¿Cuál fue la fórmula de los recientes logros para las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso? Análisis

En efecto, aunque el Presidente mantiene el relato de un ‘bloqueo institucional’ que supuestamente le impide hacer sus reformas –por lo que, dice, no le queda otra opción que un ‘proceso constituyente’–, la realidad muestra que el Congreso sí le haló a proyectos trascendentales para el ‘gobierno del cambio’. Y que también, en pleno ejercicio del equilibrio democrático de poderes, frenó otros que no consideró convenientes para el país.

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“El Gobierno debe concentrarse en atender los problemas que hoy preocupan a los colombianos”, pide el senador David Luna, de Cambio Radical, para quien el Presidente pierde tiempo alimentando discusiones que no van para ningún lado. Santos lo resume así: “Es una discusión inocua que está desgastando al país, lo está polarizando y no va a llegar a ningún lado porque una constituyente por caminos ilegales, simple y llanamente, no va a suceder”.

La analista política Juliana Ocampo asegura que los resultados de esta legislatura desvirtúan la tesis de un ‘bloqueo institucional’, pero expresa su preocupación porque el Presidente, que estuvo varios periodos en el Congreso, ahora crea que “el Legislativo está solo para ‘notariar’ sus iniciativas”. Los congresistas, argumenta ella, “deben dar el debate, el trámite y velar porque, desde el consenso, salgan las mejores leyes”.

El Presidente ha sacado cruciales iniciativas desde su posesión, el 7 de agosto de 2022, cuando convoca a todos los partidos: logró la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos tiempos, su plan de desarrollo, la ley de presupuesto, la ley de ‘paz total’, entre otras.

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¿Entonces, en qué momento se produjo un punto de quiebre para que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no siguiera dando frutos? “El proceso legislativo no se estancó por nada distinto al desgaste que produjo la reforma de la salud, que ‘se comió’ un año de debates debido a la intransigencia del Gobierno”, dice el analista Gabriel Cifuentes.

Como la mayoría de observadores de la política, Cifuentes considera que la negativa a concertar en ese proyecto, que finalmente se hundió, dinamitó el acuerdo nacional y sembró un ambiente de poca colaboración con el Legislativo. La reforma de la salud marcó la ruptura entre los dos poderes.

El Presidente ha reclamado que tienen que cumplirse sus propuestas porque, dice, ese fue el mandato que le dieron las urnas. Una posición que va en contra de la separación de poderes y de la arquitectura de pesos y contrapesos diseñada por la carta del 91.
La oposición le recuerda, además, que esta tesis cae por su peso al comparar las votaciones. El Presidente obtuvo 11 millones largos de votos. El Congreso, que es diverso y representa tanto a quienes apoyaron al Gobierno como a quienes no, sumó 19 millones de votos.

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En una democracia sana se respeta la autonomía y división de los poderes públicos y también la posibilidad de que los proyectos presentados puedan sufrir modificaciones como manifestación del interés colectivo y no solo del interés de una de sus partes. Así las cosas, el Congreso está a punto de aprobar una reforma pensional que es central dentro del paquete social del Gobierno, pasó el proyecto para la creación de la jurisdicción agraria y, con tiempos apretados, quizás logre darle luz verde el proyecto de reforma estatutaria de la educación.

Esto no significa que esta legislatura que está a dos semanas de terminar haya sido de las más dinámicas. Según la analista María Lucía Jaimes, hubo, al menos en el Senado, una suerte de operación tortuga. “En Cámara hubo más avances debido a la postura que tenía su presidente (Andrés Calle, abiertamente pro-Gobierno), pero en general ha sido una legislatura muy lenta”, dice ella. 

Es cierto que este Congreso está cooptado por partidos tradicionales, cuestionado por escándalos de corrupción en el caso de sus presidentes (Iván Name, en Senado, y Calle, en Cámara), pero también es evidente que ha habido incapacidad operativa del Gobierno y muy poco margen de concertación. “La culpa de los resultados del Congreso es compartida”, dice Cifuentes.

En todo caso, el Congreso sacó adelante la ley de toros y cumplió su rol de atajar propuestas que consideró inconvenientes, como el proyecto de ley que, según denuncias, terminaba beneficiando intereses del ‘clan Torres’, cercano al entorno del presidente Petro.

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Con estos antecedentes, ¿cuál será la línea de acción del Gobierno en los dos años que le quedan? Los analistas dicen que si el presidente Petro da reversa en el discurso y, sobre todo, cumple con la propuesta de abrir un gran acuerdo nacional, el debate legislativo le podría ser de nuevo favorable. Pero advierten que el Congreso y sus miembros no son ajenos a la presión de una campaña presidencial inconvenientemente anticipada. Eso implica que la tercera legislatura probablemente será aún más lenta en materia del avance de los diferentes proyectos.

En un momento en el que el país enfrenta un muy difícil panorama económico y cuando el orden público sigue en crisis por la violencia de las disidencias, el presidente Petro privilegia en su discurso el tema del ‘poder constituyente’ y la campaña del 2026. Y desde la oposición, expresidentes como César Gaviria e Iván Duque han recogido ese guante. Todo esto a dos años de las elecciones. El presidente Gustavo Petro habla de la necesidad de derrotar al “sindicato del pasado” –en referencia a los expresidentes–, mientras que desde la otra orilla se invita a buscar ya un candidato para ganarle las elecciones en 2026.

En Bogotá, el expresidente Gaviria invitó a crear una gran “coalición” para “defender la Constitución y el Estado social y democrático de derecho”. “Que todos los que quieren ser presidentes en 2026 salgan ya”, dijo en Cartagena el expresidente Iván Duque para “concertar” una “gran alianza nacional republicana” contra “toda esta catástrofe”. Petro respondió: “Están asustados”.

En esta dinámica es poco probable que el Gobierno acepte acuerdos o consensos si ve que no tienen una ventaja con miras al 2026. De ahí que se tema que el tono de la confrontación escale y que la polarización se siga atizando, lo que naturalmente afectará el trabajo legislativo.

“Gobernar es generar consensos entre las diferentes posturas y eso es algo que ha hecho falta”, dice la analista Jaimes. Porque cuando se quiere se puede. Una prueba de esto se dio en la Comisión I del Senado cuando se votó, de manera positiva, la ley estatutaria de la educación. Desde todos los espectros políticos se alabó el hecho de haber puesto al país por encima de sus antagonismos. El conservador Germán Blanco dijo: “A pesar de las diferencias, se puede hacer una construcción colectiva para el país”. “Nos despojamos de los partidos políticos para pensar en una sociedad orgullosa de su nación”, aseveró la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, del Centro Democrático, señaló: “Hay que celebrar que este gobierno haya querido hacer acuerdos”.

¿Es posible que el Presidente se centre más en resolver los problemas del país? El analista Pedro Medellín escribió en este diario que Petro debería buscar fórmulas concretas para resolver los múltiples y angustiantes problemas que acosan a la gente en lugar de ser el artífice de discusiones intangibles. “Petro ha logrado instalar el tema de la constituyente en el imaginario de los políticos colombianos”, dice este profesor de la Universidad Nacional.

La inquietud hacia adelante es si el Ejecutivo se inclinará por los consensos que reclama todo el país –no solo los sectores políticos– o buscará escalar el ambiente de confrontación, que los analistas consideran que es una eficiente cortina de humo para tratar de esconder la falta de resultados claves en muchas áreas de la administración. 

ARMANDO NEIRA – EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO