El sector de los operadores móviles y fijos de internet está levantando la mano: su situación financiera se está complicando y la asfixia se hace presente en varias empresas.
El primer campanazo lo dio Tigo hace unos meses cuando anunció que se quedaba sin liquidez y que acogerse a la reorganización, un eufemismo de la ley de quiebras, era el único camino que le quedaba.
Con agilidad, el Ministerio TIC se movió, se ajustaron medidas, se consiguieron recursos, se permitieron fusiones técnicas con Movistar en su red e infraestructura, y el oxígeno volvió a fluir por los pulmones de una empresa que aún se recupera.
Ahora el que palidece ante la ausencia de liquidez es WOM, empresa que comenzó a flaquear en Chile, se acogió a quiebra en Estados Unidos y ahora en Colombia está en el mismo camino.
¿Por qué está pasando esto? ¿No eran acaso los operadores móviles empresas saludables y boyantes? La realidad es que esto ya no es así. Este negocio se ha vuelto deficitario, que exige un constante y alto volumen de inversión, y en el que año a año se crece en oferta (más internet, más datos, más aplicaciones, ilimitado), a un menor precio, es decir, menos recaudo de los clientes.
Un estudio de la Universidad Nacional mostró que el Arpu (ingreso promedio por usuario) ha caído 55 por ciento entre 2012 y 2022, mientras que las tarifas promedio de internet móvil es la segunda más barata de Latinoamérica. Es decir, más servicio, más inversión, por menos plata.
Luego se suman otros efectos propios del mercado: la dura competencia que planteó WOM con precios muy agresivos impacto fuertemente a toda la industria; se hizo una subasta de espectro (la de 5G) que significó $ 1,3 billones por permisos y unos $ 28 billones en inversiones en el futuro; también se hicieron renovaciones de espectro que significaron un esfuerzo financiero alto, aunque hay que reconocer que este gobierno implementó medidas y ajustó procesos para que fuese lo menos complicado para los operadores.
Seguido están las regulaciones que terminan también poniendo presión a una industria que flaquea: un nuevo régimen de calidad que obliga a los operadores a duplicar su velocidad de las redes, con inversiones que serán de unos $ 8 billones; o leyes, como una recién aprobada, que elimina un cobro justificado y avalado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la reconexión cuando un deudor se queda sin servicio, una millonada adicional que deberán asumir las empresas, a cargo de los que sí son buenas pagas.
Es hora de que se haga una revisión general de esta industria. No se trata de subsidiarlos ni de ‘rescates’ económicos. Se trata de depurar el marco regulatorio y de cuidarnos de leyes populistas para que esta industria pueda operar sana, con normas claras, seguridad jurídica, que incentive la competencia y los equilibrios. Este es un servicio público fundamental en el que no existen los racionamientos.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
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