La Contraloría de Chile (ente fiscalizador) confirmó este miércoles que abrió una investigación contra el Gobierno sobre el gasto público de cara al plebiscito constituyente del próximo 4 de septiembre, tras las acusaciones de “intervencionismo” de varios grupos de derecha.
El contralor, Jorge Bermúdez, explicó a los medios que esta investigación busca “determinar el correcto uso de los recursos públicos en este período” y podría eventualmente derivar en acciones como “un sumario, una denuncia a otra institución o un juicio de cuentas”.
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Hace una semana, un grupo de diputados del ultraderechista Partido Republicano solicitó a la Contraloría investigar al Gobierno por hacer campaña a favor de aprobar la nueva Constitución, la segunda acusación de este tipo en menos de una semana contra el progresista Gabriel Boric.
Unos días antes, otro grupo de parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli (derecha) interpuso una acusación similar acusando al Ejecutivo de haber incumplido la prohibición que rige sobre la administración del Estado de hacer campaña en favor de cualquiera de las dos opciones del plebiscito del próximo 4 de septiembre.
En esa fecha, los chilenos están llamados a las urnas para decidir si desean aprobar la nueva Constitución, que empezó a redactarse en 2021, o si prefieren mantener la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.
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El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que la apertura de la investigación es sinónimo de que “las instituciones funcionan”, pero que su Gobierno se ha limitado a “cumplir con el mandato” que les “da la ley”.
Borrador de la nueva carta magna de Chile.
“El Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde, para difundir su preferencia respecto de una u otra opción, pero sí tiene el deber de informar y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados”, agregó el mandatario en declaraciones a los medios.
“Me parece que no tienen ningún asidero porque la ‘prescindencia’ hace referencia a no ocupar recursos públicos ni tampoco dentro del tiempo laboral para manifestarse por una opción específica y el Gobierno eso lo ha cumplido absolutamente a cabalidad”, aseveró por su parte Giorgio Jackson, ministro de la Secretaría General de la Presidencia.
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El Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde, para difundir su preferencia respecto de una u otra opción
Chile inició el proceso constituyente como la vía política para amainar una masiva ola de protestas por la igualdad que comenzó en 2019 y dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos.
Ese año, siendo todavía diputado, Boric fue uno de los impulsores del gran pacto político que permitió abrir el camino constituyente y defendió fervientemente el cambio, aunque desde que es presidente ha moderado su discurso y asegura que “es legítimo apoyar cualquiera de las dos” opciones.
Durante meses, los sondeos dieron por vencedora la opción de aprobar el nuevo texto -enfocado a engrosar los derechos sociales- pero ahora, las principales encuestas señalan una mayor preferencia ciudadana hacia mantener la ley actual.
*Con información de EFE
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