Bloqueos en vías nacionales del país: ¿qué está pasando? – Otras Ciudades – Colombia

Desde hace semanas las vías principales del país se encuentran bloqueadas debido a una serie de protestas en distintas regiones. La situación más grave se presenta en Santander, donde los habitantes de Barrancabermeja denunciaron que se encuentran sin gasolina y otros elementos esenciales. 

Las manifestaciones en este departamento se iniciaron desde comienzos de año debido a un proyecto minero a cielo abierto que se realizaría en Carmen y San Vicente de Chucurí, municipios de Santander.

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En la Costa Caribe, campesinos del área de La Mojana, ubicada entre los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia también se encuentran en paro. En esta subregión, esperan que el Gobierno Nacional los escuche tras las inundaciones y problemas de Cara de Gato.

En La Guajira, autoridades indígenas Wayúu bloquearon 11 puntos de la zona para protestar contra el aumento de muertos de niños de esta etnia en 2022. Los manifestantes declararon que continuarían con los bloqueos, a menos que el presidente Gustavo Petro hable directamente con ellos. 

El drama de Santander 

Desde el lunes, 23 de enero, un grupo de personas del Sur de Bolívar, Cantagallo y Catatumbo están bloqueando en el sector de la Lizama, en Barrancabermeja, Santander, por la defensa de los derechos humanos y los ataques, al parecer, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AUC.

Sin embargo, anoche, después de cuatro días de manifestaciones y bloqueos sobre la Ruta del Sol, en el sector La Lizama en Santander, líderes de las protestas y una delegación del Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo.

Lilia Solano, la viceministra del Interior, afirmó que se levantará el bloqueo en la vía y realizara la apertura en la noche del 26 de enero.

“Se hará con el acompañamiento de la Policía de Tránsito”, mencionó la funcionaria.

Además, resaltó el esfuerzo en conjunto y articulado de las entidades del Gobierno Nacional, de las entidades internacionales y el “rol fundamental de la comunidad que había trabajado en las peticiones que fueron pactadas”.

El bloqueo en esos días impidió el paso de vehículos, pero lo más preocupante es que ya se había acabado la gasolina en el puerto petrolero porque la planta para cargar está ubicada en el punto de la protesta.

(Puede leer: Se acabó la gasolina en Barrancabermeja, la capital de petróleo).

Por último, aseguró que adelantaron una conversación “muy fructífera” con la comunidad de Opocito y llegaron a un pre-acuerdo que será revisado por la respectiva comunidad.

Este jueves amanecieron los mototaxis haciendo paros en toda la carrera 28, vía principal del municipio, en el sector conocido como As de Copas, debido a que sus ganancias son diarias y no tienen combustible para movilizarse.

La situación es crítica porque el mandatario reportó que escasean los alimentos en los supermercados, ya hay baja en pollo, carnes y verduras. Además, los insumos médicos, principalmente el oxígeno.

La suma a toda esta emergencia también son los químicos que, si no se desbloquea la vía, harán falta para la potabilización del agua.

Santander cumple tres semanas entre paro y paro y bloqueos nacionales. La semana pasada no hubo paso entre Curos-Málaga, Bucaramanga-San Gil y Berlín-Cúcuta.

Actualmente se presentan bloqueos en los lugares mencionados anteriormente, que es en los alrededores de Barrancabermeja, esto ha hecho que el sector avícola se vea seriamente impactado para trasladar sus productos.

Martha Ruth Velásquez Quintero, directora ejecutiva de Fenavi Santander, indicó que esta situación afecta la seguridad alimentaria de todo el país y si no se hace algo se registrará un posible desabastecimiento.

“Atendemos un tema de alimentación, se viene agravando, hay amenaza de quema de vehículos y obstrucción de más vías; quién defiende el sector productivo y económico, esta es una situación que amerita una acción urgente del Gobierno Nacional, nos tienen que dejar trabajar, es delicada, gravísima”, puntualizó.

Bloqueos en vía entre  la Costa y el interior 

El bloqueo de los campesinos de la subregión Mojana a la altura del puente sobre el río San Jorge en La Apartada de Ayapel (Córdoba) entre Planeta Rica y Caucasia, en el Bajo Cauca Antioqueño y la Costa Caribe en general es indefinido.

Manifestaron sus líderes que indefinido, o por lo menos hasta que funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos lleguen al corazón del paro con los contratos en la mano que certifiquen el comienzo de los trabajos de cierre en la ruptura de cara de gato.

“Nos han bailado el indio con los anuncios sobre el comienzo de los trabajos y han sido sólo mentiras. Que iniciaban a finales de diciembre y comienzo del año 2023, luego el 15 de enero y nada”, señaló Rodrigo García, uno de los líderes de la protesta, quien dijo que las comunidades de los 11 municipios de La Mojana en Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, se sienten burlados por el Gobierno Nacional.

En estos momentos el bloqueo de la Troncal de Occidente se cumple en las dos cabeceras del puente sobre el río San Jorge, en Ayapel (Córdoba) y las filas de los vehículos son interminables.

(Le recomendamos: Campesinos de La Mojana amenazan con paro indefinido en vía nacional). 

Se estableció que en el lugar permanecen campesinos, productores de arroz, ganaderos, pescadores, la comunidad en general de los municipios de Majagual, Guaranda, Sucre (Sucre), Achí, San Jacinto del Cauca, (Bolívar). Ayapel en Córdoba y Nechí en Antioquia, además desde San Benito Abad, San Marcos, Caimito y La Unión en el San Jorge sucreño.

De acuerdo con la información emitida por el Instituto Nacional de Vías -Invías-, no hay una ruta alterna para las personas que quieran viajar desde las ciudades cercanas de Córdoba, Sucre y Bolívar hacia Antioquia y viceversa.

Rodrigo García fue enfático al señalar que el actual Gobierno Nacional los ha sacado de sus labores como campesinos para convertirlos en pescadores y ahora en mendigos, porque les ha tocado salir a pedir para sobrevivir.

“Estamos decepcionados del Gobierno Nacional, somos personas que contribuimos para elegir al presidente actual, el gobierno del cambio y lo que hemos tenido es una reversa. No hemos avanzado, ahora somos más pobres que hace un año, tenemos menos recursos”.

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Para los líderes del bloqueo, el principal objetivo es el cierre de la ruptura en el sector de cara de gato, lugar por donde ingresan las aguas del río Cauca hacia los 11 municipios, con veredas y corregimientos ocasionando las inundaciones.

“El único objetivo para empezar es el cierre de cara de gato, luego que se cumpla con el documento Conpes donde están consignadas las obras hidráulicas, con las 33 compuertas y el dragado de caños y ciénagas, para regular el paso de las aguas del río Cauca”, explicó el líder social.

De igual manera dijo que se incluye también la ampliación del llamado Canal de La Esperanza, que era antiguo recorrido que tenía el río Cauca.

“Esto servirá para que bajen las aguas en su recorrido por cara de gato y también las inundaciones”, señaló.

Afirmó además, que si se han demorado dos años con las inundaciones, no importa el tiempo que van a permanecer en la protesta esperando el anuncio de la ayuda del Gobierno Nacional.

Ratificaron que la protesta es pacífica, que tiene el acompañamiento de las autoridades, de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, pero que no les queda otra alternativa, sino salir a las carreteras a protestar para que los atiendan.

Desmintieron un comunicado reciente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos donde informan sobre la presencia de sus funcionarios en el sitio conocido como El Cauchal atendiendo a las comunidades.

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos informó además en el comunicado que iniciaron un proceso de contratación para las obras de intervención en el cierre de cara de gato.

Protestas en La Guajira

Dos días duró el paro realizado por las autoridades indígenas de La Guajira en defensa de los niños wayús, para exigir al Gobierno nacional más acciones  para lograr frenar las muertes por desnutrición.

La decisión de irse a las vías de hecho, fue tomada luego de conocerse la cifra oficial por parte del Instituto Nacional de Salud (INS), de que 85 niños fallecieron en 2022 por desnutrición, la más alta en 12 años.

Los indígenas habían anunciado que solo levantarían los bloqueos instalados en 11 puntos a nivel departamental, con la presencia del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, lograron un acuerdo con la viceministra de Diálogo Social y el director de Asuntos Indígenas, minorías y rom, por el ministerio del Interior; un asesor de la Consejería Presidencial y el gerente para La Guajira, cuya figura ha sido ideada para atender la crisis humanitaria del departamento y que aún sigue sin una designación oficial.

(Más: Divididos, wayús buscan que Gobierno cumpla medidas cautelares y 8 fallos judiciales).

Logrando concertar un acuerdo de 13 puntos, 11 de ellos, eran las peticiones presentadas por las autoridades indígenas al Gobierno Nacional.

Exigen el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH que protegió al pueblo wayú que habita en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, a través de tres resoluciones.

Para luego seguir con el cumplimiento de ocho sentencias judiciales, entre las que se encuentra la T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira y el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, las cuales debieron haberse implementado para salvaguardar la vida del pueblo wayú.

“No vinimos a un pulso a ver si se destapa o no la vía, si no a honrar el esfuerzo que ellos hicieron por levantar una voz y decir necesitamos ser escuchados para estas cosas de fondo y queríamos fuera una cosa digna para ellos, en el sentido que ese pliego se ajusta a lo que es la historia”, indicó la viceministra Lilia Solano.

Reconoció también, la muerte de 5 mil niños y niñas en el departamento “es una herida abierta, que tiene cerrarse y nunca más en la historia por desnutrición y por hambre puede morir un niño en La Guajira”.

Solano explicó además que, se recuperará la ruta metodológica del diálogo genuino para la construcción del plan de acción que ordena la sentencia T-302.

Otra de las peticiones es la designación de un equipo técnico permanente conformado por profesionales de diferentes áreas para el acompañamiento en la construcción de los programas, políticas públicas y planes de acción de las sentencias y medidas cautelares.

Mientras que los dos puntos que se incluyeron fueron: la activación del diálogo genuino con el Gobierno y la Consultiva Afrodescendiente de La Guajira, la cual quedó sujeta a una consulta interna del grupo étnico.

Y, la creación de un espacio de diálogo genuino entre el Gobierno nacional y las autoridades wayú de cinco resguardos, seis asentamientos y seis comunidades que habitan en los municipios de Distracción, Barrancas y Hatonuevo.

Desde que la Corte Constitucional asumió la competencia de la sentencia T-302,
las instituciones comenzaron a dar muestras de querer alinearse, a lo que se suma la disposición que ha tenido el actual Gobierno, sin embargo se duplicaron las muertes.

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Justo cuándo se está más cerca de que se comiencen a cimentar las acciones para dar respuesta a la crisis humanitaria, se hace notoria la división del pueblo wayú.

La Corte permitió y avaló la llegada de nuevos voceros por parte de las comunidades indígenas, generando de forma indirecta cierta división, ya que para algunos indígenas, unos buscan solución y otros buscan contratos, por así decirlo.

En octubre de 2022, los peticionarios de las medidas cautelares y accionantes de siete de estas sentencias judiciales representados por la Asociación Shipia Wayú, denunciaron actuaciones de quienes buscan frenar el avance del dialogo genuino con las autoridades wayú y el Gobierno nacional”.

“La mayoría de quienes proclaman actos de legitimación para representar a las comunidades wayu son dueños de EPS, IPSI, contratistas del ICBF, educación, PAE y pilas públicas y amigos íntimos de los depredadores de los recursos públicos”, indicaron los miembros de Shipia wayú en esa oportunidad.

Así mismo, advirtieron que “como verdadero depredadores, quieren hoy asumir liderazgo frente a la Sentencia T-302 de 2017 porque el Gobierno está próximo a dar respuestas al estado de cosas inconstitucionales y motivados por el anuncio del presidente en su última visita a La Guajira”.

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