Con una inversión de 1,3 billones de pesos y a pocas semanas de que acabara su administración, el 22 de noviembre de 2023 la exalcaldesa Claudia López adjudicó tres de los tramos del Corredor Verde por la carrera 7.a, entre las calles 200 y 99.
Aunque según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) las obras están a punto de empezar, el Distrito aún no dispone de todos los predios necesarios para llevarlas a cabo.
El IDU le dijo a EL TIEMPO que la pasada alcaldía, si bien adelantó la licitación y adjudicación de cada uno de los tramos, no dejó los recursos que se requieren para la gestión predial, por lo que la nueva administración se puso a la tarea de adquirir estos terrenos.
En total, son 268 predios los que se necesitan para la obra, la cual según la entidad se entregaría en octubre de 2027 e incluye un patio taller para buses de transporte público. De estos, 114 corresponden a cesiones producto de los desarrollos urbanísticos que se han generado en el corredor y 154 predios son privados, razón por la cual se debe adelantar un proceso de adquisición. Por el momento se han ofertado 110, lo que quiere decir que faltan 44 predios por comprar. Para hacerlo, el Distrito necesita conseguir 56.072 millones de pesos.
Antes y después de la Séptima con el Corredor Verde.
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“Respecto al presupuesto para los procesos de adquisición, se continúa con los trámites de compra de los predios correspondientes a los tres lotes de obra contratados, cuyo amparo presupuestal actualmente se tramita ante TransMilenio S.A.”, agregó el IDU.
Cabe resaltar que en el presupuesto distrital aprobado por el Concejo para este año, que es de un total de 33,2 billones de pesos, se destinó una parte para los proyectos estratégicos de la ciudad. Uno de ellos es el Corredor Verde, el cual en un principio recibió 542 millones para la adjudicación y el inicio de obras.
Se continúa con los trámites de compra de los predios correspondientes a los tres lotes de obra contratados, cuyo amparo presupuestal actualmente se tramita ante TransMilenio
Por otro lado, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió suspender la licitación de los dos tramos ubicados entre las calles 99 y la 24, debido a que su construcción podría impactar aún más el borde oriental, cuyo tráfico se verá afectado en próximos meses por la construcción de la primera línea del metro, sobre todo en la avenida Caracas.
El mandatario resaltó, además, que no había recibido propuestas de consorcios para estos tramos y que iba a revisar los diseños, ya que algunos ciudadanos han mostrado su desacuerdo con que se plantee un único carril entre las calles 92 y 32, que no permitiría el tráfico continuo de norte a sur.
En ese orden de ideas, todo el dinero que se destine al proyecto iría directamente a los tres tramos ya adjudicados. Sin embargo, la ciudad se encuentra en un plan de austeridad, es decir que debe tratar de reducir sus gastos. Por otro lado, el IDU recibió el cuatrienio con un déficit de dos billones de pesos solo para 2024, para terminar 65 obras que están en ejecución.
Entonces, ¿cómo se van a garantizar los más de 56.000 millones de pesos para los predios faltantes del Corredor Verde?
Proceso de reajustes
Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, aseguró que, una vez esté listo el Plan Distrital de Desarrollo del alcalde Galán, el Distrito debe hacer un proceso de “conciliación presupuestal” en el que se trasladen recursos de otros proyectos que no serán utilizados para las obras que están en ejecución o que iniciarán a ejecutarse próximamente, como el Corredor Verde.
“Muy posiblemente también buscarán recursos adicionales. Si bien el endeudamiento ya se elevó cerca del límite, también hay un campo para la administración actual”, agregó Hidalgo.
Los contratos de los tres tramos valieron un total de 1,3 billones de pesos.
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Lo anterior coincide con lo que mencionó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, en entrevista con EL TIEMPO hace un mes, quien aseguró que para el Plan de Desarrollo se necesita un nuevo cupo de endeudamiento de aproximadamente 5,6 billones de pesos.
De hecho, una alta fuente conocedora del proceso del Corredor Verde le dijo a este diario que durante la semana pasada se aprobaron para TransMilenio cerca de 99.000 millones de pesos de recursos que no utilizaron otras entidades. Todo este dinero, según indicó, iría para la gestión predial del proyecto en su tramo norte.
El problema es que con tantos cambios que ha tenido la 7.a, los cálculos estimados de costos y tiempos se han visto afectados
Aunque con estos recursos ya se podría decir que está saldada la cuota necesaria para los predios, la misma fuente indicó que tampoco se habría dejado dinero para la conexión entre la avenida 68 y la 7ª sobre la calle 100, en la zona del plan parcial El Pedregal.
Esta situación, que también fue denunciada desde el Concejo semanas atrás, causaría que los buses tuvieran que devolverse por la calle 100 con 9na. Sin embargo, el patio taller de los vehículos queda en la calle 200 con 7ª, por lo que la conexión entre ambos corredores es de gran relevancia y podría costar alrededor de 200.000 millones de pesos adicionales.
“La gestión predial hace parte del proceso de las obras de infraestructura pública. El problema es que con tantos cambios que ha tenido la 7ª, los cálculos estimados de costos y tiempos se han visto afectados”, afirmó Ómar Orostegui, director del laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana.
El Plan Parcial El Pedregal fue presentado en 2014.
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¿Falta de predios afecta las obras?
Hidalgo indicó que, si bien iniciar obras sin haber terminado toda la gestión predial “no es lo deseable”, es posible ya que la mayoría de los terrenos están disponibles. “Ya una buena cantidad de predios se adquirieron. Para los que falten, se continuará su proceso para que sean entregados a los contratistas”, afirmó.
No obstante, Oróstegui resaltó que “la gestión predial también toma tiempo porque los acuerdos con los propietarios demoran y en muchas ocasiones los predios también tienen líos judiciales. Todo eso demora las obras”.
Por su parte, Juan José Gómez Urueña, experto en contratación pública, explicó que “no es falta de planeación” no contar con los predios antes de empezar una obra porque la ley establece la facultad de expropiación a las entidades distritales.
“Si eventualmente un particular se negara a cederle el predio al Distrito, este podría hacer una venta forzosa porque goza de la facultad para garantizar el interés general”, dijo.
Cabe resaltar que el IDU aseguró que, de los tres contratos, dos ya suscribieron actas de inicio a finales de febrero de 2024, y el tercero se encuentra en revisión de requisitos para su suscripción.
LAURA VALENTINA MERCADO
REDACCIÓN BOGOTÁ