La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer un control preventivo sobre los contratos suscritos por la Cancillería de Colombia desde agosto de 2025, con especial atención a 785 acuerdos firmados en enero de 2026 por más de 77.000 millones de pesos, antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías.
De acuerdo con la asociación, un total de 1.053 contratos se suscribieron desde agosto de 2025, entre los que hay varias preocupaciones. Según un listado, se observan contratos onerosos en las direcciones para prestar funciones difusas, generales y que en todo caso son misionales.
Entre los contratos suscritos en enero, los dos de mayor valor (253,2 millones de pesos cada uno) se le asignaron a Alberto León Grisales y a Sergio Enrique Ortíz, para la “Prestación de servicios profesionales altamente calificados de asesoría jurídica” específicamente a la Dirección del Talento Humano. Lo anterior en una entidad que cuenta con dos oficinas asesoras jurídicas, la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y la Oficina Asesora Jurídica Interna, ambas dotadas de abogados cuyo trabajo es, precisamente, cumplir esa labor. Esto sin contar con el GIT de Apoyo Jurídico dedicado a los asuntos consulares.
La canciller Rosa Villavicencio. Foto:Cancillería.
Entre los contratos más onerosos se encuentra uno por 215,2 millones de pesos para “Prestar servicios profesionales especializados en el Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores en el seguimiento de compromisos de país relacionados con el posicionamiento de Colombia como líder de la región en la promoción de una mirada internacional del desarrollo basada en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la sostenibilidad ambiental, la transición energética y el desarrollo rural como bases del desarrollo social y económico”. La beneficiaria es Claudia Marisol Moreno Ojeda, esposa del Representante a la Cámara Heráclito Landínez Suárez.
“Si bien esto no es una irregularidad en sí, valdría la pena estudiar si existen otros casos similares para descartar conductas como nepotismo o el tráfico de influencias“, apuntó Asodiplo.
Por otro lado, se alerta por el enorme número de contratistas asignados a dependencias. La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo suscribió cerca de 84 contratos para organizar tareas rutinarias, como la divulgación de la Carrera Diplomática y Consular (que antes hacía a costo cero apoyándose en funcionarios de planta), en tanto que a la Dirección de Asuntos Consulares, que este año debe enfrentarse a retos importantes como la organización de elecciones en el exterior y la atención de los connacionales en tres países con una diáspora colombiana muy significativa durante el mundial de fútbol 2026, solo registra 3 contratos, todos asignados al Grupo Interno de Trabajo de Colombia Nos Une (dirigido en el pasado por la actual canciller Rosa Villavicencio).
Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. Foto:Cancillería.
Además, se cuestiona la ausencia de cualquier tipo de apoyo programado para actividades coyunturales de gran calado, como las elecciones en el exterior o el Mundial de Fútbol, que no solo coincide parcialmente con las primeras, sino que tradicionalmente implica el desplazamiento masivo de colombianos y el incremento sustancial de las solicitudes de asistencia consular. Lo anterior en medio de las constantes quejas de los jefes de las oficinas diplomáticas y consulares, agobiados por la falta de recursos humanos para atender este tipo de eventos.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política