Los bogotanos han visto en las últimas semanas a la alcaldesa Claudia López fijando categóricamente su posición frente a dos millonarios contratos sobre los cuales hay preocupaciones por el avance de los mismos y por incumplimientos porque, al final, pueden estar en riesgo los recursos de la ciudad.
Uno es la concesión para la disposición final de basuras en el relleno sanitario Doña Juana y el tratamiento de lixiviados, y otro, la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Salitre. Ambos están en instancias judiciales, donde se han producido decisiones, algunas de ellas polémicas, o están a la espera de fallos.
Lea además: El Distrito denunciará a operador de relleno sanitario Doña Juana
“Aquí está su alcaldesa como una guardiana cuidando sus intereses y sus bolsillos (…). Esta alcaldía y esta alcaldesa van a ir hasta las últimas consecuencias con cualquier contratista que no les cumpla a los bogotanos”, fue la advertencia que hizo hace unos días la mandataria al referirse a tales contratos.
Y recordó: “Lo estoy haciendo defendiéndolos del abuso de poder y corrupción que ha tenido el operador del relleno Doña Juana, CGR; lo denuncié también en días pasados y tomamos medidas jurídicas y penales. En este momento (en el caso de la Ptar Salitre) estoy haciendo una advertencia y una solicitud”.
Le sugerimos leer: El debate por recursos del cupo de endeudamiento que irían a la Distrital
La mandataria se refería a que faltando 52 días para terminar el contrato, la planta no está en condiciones de operar, que el 31 por ciento de los equipos críticos para la operación han presentado fallas reiteradas y que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) no ha recibido las garantías de esos equipos ni los manuales de operación. La Ptar fue contratada por la CAR en 2016 por 1,5 billones de pesos, con plazo de 5 años. El objetivo es tratar el 30 por ciento de las aguas residuales.
REDACCIÓN EL TIEMPO
De acuerdo con información del Acueducto, el 12 de septiembre de 2021 debían estar los cinco componentes que conforman el Hito 1 (la Fase II o de optimización), pero hasta ahora solo uno (el tratamiento preliminar y primario) ha sido recibido por la interventoría y la CAR. Y aún falta el empalme de las fases I (la antigua planta) y II.
Desde hace 10 meses debió comenzar la fase de operación asistida, donde la EAAB debía hacerse cargo de la planta con el acompañamiento del constructor (Consorcio Expansión Ptar Salitre, CEPS). Esa etapa estaba contemplada durante un año. Sin embargo, la empresa recibió la planta y asumió la operación por orden judicial, a partir del 16 de diciembre pasado, no sin antes advertir que la Ptar no estaba en condiciones de operar y que faltaban certificados de equipos y manuales.
Para ese momento la misión del Banco Mundial había identificado “que existen elementos clave que pueden representar un riesgo para el funcionamiento sostenido y eficiente de la Ptar y continuar alcanzando los objetivos de tratamiento”. El consorcio, por su parte, ha alegado todo lo contrario. Recientemente afirmó que la planta está operando, trata el 100 por ciento del agua residual que recibe (6,5 m3/seg) y que en septiembre de 2021 ya cumplía con los parámetros de tratamiento, y que así lo certificó este año la Anla.
La alcaldesa, advirtió que esperaba que en lo que falta para terminar el contrato se resuelvan los problemas, porque si no, estaban en riesgo la descontaminación del río Bogotá y la plata de los bogotanos. “No podemos meterle más plata a algo que ya pagamos, para corregir fallas de equipos, fallas de operación, eso no tiene sentido”, señaló la mandataria.
“No podemos meterle más plata a algo que ya pagamos, para corregir fallas de equipos, fallas de operación, eso no tiene sentido”
En este caso también hubo una decisión judicial que ha causado polémica y que no solo le generó preocupación a la mandataria, sino también a la designada Ministra de Ambiente, Susana Muhamad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la CAR pagarle al contratista cuentas por 117.000 millones de pesos, aunque ni la entidad ambiental ni la interventoría han recibido la mayoría de hitos de la obra.
El caso del relleno sanitario
De las peleas que está dando la Alcaldía tal vez la más conocida es el permanente conflicto que la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) tiene con el consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), que opera el relleno Doña Juana desde 2011. Se espera que dicha concesión finalice en 2024, una vez se cope la capacidad del terreno licenciado para ese fin.
En una audiencia en el Tribunal de Cundinamarca, a causa de una querella promovida por CGR contra la Uaesp buscando la suspensión de los artículos del POT que establecen otras alternativas para la disposición en Doña Juana, Claudia López sorprendió cuando se refirió en fuertes términos al incumplimiento del concesionario con el tratamiento de lixiviados. Afirmó que nunca han superado el 58 por ciento de los parámetros.
“Ustedes no tienen ninguna autoridad ni moral, ni jurídica, ni técnica para venir a hablar del adecuado manejo de residuos sólidos ni de tecnologías”, le dijo la mandataria al operador durante la audiencia, en la que también lo señaló de estarse quedando con plata que los bogotanos han pagado, vía tarifa, por ese proceso.
En 2018, este concesinario fue sancionado por un tribunal de arbitramento, que además le ordenó inversiones y actividades avaluadas en 150.000 millones de pesos en Doña Juana, particularmente en la adecuación de la planta de tratamiento de lixiviados. Sin embargo, hoy, de acuerdo con la alcaldía y la Uaesp, el operador no ha cumplido más del 58 por ciento de los parámetros, y hay meses en los que apenas ha cumplido el 11 por ciento, con lo que los lixiviados, que son altamente contaminantes, siguen siendo vertidos al río Tunjuelo y luego terminan en el río Bogotá.
En la actualidad, la entidad encargada de administrar el servicio de aseo enfrenta una demanda en un nuevo tribunal de arbitramento (está próximo a reiniciar, tras dos meses suspendido por la renuncia de uno de sus árbitros), en el que las aspiraciones del operador se estiman en 1,1 billón de pesos. Reclama una presunta insuficiencia financiera de las tarifas que remuneran sus actividades.
El operador fue contrademandado porque no está probado que la tarifa ha sido insuficiente para cubrir los costos de operación y que era él quien tenía que acudir a la CRA para que le modificaran las tarifas. En este caso, la Uaesp había abierto un proceso sancionatorio con 13 presuntos incumplimientos, seis por fallas en la disposición y siete por tratamiento de lixiviados, sin embargo, estos fueron suspendidos por el nuevo tribunal de arbitramento.
En medio de ambas polémicas ha estado la magistrada Nelly Villamizar, reconocida por sus decisiones en favor de la recuperación de la cuenca del río Bogotá, como lo fue la histórica sentencia que vinculó con una serie de tareas a municipios, Distrito, Gobernación, entidades y empresas, y que fue confirmada en 2014 por el Consejo de Estado. En el seguimiento a esas órdenes tiene los casos de Doña Juana y la Ptar Salitre.
No obstante, sus últimas decisiones, como ordenar a la EAAB recibir y operar la Ptar y exigir el pago al consorcio CEPS, la tienen contra las cuerdas. No solo causaron polémica, sino que generaron el rechazo de la Procuraduría, que pidió revocar la orden de pago, y llevaron a la entrante ministra de Ambiente a poner una denuncia penal y una queja disciplinaria.
Ante esto, Villamizar anunció que iba a pedir al Consejo de Estado su retiro del proceso del río. “Mi familia está preocupada y no quiere que se siga enlodando mi buen nombre denunciándome (…) cuando llevo protegiendo los recursos del río para que no se lo sigan malgastando”, le respondió en un mensaje a este diario.
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
EDITOR DE BOGOTÁ
@guirei24
Fuente