desarrollaba un partido de fútbol familiar se sumó a una seguidilla de hechos violentos que el departamento venía registrando, incluidos los ocurridos en Buenos Aires.
Urnas elecciones atípicas 2025. Foto:Registraduría
Según la MOE, el Cauca fue el departamento con mayor concentración de violencia por parte de grupos armados en 2025, al reunir el 20,49 por ciento del total nacional, con 392 hechos documentados. De estos, 338 fueron acciones armadas y 54 amedrentamientos, lo que representa un aumento del 7,10 por ciento frente a 2024. A nivel nacional, la MOE registró 1.913 hechos de violencia de grupos armados ilegales, con un aumento de las acciones armadas (19,25 por ciento) y una disminución de los amedrentamientos (24,5 por ciento).
En departamentos como el Putumayo, la Organización Human Rights Watch (HRW) advirtió hace poco que los grupos armados (Comandos de la Frontera, y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez) han reforzado su control sobre la vida cotidiana de los ciudadanos y cometido graves abusos contra la población civil, en particular contra las comunidades indígenas.
El presidente Gustavo Petro junto a la cúpula de Fuerza Pública. Foto:Ovidio Gonzalez S/ Presidencia.
Para intentar reducir el impacto de los grupos armados en las elecciones, el Gobierno de Gustavo Petro cerró sobre la hora varios acuerdos en el marco de la política de ‘paz total’, orientados a garantizar el desarrollo del proceso electoral. El Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de ‘Calarcá Córdoba’; el ‘Clan del Golfo’; y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) firmaron supuestos compromisos de cara a los comicios en los últimos ciclos de conversaciones del año.
Algunos expertos también han identificado la aceleración de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en cuatro mesas de negociación como otra medida para reducir los riesgos, pese a que distintos sectores ven con desconfianza la operatividad de estos espacios de concentración. “Este mecanismo busca reducir la violencia de forma temporal en el próximo año e intentar dar un nuevo impulso a estas mesas de negociación”, señaló Theodore Kahn, director del equipo de Análisis de Riesgos Globales de Control Risks.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política