El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó el proyecto del presupuesto general de la nación (PGN) para 2023, por 391,4 billones de pesos, el cual es el último que presenta la administración de Iván Duque, y sería el primer presupuesto con el que funcionará la administración de Gustavo Petro.
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El articulado del proyecto, que será discutido en las próximas semanas, tiene como uno de sus puntos centrales, a diferencia de otros años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), por la importancia que ha cobrado en los últimos meses para evitar el alza de los precios de la gasolina en un contexto global de incrementos de precios del crudo.
El Fepc presentó un déficit de 14,2 billones de pesos al cierre del primer semestre de este año, y para atender estas necesidades, el PGN del próximo año propone un monto de 19,1 billones en transferencias para el Fepc, lo que equivale a 1,3 por ciento del PIB.
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El art. 76 del proyecto, referente al pago de las obligaciones del fondo, establece que para atender las obligaciones “el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará directamente las correspondientes transferencias”, y que para el efecto podrá utilizar las apropiaciones presupuestales disponibles no comprometidas o los recursos que se encuentren como saldos de caja del Fepc.
También determina que las obligaciones del Fepc se podrán atender mediante apropiaciones de servicio de la deuda disponibles no comprometidas, y que en el año 2023, el Gobierno nacional podrá utilizar, previa evaluación, el excedente de dividendos neto por la vigencia 2022 a transferir de Ecopetrol a la Nación como socio mayoritario, para compensar las deudas del Fepc con el Grupo Ecopetrol, sin que para esto se requiera operación presupuestal.
Los recursos
El proyecto del PGN de 2023 es 11,1 por ciento superior al presupuesto de 2022, que es de 352,4 billones de pesos.
A pesar de ello, destaca que la inversión para el próximo año vería una reducción, pues pasaría de 69,6 billones de pesos que tenía asignado en el presupuesto de 2022 a 62,7 billones, una variación de -9,8 por ciento. Y como porcentaje del producto interno bruto (PIB), el rubro de inversión pasaría de ser el 5,1 al 4,3 por ciento.
En el caso de los gastos de funcionamiento, que equivalen al 64 por ciento del total propuesto, el aumento para 2023 sería del 18 por ciento. Con un presupuesto estimado de 250,6 billones de pesos, mientras que en el PGN de 2022 el rubro eran 211 billones.
Por el lado del servicio de deuda también se prevé un aumento, en este caso del 8,8 por ciento, de 71,6 billones de pesos en el presupuesto general de 2022 a 77,9 billones en el anteproyecto de presupuesto para el próximo año.
Por sectores, aquellos que tendrían la mayor asignación de recursos en materia de inversión en el proyecto son inclusión social y reconciliación, con 25,36 por ciento del total, equivalente a 15,9 billones de pesos; transporte, con 9,66 billones (15,39 por ciento); para hacienda la asignación está en 6,8 billones (10,94 por ciento del total); mientras que educación aparece como la cuarta mayor asignación, con 5,2 billones (8,31 por ciento) y trabajo, con 4,6 billones (7,36 por ciento).
Juan David Oviedo, investigador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explica que alrededor de 90 por ciento del presupuesto es fijo por ley, como es el Sistema General de Participaciones o proyectos de inversión tienen asignaciones fijas porque corresponden a vigencias futuras y señala que sería “muy constructivo” poder identificar gastos puntuales para entender el margen de maniobra para asignar los recursos libres.
De hecho, la suma de las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones y el aseguramiento en salud, 143,6 billones de pesos, explican más de la mitad del total de los gastos de funcionamiento.
Las transferencias para el SGP ascenderán a 54,9 billones de pesos, el pago de las mesadas pensionales a 56 billones y el aseguramiento en salud sería 32,7 billones.
“El presupuesto no permite ni siquiera a nivel de programa como se nos gastamos la plata. Hay un ejercicio que vale la pena hacer, coger los nombres de programas y buscarlo, como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Colombia Mayor o Generación E, cualquier programa, pero si se buscan esas palabras en el presupuesto no es posible identificar como gastamos”, asegura Oviedo.
El experto menciona además que por ello, ningún gobierno tiene mucho margen para políticas públicas, por lo que sugiere como alternativa, identificar mejor los presupuestos fijos y cuáles son los variables, y en segundo lugar, reconocer que si se quieren implementar programas sociales nuevos, probablemente necesite una tributaria que aumente los ingresos.
Así va la ejecución en 2022
Mientras se prepara la discusión del PGN de 2023, vale la pena mencionar que el presupuesto actual presenta una ejecución de 52,2 por ciento en relación con los recursos comprometidos al cierre del primer semestre (184,1 billones de pesos) frente al total apropiado (352,4 billones).
Vale mencionar que el monto del PGN aprobado por la Ley 2159 del 12 de 2021
(350,4 billones de pesos) fue modificado durante el primer semestre del año en un valor neto de 2 billones.
En cuanto a las apropiaciones sin comprometer a esa altura de la vigencia ascendieron a 168,3 billones de pesos.
Por tipo de gasto, 59,9 por ciento de este total se asignó a funcionamiento, 20,3 por ciento a servicio de la deuda y 19,8 por ciento a inversión.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
PORTAFOLIO
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