Sobre el papel, los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos son incuestionables. Joe Biden, el candidato demócrata, se impuso por más de 8 millones de votos en el conteo popular y por 74 escaños ante el Colegio Electoral (306 vs. 232), que es el órgano que escoge el presidente en el país.
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En términos porcentuales, Biden triunfó con más del 4 por ciento (51,3 contra 46,9 por ciento de Donald Trump en el primer método) y por casi el 14 por ciento si se mira el segundo, que es lo que vale.
A pesar de los incesantes reclamos de fraude que elevó el expresidente republicano, numerosos recuentos de la votación llevados a cabo en varios estados –incluso por autoridades del partido republicano– confirmaron los resultados.
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Así mismo, más de 50 demandas fueron desechadas por ausencia absoluta de méritos en numerosas cortes del país, donde muchos de los jueces habían sido nominados por el mismo Trump.
Sin embargo, desde entonces, el llamado “negacionismo electoral” se ha convertido en todo un fenómeno en el interior del partido del elefante que plantea desde ya una seria amenaza para la estabilidad de la democracia en este país y que podría desatar una crisis constitucional sin antecedentes y de enormes proporciones en las próximos comicios presidenciales del 2024.
Republicanos desafían las elecciones
De acuerdo con los últimos sondeos, más del 70 % de los votantes en este partido cree hoy que a Trump le robaron las elecciones y que Biden es un presidente ilegítimo. Lo grave de ese número es que se ha traducido en la elección de candidatos al Congreso, gobernaciones y otros cargos claves, que son defensores a ultranza de dicho negacionismo.
Diversos estudios, uno de ellos adelantado por el diario Washington Post, indica que en los 41 estados que han realizado elecciones primarias para escoger a los candidatos que disputarán las legislativas de noviembre de este año, más de la mitad han centrado sus campaña en el inexistente fraude (250 entre los 469 que resultaron electos).
Todos han dicho que, de haber estado en el poder en 2020, habrían impedido la certificación del triunfo de Biden y desafiado la voluntad popular.
La proporción es aún más alta si solo se miran los resultados en los seis estados que terminaron definiendo las últimas elecciones presidenciales y que serán claves en los próximos comicios: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. En ellos, 54 candidatos entre 87 que triunfaron, lo que se traduce en más del 62 por ciento, son “negacionistas”.
Seguidores de Trump en apoyo al expresidente.
Giorgio Viera / AFP
Los últimos ejemplos hablan por sí solos. En Michigan, los republicanos escogieron a Kristina Caramo como candidata al cargo de secretaria de Estado. Caramo se volvió popular entre la base del partido por haber indicado, sin aportar prueba alguna, que ella misma fue testigo del fraude.
En Pensilvania, escogieron para candidato a gobernador a Doug Mastriano, un congresista estatal que les pidió a sus colegas de entonces ignorar los resultados y nombrar electores falsos al Colegio Electoral que fueran partidarios de Trump.
Y a comienzos de este mes, los republicanos en Arizona se inclinaron por Kari Lake para gobernador y Mark Fichem como secretario de Estado, dos figuras que también niegan las elecciones y han prometido no certificar un triunfo en las presidenciales de 2024 que dé por ganador al candidato demócrata, si se repitiera lo que pasó en 2020.
De hecho, en este estado, 12 de los 13 candidatos que representarán al Partido Republicano en las legislativas de este noviembre son “negacionistas declarados”.
Amenaza democrática
El escenario se trata de una amenaza seria, pues en las elecciones de EE. UU. son el Gobernador y el secretario de Estado los funcionarios encargados de ratificar, con su firma, los resultados que arrojen las urnas.
Para ponerlo en contexto, de haber estado en el poder durante las elecciones del 2020, Biden no habría podido ganar porque Wisconsin, Michigan y Pensilvania suman 47 votos en el Colegio Electoral y sin ellos el actual presidente solo habría alcanzado 259 de los 270 necesarios para ganar.
A esto se añade toda una serie de leyes que vienen siendo aprobadas en estados donde los republicanos controlan el congreso estatal, donde transfirieron los poderes que antes recaían en las autoridades electorales a las políticas.
La amenaza, por ahora, es hipotética. Nadie sabe, por ejemplo, si los candidatos cumplirán con sus promesas una vez lleguen al poder o si se trata, más bien, de una estrategia de campaña para acomodarse a lo que pide la base. Tampoco es claro si esas posturas radicales tendrán el mismo impacto cuando enfrenten el escrutinio del voto general en noviembre.
En noviembre se elegirá parte del Congreso de Estados Unidos.
En Pensilvania, según una encuesta de la cadena Fox, Mastriano está 10 puntos por debajo de Josh Shapiro, el candidato que eligieron los demócratas para aspirar a la gobernación. Pat Toomey, otro demócrata que le apuesta a una curul en el Senado nacional, le saca 11 puntos a Mehmet Oz, el “señalado” por Trump para representar a los republicanos.
Además, hay un fuerte debate entre expertos sobre la viabilidad de las maniobras que hoy prometen los candidatos para alterar el curso de la voluntad popular.
En otras palabras, así el Gobernador o el secretario de Estado tengan el poder de certificar o no los resultados, pocos creen que un desafío tan flagrante al derecho más primario de los ciudadanos –gana quien obtiene más votos– sobreviviría el examen de las cortes, donde necesariamente llegaría una decisión semejante.
Legitimidad de la democracia, en peligro
Sería potencialmente catastrófico porque, a la larga, la legitimidad de una democracia depende de que sus ciudadanos crean que las elecciones fueran justas.
Pero en lo que coinciden es en que, de darse un escenario donde las autoridades políticas deciden ignorar la voluntad del electorado y otorgarle la victoria al perdedor, el caos reinaría. No solo porque el resultado final quedaría pospuesto mientras el tema se resuelve en las cortes, sino porque dejaría herida de muerte la confianza en el actual sistema electoral.
“Algo así fácilmente podría conducir a que un sector importante del electorado nunca acepte el resultado, así las cortes intervengan y decidan quién fue el verdadero ganador. Sería potencialmente catastrófico porque, a la larga, la legitimidad de una democracia depende de que sus ciudadanos crean que las elecciones fueran justas”, afirma Richard Pides, profesor en derecho constitucional de la Universidad de Nueva York.
Pides resalta que en las pasadas elecciones “el sistema sobrevivió porque las garantías constitucionales resistieron. Y, pese a ello, el desenlace fue el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 sin que existiera una causa que lo justificara. Imagínense lo que podría suceder si alguien gana y los políticos de un estado deciden darle la victoria a su rival, desconociendo el voto popular”.
Precisamente, gran parte del actual clima de tensión tiene su origen en Trump y su insistencia en que hubo fraude. Algo que logró cimentar entre la base republicana y que ahora se ha transferido a los líderes políticos.
Y, dado el peso que aún tiene el expresidente entre los republicanos y sus intenciones de volver a la Casa Blanca en el 2024, el tema está lejos de desaparecer. Por el contrario, Estados Unidos parece ir camino a un explosivo y hasta violento futuro electoral en el que nada, ni siquiera la santidad del sufragio, está garantizado.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL EL TIEMPO
WASHINGTON
Twitter: @sergom68
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