La autopista 4G que iba a conectar Bucaramanga con Pamplona en 133 kilómetros quedó paralizada y, al momento, no hay avance alguno para su construcción. Se trata de un contrato de concesión que se realizó el siete de junio del 2016 denominado Autovía Bucaramanga – Pamplona. La empresa encargada del megaproyecto es CSS Constructores SA, a nombre de Carlos Alberto Solarte, quien está salpicado por el escándalo de Odebrecht.
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La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, desde el 2018, alertó que el constructor CSS tenía dificultades financieras porque Carlos Solarte estaba involucrado en otro proyecto, en Bogotá, que tiene que ver con el presunto caso de corrupción de la empresa brasilera.
La obra quedó quieta, se está deteriorando el lugar, preocupa porque hay mucha erosión, hay peligro de movimiento en masa por falta de mantenimiento”.
El contratista no tenía los recursos suficientes, no había apalancamiento financiero, estaba como castigado por bancos.
“El socio principal de este consorcio es Carlos Solarte, y a su vez estaba de socio en el proyecto de Tunjuelo – Canoas, en Bogotá, y en este proyecto participó Odebrecht, se ha visto perjudicado y ha tenido dificultades para el cierre financiero para este y otras concesiones y ahí podría pasar que otros socios o constructores tomen la dirección de la obra”, dijo en el 2018, Louis Kleyn, que en su momento fue el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
El 20 de agosto del 2019 se dio fecha de inicio del proyecto y se esperaba que la duración fuera de cuatro años para finalizar el 30 de septiembre del 2022. Esta obra se dividió en cuatro hitos.
El hito uno es la conectante C1 C2 que va desde la Universidad Pontificia Bolivariana, en el kilómetro ocho, vía Bucaramanga – Pamplona, esto equivale al 61 % de la obra.
El hito dos va desde el kilómetro ocho hasta Cuestaboba y serían 65 kilómetros, en el que se haría la rehabilitación de la calzada como el mejoramiento de curvas y presentación de obras de drenaje.
El hito tres es de Cuestaboba hasta Motiscua y el cuarto de ese último sector mencionado sería hasta Pamplona. Estas tres etapas equivalen al 39 % de la obra.
Lo preocupante y alarmante de este mega proyecto es que solo se ha ejecutado el 11,2 %. Según los veedores de la Cámara de Comercio de Bucaramanga la unidad funcional uno que equivale a la conectante C1 C2 solo registra el 2,7 % de avance y las unidades 2, 3, 4 tienen la ejecución del 24 %.
Orlando Pedroza, veedor ejecutivo de la línea de infraestructura de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lamentó que a la fecha la autovía Bucaramanga – Pamplona está totalmente quieta y solo hay operatividad del carro bomba, carga de grúa y ambulancia.
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“La obra quedó quieta, hay un pesimismo gigante, no da respuesta ni la concesión ni la ANI. No se sabe qué va a pasar, se está deteriorando el lugar, se iba a un tribunal de arbitramento, una empresa australiana iba asumir la obra, pero no se sabe nada, preocupa porque hay mucha erosión, sigue lloviendo, hay muchos taludes cerca a la vía, hay peligro de movimiento en masa por falta de mantenimiento”.
Pedroza explicó que las razones por las que no avanza esta obra son por falta de dinero por parte del contratista Solarte. Al parecer, esta entidad habría entrado en crisis por escándalos relacionados con Odebrecht, según le contaron a EL TIEMPO varias fuentes.
El pesimismo es total, que es un elefante blanco porque vamos mucho tiempo esperando a que haya un nuevo socio, no hay fechas programadas, no hay compromiso que apunten a una solución.
Este escándalo hizo que los bancos no le prestaran a Solarte y, por ende, la empresa no tendría saldo para construir. Otra de las versiones es que apenas se conoció que se iba a construir, se talaron más de 500 árboles de los Cerros Orientales, esto originó un sin número de protestas de la comunidad y de ambientalistas y dificultó el avance de la obra.
“El problema desde que inició la obra, no puedo afirmar, pero el contratista no tenía los recursos suficientes, no había
apalancamiento financiero, estaba como castigado por bancos. Por otra parte, la Alcaldía de Floridablanca no había permitido entrar al contratista a trabajar en los caminos industriales, y el contratista se pega de este tema, pero la Alcaldía dice, pero las otras unidades no las han terminado, entonces, son varias versiones. Hay vaivén de argumentos”, relató.
Pedroza explicó que aún no se puede determinar que la autovía Bucaramanga -Pamplona pueda catalogarse como elefante blanco porque los 1,4 billones de pesos que se destinaron para la construcción no se han liquidado.
“Hablando con el comité de transparencia me decía que no se ha liquidado, pero va a dirigida a convertirse un elefante blanco, tiene todo el aspecto. A raíz de que es una obra de 4G, la condición es que hasta que no se entregara cada hito para operación y mantenimiento no se hará el pago de la obra, en este caso no han recibido dinero, el problema es para el santandereano que no tiene vía, por lo general esos dineros lo manejan fiducias”.
La función de la conectante era recibir el tráfico pesado que llega desde Piedecuesta, municipio del área metropolitana de Bucaramanga y que se dirigía a Norte de Santander.
“Con la construcción de la Autopista 4G Bucaramanga-Pamplona se reducirán los tiempos de desplazamiento desde el centro del país hacia la frontera con Venezuela”, fueron las palabras de Germán Vargas Lleras, en el 2016 cuando era vicepresidente y acababa de adjudicarse la concesión.
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El veedor Carlos Pieschacón contó que lo más probable es que esta obra se caduque y este proceso tardaría muchos años en resolverse, por eso se convertiría en elefante blanco, porque hasta el momento no hay solución a corto plazo.
“El pesimismo es total, que es un elefante blanco porque vamos mucho tiempo esperando a que haya un nuevo socio, no hay fechas programadas, no hay compromiso que apunten a una solución, lo más probable es que va a quedar en caducidad, durará en años este proceso, se entregaría al Invías y eso se demora”.
Aclaró que la solución es que aparezca un nuevo inversionista y se rumoraba de una empresa australiana interesada, pero al momento no ha querido firmar el convenio.
EL TIEMPO consultó con la Autovía Bucaramanga – Pamplona y explicó que por estar en un tribunal de arbitramento no se puede pronunciar y entregar su versión.
“Actualmente existe un tribunal de arbitramento para dirimir diferentes aspectos contractuales y es imposible pronunciarse al respecto en particular sobre el tema que mencionas hasta que no falle el tribunal. Ya se terminó la etapa de testimonios, entiendo que hace falta los alegatos finales que están en febrero y luego lo que demoren los árbitros en emitir el laudo, estiman que entre abril y mayo podría darse, pero no es una fecha oficial”, puntualizó la entidad.
Caso Solarte en Odebrecht
Hay evidencias de la entrega de cerca de mil millones de pesos a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, y de otros porcentajes a funcionarios de la entonces administración.
En mayo del 2018 la Fiscalía pidió cárcel para Carlos Alberto Solarte por las presuntas irregularidades en contratación con el proyecto Tunjuelo – Canoas.
La Fiscalía en su momento pudo establecer que se firmó un contrato por $244 mil millones, pero los contratistas habrían recibido 48 mil millones. “Parte de ese dinero supuestamente fue desviado y trasferido a una corredora de bolsa, situación que para la Fiscalía representó riesgo para los recursos públicos y limitó la acción de la interventoría del proyecto y la Contraloría Distrital”, dijo en un comunicado el ente acusador.
Carlos Alberto Solarte, y su hija, Fernanda Solarte, deben responder por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Por este escándalo los Solarte no aceptaron cargos.
En julio del 2019, la Fiscalía acusa al constructor Carlos Solarte por presuntas irregularidades. Según la investigación, se pudo establecer que 5.160 millones de pesos que hicieron parte del anticipo, presuntamente fueron destinados a un pago de dádivas.
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“En el expediente hay evidencias de la entrega de cerca de mil millones de pesos a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, y de otros porcentajes a funcionarios de la entonces administración distrital para que favorecieran al Consorcio Canoas en la adjudicación del contrato”.
“Solarte Solarte habría lesionado las finanzas de la administración pública al conocer información privilegiada de la licitación”.
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