Luego de que el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Gutiérrez, confirmó que se suspendió el proceso de adjudicación de las obras en el Canal del Dique, por 3,2 billones de pesos, tras una alerta de la Contraloría General de la República, la compañía española Sacyr, único oferente en la licitación, se mostró a la expectativa de la definición que tome el nuevo gobierno.
“Sacyr acata la decisión de la ANI y está a disposición de las decisiones que tome el nuevo gobierno sobre el futuro del proyecto y reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de Colombia”, indicó la compañía en un corto pronunciamiento.
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Sobre esta licitación, el organismo de control y vigilancia de los recursos públicos indicó que el proceso realizado por la ANI mostraba un posible riesgo en el proceso de adecuada adjudicación de la licitación, argumentando razones como inconsistencias en el cumplimiento de requisitos habilitantes de Sacyr como único oferente.
Sin embargo, a pesar del corto pronunciamiento, la empresa se refirió también al proceso responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República en el Puente Hisgaura, en Málaga (Santander), recordado porque tras las obras adelantadas por la firma presentó deformidades y ondulaciones parecidas a un acordeón.
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Sacyr recordó que los diseños que recibió para la construcción del puente Hisgaura no permitían hacer una construcción con seguridad, y por eso los cambió.
Jaime Moreno Vargas
Sobre el particular, aseguró que el puente Hisgaura está en uso y prestando servicio a los usuarios, y enfatizó que en este proceso de la Contraloría la compañía tiene condición de investigada y no de imputada, como se ha afirmado, y sobre el cual no hay ninguna resolución o decisión en firme.
“En laudo arbitral del 27 de enero de 2021 quedó demostrado que los diseños que entregó el cliente para la ejecución del puente no eran construibles con seguridad y que Sacyr actuó con diligencia al cambiarlos”, añadió la empresa.
Caso de petición de multa en España
Igualmente, la firma se refirió a la sanción que en España propuso aplicarles a 6 empresas constructoras en ese país la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc), de 203,6 millones de euros, entre estas Sacyr, por una supuesta práctica anticompetitiva que consistiría en la contratación conjunta de algunos trabajos previos a las licitaciones.
“La Cnmc es clara al afirmar que no se trata de una cartelización y su sanción se basa en una supuesta práctica anticompetitiva”, agregó Sacyr al precisar que ninguna de las actividades a las que hace referencia el expediente de la Cnmc constituye una práctica que vulnere la libre competencia.
“Los trabajos encargados no eran diferenciadores y no tenían impacto en la puntuación técnica final de las licitaciones. En consecuencia, tampoco contaban con capacidad para tener un efecto anticompetitivo”, añadió la empresa española.
Por ello, y al considerar la propuesta de sanción como injusta, Sacyr la recurrirá ante la Audiencia Nacional y solicitará la suspensión de todos sus efectos, en un proceso de dura alrededor de 5 años, no está en firme y no tendrá ningún efecto en las actividades en Colombia.
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