Desde Cartagena, las comunidades de pescadores asentados a orillas del Canal del Dique sentaron su voz de protesta ante la criticada adjudicación del proyecto ‘Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’, por 3,09 billones de pesos, a la cuestionada firma internacional Sacyr Concesiones Colombia SAS, único proponente.
El director saliente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, señaló que la adjudicación de la obra queda aplazada hasta el 12 de agosto, y será responsabilidad del Gobierno entrante.
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Canoas de pescadores en el Canal del Dique frente a Sopaviento
John Montaño / EL TIEMPO
Entre otras falencias, porque el gobierno saliente nunca publicó las respuestas a los vacíos en el proyecto denunciados por las comunidades, y sin embargo pretendía adjudicar.
En Colombia Sacyr Concesiones Colombia SAS ya había sido investigada dentro de un proceso fiscal de la Contraloría General por 23.300 millones de pesos por los incumplimientos en la construcción del puente Hisgaura en Santander, en el contrato 285, del 27 de diciembre de 2013, el cual fue firmado por el Fondo de Adaptación.
El Puente Hisgaura en Santander fue un escándalo mayúsculo porque hubo sobrecostos y el puente no estaba habilitado para su uso. El estado colombiano tuvo que invertir una suma millonaria para restaurar el polémico puente hecho por Sacyr Concesiones Colombia SAS.
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La semana pasada las comunidades que habitan las orillas del Canal del Dique protagonizaron una marcha de canoas sobre el afluente para recordar que fueron ignorados al menos 45 consejos comunitarios de la región en los procesos y que no estaban conformes con las garantías sobre la protección del medio ambiente y la biodiversidad, y por lo tanto estaba en duda la seguridad alimentaria de la región.
“He solicitado que se declare desierto y se revoque el acta de inicio de la licitación para las obras en el Canal del Dique, inicialmente se interesaron 30 empresas para participar en el proceso pero inexplicablemente terminó presentando propuesta una sola empresa: la española Sacyr Concesiones Colombia SAS”, señaló el abogado Héctor Pérez, uno de los representante de las comunidades.
El representante de las comunidades señala que la empresa tiene una larga lista de cuestionamientos, investigaciones y multas en España que le ha impuesto la comisión nacional de los mercados y las competenecias por carterización entre 1992 y 2017.
“Más de dos décadas esta empresa violando la ley y con artimañas para anular la competencia en las licitaciones en las cuales se presentaba en España”, añade Pérez.
Según el jurista, la primera multa fue de 5.1 millones de euros y hace dos meses se conoció una nueva sanción contra esta empresa por 6.7 millones de euros.
Cartagena
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