Luego del anuncio del gobierno de Gustavo Petro de adicionar más de 8,6 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de este 2026 para atender la emergencia económica derivada de la ola invernal que afectó a departamentos como Córdoba, todos los ojos están puestos en que esos recursos que saldrán del bolsillo de los contribuyentes no se lleguen a desviar justo en esta época electoral.
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Habrá nuevos impuestos. Foto:Fotomontaje a partir de imágenes de iStock
Esto por cuenta de que el dinero recaudado va a una bolsa común, que se asigna en función de las necesidades de cada momento de las diferentes carteras. Además, a través del decreto 0175 que se expidió hace unas semanas se daba vía libre a la contratación directa, lo que se salta la ley de garantías.
“Los recursos van a unas bolsas comunes: entidades públicas, departamentos y municipios afectados por las inundaciones. El gran riesgo consiste en que toda la contratación que se haga podrá hacerse a dedo. Se dispensó a los ejecutantes de estas obras de todo control de licitaciones o concursos de méritos. La gran corrupción asoma las orejas”, sentenció el exministro Juan Camilo Restrepo.
De igual manera, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, comentó que parte de la preocupación y la falta de transparencia del Estado, no solo de este gobierno, es que los recursos tributarios van a una bolsa común que luego el Ejecutivo decide cómo ejecutarla.
“Tal y como pasó con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) y de la pandemia, que no sabemos realmente cómo se gastaron, en las emergencias económicas no se encuentra un reporte claro. Se trata de un problema estructural de falta de transparencia. El recaudo se hace con una motivación específica, pero luego en la ejecución ese gasto casi no se vigila”, explicó el experto.
Sin embargo, desde el Gobierno, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le dijo a este medio que muy seguramente esos recursos serán apropiados después de las elecciones, o muy cerca de ellas, y que de su ejecución se encargará el próximo gobierno. “Entiendo la desconfianza permanente que existe sobre cómo se ejecutan estos recursos, pero aquí la única garantía que usted puede tener de que las cosas se hagan bien es tener gente decente al frente del Estado”, aseguró.
En concreto, en esta emergencia se apropiarán 6,3 billones de pesos a la UNGRD y ese monto tendrá los siguientes propósitos de gastos: 1,6 billones de pesos para Agricultura, 1,3 billones para Vivienda, 1,1 billones para Presidencia, un billón para Educación, 626.000 millones para Transporte, 187.000 millones para Ambiente y 110.000 millones para Minas y Energía.
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Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Foto:Archivo particular
Adicional a ello, otros 878.587 millones de pesos serán administrados por el Ministerio de Hacienda, 455.271 millones por el de Salud, 408.560 millones por Prosperidad Social, 280.000 millones por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 253.994 millones por el Ministerio de Defensa, 30.800 millones de pesos por la Dirección Nacional de Bomberos, 20.000 millones por la Defensa Civil y 5.900 millones por la Policía Nacional.
¿Qué impuestos vienen?
De momento, el Ejecutivo ya ha anunciado cuatro nuevos impuestos que pondrán a pagar más a algunas personas y empresas. Hace unas semanas, creó un impuesto al patrimonio empresarial que afectará a las compañías que tengan más de 10.000 millones de pesos. Estas van a tener que pagar una tarifa general de 0,5 por ciento y, en específico, las del sector financiero y minero-energético asumirán una tasa diferencial de 1,6 por ciento.
Igualmente, esta semana sacó tres nuevos impuestos. El primero de ellos amplía el impuesto al patrimonio a las empresas extranjeras que tienen más de 10.474 millones de pesos al 31 de marzo. En el decreto se indica que estas deberán declarar el tributo el 30 de abril y en esa misma fecha deberán pagar una primera cuota de 50 por ciento y la segunda se cancelará el 1.º de junio.
Adicional a ello, el Gobierno puso un impuesto nacional de 16 por ciento al consumo de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet y también creó un tributo complementario de normalización tributaria de 19 por ciento por el año gravable 2026, el cual estará a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes al 1.º de abril de 2026.
De otro lado, en medio de la emergencia el Gobierno también propuso reducir de manera transitoria las sanciones y los intereses moratorios de las personas. En específico, el decreto dice que los contribuyentes que se encuentren en mora al 31 de diciembre del 2025 podrán reducir sus sanciones siempre que se realice el pago total de lo que deben de aquí al 30 de abril.
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Emergencias por las inundaciones en Córdoba Foto:John Montaño/ EL TIEMPO
Cabe destacar que esta estrategia también estaba pensada en la emergencia suspendida. Según el Gobierno, hasta la suspensión de la Corte 175.000 contribuyentes y usuarios aduaneros se habían acogido a estos beneficios y el recaudo logrado fue de 1,63 billones de pesos por este concepto.
Más alertas
Para diferentes analistas y gremios, estos nuevos impuestos resucitan los suspendidos por la Corte Constitucional en la emergencia anterior, la cual buscaba tapar el hueco de 16,3 billones de pesos del Presupuesto de este 2026.
“Estas medidas reproducen sustancialmente algunas que ya habían sido decretadas por el Gobierno en la emergencia de diciembre de 2025, pero que fueron suspendidas por la Corte al pretender suplantar al Congreso en su rechazo del proyecto de ley financiamiento”, señaló el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien sostuvo que el nuevo decreto golpeará la inversión, la seguridad jurídica y la confianza inversionista.
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Imagen de referencia. Foto:iStock
En la misma línea, María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, opinó que se trata de un precedente peligroso pues convierte la excepcionalidad en un atajo al ampliar las cargas tributarias y reintroducir por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria.
“Recicla decretos frenados por la Corte, retoma ideas ya intentadas en el Congreso y empuja cambios estructurales en temas propios del legislador”, dijo la experta quien apuntó que lo que debería estar haciendo el Gobierno realmente es ajustar el gasto público.