En 16 artículos que cambian radicalmente varias de las normas que están vigentes en el país y que permiten a los gobiernos entablar procesos de paz, la bancada del Pacto Histórico empezó a mover en el Congreso la hoja de ruta de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.
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El borrador fue revelado en la noche de este lunes por el Noticiero CM& y propone no solo la suspensión de las órdenes de captura y de extradición de quienes negocien la paz con el Ejecutivo, incluidos los capos de las grandes bandas del narcotráfico, sino que autoriza a los alcaldes a participar en diálogos regionales con esos grupos y pretende, además, que los gobiernos posteriores tengan la obligación de seguir adelante con los procesos iniciados por la actual administración.
Así, la bancada de Gobierno, con el aval del Ejecutivo, plantea: “La política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.
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Es un cambio sustancial, pues las normas actuales, partiendo de la Constitución Nacional, señalan que es el presidente de la República en ejercicio quien decide finalmente en materia de paz y de orden público.
Como ya estaba anunciado, el Gobierno pretende negociar no solo con la guerrilla del Eln -es decir, con grupos levantados contra el Estado-, sino con cualquier organización armada legal “que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. En esta definición entran las disidencias de las Farc y bandas como el ‘clan del Golfo’, los ‘Rastrojos’ y hasta la temida ‘Oficina de Envigado’.
Como en otros procesos, quienes sean reconocidos como representantes de esas organizaciones en la negociación no serán perseguidos por la justicia. Así, se les podrán levantar las órdenes de captura e incluso las que tienen que ver con extradiciones.
El Gobierno plantea revivir zonas de ubicación temporal donde todos los miembros de una organización armada que esté en negociación tendría las mismas salvaguardas. Pero a diferencia de lo que ocurrió en la última negociación con las Farc, los miembros de los grupos ilegales eventualmente podrían estar en zonas con presencia de población civil.
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Esto dice el proyecto: “En esas zonas, que no podrán ubicarse en áreas urbanas, se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. El Gobierno definirá la manera como funcionarán las instituciones públicas para garantizar los derechos de la población”.
La bancada de Gobierno y el Ejecutivo proponen sesiones bimestrales del que llaman ‘Gabinete de Paz’, “con el propósito de discutir acerca de los asuntos de la política de paz de Estado”.
Así mismo, el Presidente estaría facultado para “constituir regiones de paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz” y, en consecuencia, para “autorizar a los alcaldes locales para que participen en diálogos locales o regionales que tengan por propósito proponer acuerdos que alivien la situación humanitaria de poblaciones y territorios que padezcan graves violaciones a los derechos humanos, y que guarden relación directa o indirecta con el conflicto armado y con grupos armados al margen de la ley con los que el gobierno nacional adelante conversaciones, acercamientos o diálogos de paz”. Hoy, y así ha sido históricamente, las negociaciones de paz son nacionales, salvo mediaciones humanitarias realizadas por consejerías de paz regionales o municipales.
La propuesta establece también la eventual creación de comisionados de paz regionales nombrados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
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El proyecto revelado por CM& señala también que habría un ‘servicio social para la paz’ similar al servicio militar o de auxiliar de Policía que duraría 12 meses y en el que los jóvenes que lo realicen cumplirían tareas como promover las políticas de paz, trabajar con víctimas del conflicto, proteger la biodiversidad y promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización, entre otras.
La norma propuesta crearía también un Fondo para la Paz financiado con “bonos de paz”.
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