La reunión no estaba en la agenda del 19 Congreso Anual de Asofondos de este año. Se dio a puerta cerrada, en uno de los salones privados del encuentro que concluye este viernes en Cartagena, mientras afuera continuaban las exposiciones técnicas y los paneles públicos. Adentro, en cambio, el tono era otro: los presidentes de los fondos privados (AFP) y la cúpula del gremio discutían cómo responder a una decisión que ya consideraban inevitable.
No era una sorpresa. Desde hacía más de tres meses el mercado venía siguiendo las señales: borradores, advertencias, discursos. El Gobierno preparaba un decreto para obligar el traslado de los ahorros de quienes se movieron a Colpensiones durante la ventana de oportunidad que abrió la reforma pensional, aun bajo el escrutinio de la Corte Constitucional.
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Pero cuando finalmente llegó el Decreto 0415, lo hizo sin matices. Sin ajustes de fondo. Sin cambios frente a lo que ya se había anunciado. Y, sobre todo, con una orden difícil de ejecutar, el traslado cerca de 25 billones —recursos que hoy están invertidos— en cuestión de días.
Según uno de los asistentes a la reunión, la discusión en esa sala no fue si el decreto era conveniente. Fue qué hacer frente a él. La conclusión fue unánime: habrá batalla.
“A nosotros nos toca hacer todo lo que corresponde para proteger el ahorro pensional… no escatimaremos esfuerzos para defender esos recursos”, dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
Colpensiones podría recibir una parte de los recursos en títulos de deuda, según el decreto. Foto:César Melgarejo
No es solo una postura gremial. Es la definición de una estrategia que viene cargada de acciones judiciales, intervención ante altas cortes y un frente institucional para frenar lo que consideran una decisión que rompe las reglas del sistema.
Porque, en el fondo, el debate no es solo jurídico ni financiero. Es estructural, insistieron las directivas del gremio.
Dinero invertido
Para entender la dimensión del problema hay que empezar por lo básico: esos recursos no están en una cuenta esperando ser transferidos.
El sistema pensional basado en ahorro funciona justamente porque el dinero se invierte. Se mueve. Se multiplica en el tiempo. Hoy, los fondos administran más de 540 billones de pesos, de los cuales cerca del 70 por ciento son rendimientos acumulados.
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Pero, el decreto interrumpe ese ciclo, en la medida que obliga a trasladar recursos que están en portafolios complejos, como títulos de deuda pública, inversiones en infraestructura, activos internacionales. “Desarmarlos en semanas implica asumir pérdidas o, en el mejor de los casos, trasladar riesgos”, señalaron desde Asofondos.
Miguel Largacha, presidente de Porvenir, lo planteó con una advertencia que en el sector se repite como un diagnóstico: “Si tuviéramos que salir a liquidar 25 billones de pesos… se van a caer los precios de manera gigante, dañando los instrumentos de deuda pública y el mercado en Colombia”.
Sin embargo, el Gobierno previó una salida parcial y es permitir que una parte se entregue en títulos. Pero no todo puede moverse así. El resto tendría que venderse, un 30 por ciento de ese portafolio.
Miguel Largacha Martínez, presidente de la AFP Porvenir. Foto:César Melgarejo
Y ahí es donde el problema técnico se convierte en problema sistémico.
Punto de quiebre
Hasta ahora, la regla era clara, pues los recursos se trasladan cuando la persona se pensiona. No obstante, el decreto adelanta ese momento. Para los fondos, eso no es un detalle operativo.
Explican que es un cambio de fondo, en la medida que convierte ahorro de largo plazo en liquidez de corto plazo, un cambio que tiene implicaciones que van más allá del traslado puntual.
“Afecta la confianza en las reglas del sistema… pone en entredicho la protección de los ahorros individuales”, advirtió el gremio tras señalar que en un sistema pensional, la confianza no es un accesorio, es el activo central.
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Presión fiscal
Aunque el debate se presenta en términos técnicos, hay una interpretación más amplia que empieza a tomar fuerza.
El traslado de recursos ocurre en un contexto de presión fiscal. El régimen público de pensiones requiere cada año transferencias cercanas a 35 billones de pesos para cubrir sus obligaciones. Y ese déficit no deja de crecer.
En ese escenario, los 25 billones de pesos aparecen como una fuente inmediata de liquidez. No es una acusación explícita, pero sí una interpretación que circula entre analistas y expertos.
Camilo Cuervo, abogado experto en el tema, lo resume en una frase: “Se les avecina una crisis de caja muy significativa… y estos son recursos frescos”.
Ahí se cruza la línea más delicada del debate: usar hoy recursos que estaban diseñados para financiar el mañana.
El decreto tiene, además, una fragilidad jurídica evidente para el sector. Se apoya en una reforma pensional que aún está bajo revisión de la Corte Constitucional. Y, según expertos, no se puede reglamentar una norma que no está plenamente vigente.
Pero hay un elemento que cambia el ritmo del conflicto: la presunción de legalidad. El decreto puede ejecutarse mientras no sea suspendido o anulado, lo que obliga a actuar rápido.
Por eso, la estrategia definida en Cartagena incluye acciones inmediatas ante altas cortes y organismos de control. El objetivo no es solo tumbar el decreto, sino evitar que sus efectos se materialicen antes de que haya un fallo.
Aspectos del Congreso Anual de Asofondos que concluye el viernes en Cartagena. Foto:Asofondos
“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance… dentro del Estado de derecho, para proteger esos recursos”, reiteró por su parte, Juan David Correa, presidente de la AFP Protección.
Para los expertos, en apariencia, se trata de un traslado contable, pero en realidad, es una señal sobre el rumbo del sistema pensional.
Si el ahorro puede moverse antes de tiempo, si las reglas pueden ajustarse en función de necesidades inmediatas, el modelo cambia. Y con él, las expectativas de millones de afiliados.
Porque, al final, el sistema no se sostiene solo con números sino con una promesa, que el dinero ahorrado hoy estará disponible mañana.
Por eso, en opinión del sector privado, más que un decreto, lo que está en juego es la manera en que Colombia decide financiar su vejez.