El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, le envió una carta directamente al presidente del Senado, Iván Name, para exponerle sus preocupaciones frente al proyecto de reforma pensional.
De acuerdo con Gaviria, no hay los suficientes recursos para otorgar el bono pensional planteado por el primer mandatario, sobre todo ante la realidad de que solo el 40 por ciento de la población en edad laboral cotiza a pensión. Para el líder liberal, debe aumentarse esa población que cotiza y, al mismo tiempo, plantearse en el debate si no debe aumentarse la edad de retiro ante el crecimiento de la esperanza de vida.
En esa línea, ante estas dudas, Gaviria expuso que sería mejor que el proyecto actual se archivara y se procediera a radicar una nueva propuesta que haya sido conciliada de forma previa.
Carta de César Gaviria a Iván Name
Me dirijo a usted con la intención de expresar mis preocupaciones en relación con la actual reforma pensional que se está debatiendo en el Senado de la República. Coincidimos con el Gobierno que este es un tema de suma importancia y el sistema actual tiene muchas falencias que se deben corregir.
Es ampliamente conocido que solo las personas que devengan altos salarios en el sector público tienen la posibilidad de pensionarse con montos acordes a sus cotizaciones y derechos, dejando excluidos a quienes no alcanzan este nivel de años cotizados. Este tema requiere una atención prioritaria y un análisis detallado, ya que abordarlo correctamente demanda al menos varias semanas de trabajo intenso y conlleva un costo significativo en recursos. Pero no podemos conformarnos con la idea de que una reforma pueda abarcar a toda la población, un desafío que hasta la fecha ningún país ha logrado resolver.
No debemos pasar por alto que las cotizaciones que una persona haya realizado al sistema representan un derecho del cual el Estado no puede apropiarse y menos ponerlas en riesgo. Son derechos adquiridos. El Gobierno está en lo correcto al destacar la importancia de que cualquier reforma aprobada sea justa, equitativa y financieramente viable. Pero el costo de una reforma pensional en las actuales circunstancias fiscales resulta prácticamente inalcanzable. La dificultad de aprobar una reforma tributaria destinada a la reforma pensional únicamente no parece ser una opción viable en el inmediato futuro. Nuestra débil tasa de crecimiento económico no nos permite confiar en que la tributación sea la solución para subsanar esta grave deficiencia en nuestro sistema de seguridad social en los años venideros. El Banco Mundial ha dicho que el crecimiento bajo puede durar hasta una década y estamos casi en el último lugar en tasa proyectada de crecimiento del 1,3 por ciento. Sin embargo, podría ser factible eliminar muchos de los subsidios que actualmente otorga la nación. Pero hacer esto no se puede de manera precipitada.
Es esencial identificar y abordar estos desafíos para lograr una reforma pensional efectiva y equitativa. No obstante, es importante reconocer que resolver todos los vacíos o problemas de todas las personas en edad de jubilación, como sugiere el Gobierno, es una tarea imposible. Por ende, necesitamos ajustar nuestras expectativas y buscar soluciones realistas y viables.
Extender el sistema a todos los ciudadanos sin excepción implica que incluso aquellos que no han cotizado en absoluto recibirán una con recursos del presupuesto nacional, de manera que todas las personas mayores recibirán algún pago. Sin embargo, el costo de este enfoque es descomunal. Además, la limitación de las cotizaciones a salarios y rentas de capital representa un obstáculo significativo para aumentar la afiliación al sistema pensional. Es imperativo explorar medidas que fomenten una mayor participación y contribución de los trabajadores al sistema, para asegurar así su sostenibilidad a largo plazo. En la actualidad, solo el 40 por ciento de la población económicamente activa está afiliada al sistema pensional. Se necesitan estrategias que motiven a más trabajadores a unirse al sistema y realizar sus cotizaciones regularmente. Esto conllevaría un aumento en los ingresos del sistema, lo que contribuiría a su estabilidad financiera a largo plazo.
Considerar un aumento de los requisitos para tener derecho a una pensión, tanto en edad de jubilación como en el número de semanas cotizadas, no puede descartarse y podría formar parte de una solución aceptable. Esto tiene fundamento en el significativo aumento de las expectativas de vida en todos los países.
No podemos pasar por alto la necesidad de una administración adecuada y responsable de los recursos destinados a la reforma. Es fundamental ser transparentes con los ciudadanos y no engañarlos. En este sentido, considero que el papel del Banco de la República o de fideicomisos que administren el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y que renten de manera satisfactorias, es fundamental para garantizar la transparencia y eficiencia en su gestión. Es importante señalar que el Fondo Nacional de Ahorro, del cual el Gobierno ha hablado como sustituto del Banco de la República, no es una alternativa confiable. Recientemente, quedó probado el mal uso de los recursos, lo que significó la salida del gerente. Y peor aún, no se le puede confiar en estos momentos tan importantes tareas a Colpensiones, no es hoy una entidad en la cual muchos confían para el manejo de recursos tan cuantiosos.
Fedesarrollo y Anif estiman que el valor neto del sistema de protección pasaría de $ 119,9 billones a $ 184,5 billones con la reforma propuesta, lo que representaría un incremento del pasivo pensional en $ 64,6 billones. Al contrario de lo establecido por el Ministerio de Hacienda en octubre del año pasado, cuando estimó que la reforma pensional podría aumentar el pasivo pensional en $ 678 billones para el 2100. Esto significa que el costo total del sistema pensional, incluyendo las obligaciones futuras, se incrementaría en un 84 por ciento del PIB. Y aun así, las cifras que se han presentado pueden ser insuficientes para alcanzar los objetivos de la reforma que se nos propone para mejorar nuestro actual sistema de pensiones.
En este sentido, para abordar la falta de claridad sobre las cifras y el verdadero costo de la reforma actual, es crucial considerar al menos tres escenarios. En primer lugar, la situación actual del sistema de pensiones revela que el pasivo pensional para el año 2100 equivaldría al 84 por ciento del PIB. Si bien se observa un flujo negativo desde 2025, el escenario de la actual reforma inicialmente muestra un flujo de caja positivo. Sin embargo, este flujo positivo se deterioraría pronto año tras año, resultando en un pasivo pensional que alcanzaría aproximadamente el 126 por ciento del PIB, una cifra preocupantemente alta.
Para abordar este aspecto, podemos convertir las cifras anteriores en un stock total como un flujo de caja constante, una visión anualizada que no se ha tomado aún en cuenta. Actualmente, el pasivo pensional anualizado representa el 3,2 por ciento del PIB. Con la propuesta del Gobierno, este se eleva significativamente a un 4,8 por ciento, mientras que con la propuesta alternativa se modera, aumentando al 4,4 por ciento del PIB. Es decir, con la reforma actualmente en trámite, el costo sería del 1,6 por ciento del PIB anual, mientras que con la situación actual, aumentaría a un costo del 1,2 por ciento, equivalente a 20 billones de pesos —una reforma tributaria—. Pero en el escenario de la propuesta alternativa, se mantendría un ahorro favorable de manera inmediata del 0,4 por ciento por un corto periodo.
Es importante destacar que este costo no se materializaría a partir de 2025 con la aprobación de la reforma; es un efecto de mediano y largo plazo. No se puede descartar la posibilidad de cambiar el parámetro de edad de jubilación y semanas cotizadas, lo cual corresponde al aumento significativo de las expectativas de vida y al progresivo envejecimiento de toda la población. El régimen de prima media escalonado está llegando a su agotamiento. Y yo creo que es inconveniente obligar los ciudadanos a afiliarse a ese sistema.
Necesitamos una reforma consensuada y realista, que permita gestionar de manera más sostenible y equilibrada el pasivo pensional a lo largo del tiempo. Esto es muy difícil de hacer a las carreras porque el Estado ha perdido mucha de su capacidad de hacer nuevas erogaciones. Un crecimiento tan bajo de la economía como el que se produjo el año pasado y que se repetirá este año y puede que durante varios años más, hasta una década, según el Banco Mundial, y Colombia está casi de última porque se espera un crecimiento de 1,3 por ciento.
La solución por la que optó el Gobierno en la reforma de la salud, que fue la de hacer unas proyecciones de los ingresos de la nación, está muy lejos de que el Ministerio de Hacienda otorgue el aval fiscal requerido, lo cual generaría un vicio en el trámite.
Es imprescindible que cualquier reforma se trabaje desde el comienzo con el Ministerio de Hacienda y que se cuente con aval fiscal del Ministerio de Hacienda para impartir cualquier aprobación de la reforma.
Reducir el umbral del pilar contributivo desde tres salarios mínimos a un salario y medio permitiría un ahorro fiscal de 30 puntos del PIB, lo cual equivale a financiar 25 líneas del metro de Bogotá. Sin embargo, extender la contribución del pilar contributivo a tres salarios mínimos sería generar obligaciones que el sistema no está en condiciones de asumir.
Es crucial que el proceso de reforma pensional se lleve a cabo de manera transparente, participativa y responsable, asegurando que se aborden adecuadamente las preocupaciones y necesidades de una buena cantidad de nuestra población. Sin embargo, no podemos permitirnos el lujo de no entregarle a la población unos derechos sin resolver la verdadera disponibilidad de los recursos hacia el futuro. También es imposible pensar en un sistema en el cual todos los ciudadanos tengan derecho a una pensión de vejez o estén cubiertos por una renta básica solidaria aunque nunca hayan llegado a cotizar.
Un artículo de la reforma habla de que el Gobierno aportará los recursos para la financiación del proyecto. Decir que lo va a hacer el Gobierno sin saber de dónde van a venir los recursos puede llevarnos a una situación en la que lo podríamos llamar una gran frustración, o mejor dicho, hacia el futuro sería un gran engaño. La tarea que tenemos por delante es concebir una reforma tributaria de significativo impacto que pueda asegurar que el Ministerio de Hacienda esté en condiciones de garantizar la disponibilidad presupuestal para atender los costos de la reforma. No se puede aprobar la reforma sin el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Tal como ha sucedido con la reforma de la salud en la Cámara, para la cual el Ministerio de Hacienda solo entregó una proyección de los ingresos de la nación. Esto representa un vicio de trámite, sin duda.
No soy partidario de negar el proyecto gubernamental si se llega a una solución viable. Habría que pensar si en la próxima legislatura presentaríamos una reforma consensuada que resuelva el problema de proveer los recursos para por lo menos mejorar el sistema actual de una manera que sea realista. Estamos seguros de que las distintas organizaciones políticas verían con buenos ojos un camino como el que sugiero. Creo que mi partido vería con buenos ojos esta opción.
Agradezco sinceramente su atención a estas preocupaciones y confío en que usted y sus colegas en el Senado considerarán cuidadosamente estos puntos durante el proceso de debate y toma de decisiones.
CÉSAR GAVIRIA
Expresidente y director del Partido Liberal