La comisión de empalme del nuevo gobierno de Gustavo Petro propuso al mandatario que, como parte de las iniciativas para el sector de Minas y Energía en los primeros 100 días de la nueva administración, el país declare una moratoria minera que abarcaría a todas las actividades de este tipo que se realizan en el territorio nacional.
De acuerdo con el documento dado a conocer este lunes, dicha acción de moratoria, que no es otra cosa que parar la autorización de nuevas concesiones mineras, a través de rondas o través de solicitudes bajo el esquema de ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’, plantea tres objetivos centrales.
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El primero es una revisión al cumplimiento de las obligaciones mineras, ambientales y económicas por parte de los actuales concesionarios; y el segundo tiene que ver con establecer el potencial del país en materia de minerales estratégicos para la transición energética y búsqueda de mecanismos que permitan su explotación y uso en la industria local.
Además, dicha moratoria se usaría para revisar los acuerdos de coordinación y concurrencia suscritos por la Agencia Nacional Minera con los alcaldes, y para diseñar un nuevo modelo minero que vaya en línea con las prohibiciones y restricciones ambientales y los esquemas de ordenamiento territorial.
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Al respecto, Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, dijo que una decisión de esta magnitud se debería evaluar con detenimiento, por ejemplo para el sector minero que produce materiales de construcción, como los agregados pétreos y el cemento, ya que se podría estancar la ejecución de obras por menos oferta de estos insumos.
Y aunque no está dentro del capítulo minero energético, en los temas ambientales la comisión de empalme plantea adoptar las medidas administrativas necesarias para suspender los pilotos y proyectos de fracking.
La comisión de empalme también propuso cambiar la regulación para que Ecopetrol pueda competir en el mercado de generación de energía eléctrica, ya que las normas actuales lo impiden.
Otros aspectos clave
Dentro de los temas definidos como alertas críticas para la nueva administración, es decir aspectos que afectarían la ejecución de su programa de gobierno, aparece en primer lugar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), para lo cual el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda ya tienen adelantados borradores de decreto que se han revisado y que establecen un procedimiento para el pago de la Nación a Ecopetrol y establecen una senda de aumento del precio del galón al consumidor final.
Esto, según el equipo de empalme, será parte de las revisiones ya que la velocidad de aumento de los combustibles incide en todas las cadenas de suministro y producción.
Otra alerta de la comisión de empalme tiene que ver con la salida de tres comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el nombramiento de sus reemplazos antes del 7 de agosto, con lo cual “el gobierno Duque mantiene el poder en la gestión de esta entidad clave para la regulación y funcionamiento, especialmente del sector eléctrico e hidrocarburos”.
Y agrega que con estos tres, y otro comisionado recién cambiado por Duque, el gobierno saliente contaría con las mayorías en la Creg.
También la Comisión calificó como alerta la venta de Invercolsa por parte de Ecopetrol, la cual es además la filial que produce el gas licuado del petróleo (propano), enajenación que “significa el desmembramiento de Ecopetrol, que comenzó en 2007 con la venta del 10 por ciento de las acciones”.
En materia de recomendaciones, al nuevo gobierno, está la revisión de las condiciones socio-ambientales y económicas para evaluar la promoción y adjudicación de contratos mineros para depósitos de cobre y polisulfuro masivo como alternativa en la transición energética, así como enfatizar y profundizar el control social y ambiental sobre la exploración y explotación de minerales esenciales para la transición energética.
Además, se propone que Ecopetrol sea líder de la transformación energética, lo cual implica ajustar la regulación desde la Creg para eliminar barreras que impiden que la compañía de mayoría estatal participe en el desarrollo de energías renovables no convencionales.
Dentro de las iniciativas legislativas que se le proponen el nuevo gobierno es una reforma tanto a la ley de transición energética como al Código de Minas, es decir a la Ley.
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