Gran preocupación, confusión e incertidumbre se generó al interior del sector eléctrico por un anuncio del Gobierno dado a conocer este viernes en el marco del congreso de Andesco, en el sentido de que el gobierno del presidente Gustavo Petro aplicará un artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del gobierno del expresidente Iván Duque, para intervenir el mercado eléctrico con el fin de hacer ajustes que permiten atajar las alzas de tarifas que se han dado.
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En su cuenta de Twitter, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aseguró que “atendido a las facultades que el actual Plan de desarrollo del expresidente Duque, el presidente @petrogustavo ordena al Ministerio de Minas, asumir funciones de Creg para intervenir el mercado de energía eléctrica”.
En el mismo sentido, durante la clausura en el congreso anual de Andesco, el primer mandatario aseguró que se utilizará dicha norma.
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“Tenemos un artículo de una ley hecha por Duque en su plan de desarrollo, la pensó para el Gobierno de él, que nos permite asumir las funciones de la Creg, artículo que vamos a usar”, indicó Petro al señalar que la norma y el Congreso habilitan al gobierno actual para asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y que estas funciones deben mostrar la adecuación de un nuevo modelo que hay que evaluar, en el que lo público y privado se puedan aliar sabiendo que el servicio público es un instrumento para garantizar el derecho universal a los servicios públicos.
Norma no es para eso, dicen expertos
Ante esta situación, fuentes del sector eléctrico señalaron a EL TIEMPO que el mencionado artículo es el 290 de la Ley 1955 de 2019 (Plan de Desarrollo 2018-2022), cuyo parágrafo dice específicamente que el Gobierno o el Ministerio de Minas y Energía pueden retomar las facultades de la Creg únicamente para la entrada de nuevos agentes y para nuevas actividades de negocio a raíz de la transformación energética.
Dicho artículo señala, de forma textual, que la Creg, “en el marco de garantizar la prestación eficiente del servicio público, promover la competencia, evitar los abusos de posición dominante y garantizar los derechos de los usuarios, dentro de la regulación sobre servicios de gas combustible, energía eléctrica y alumbrado público, incluirá:
- Definición de nuevas actividades o eslabones en la cadena de prestación del servicio, las cuales estarán sujetas a la regulación vigente.
- Definición de la regulación aplicable a los agentes que desarrollen tales nuevas actividades, los cuales estarán sujetos a la regulación vigente.
- Determinación de la actividad o actividades en que cada agente de la cadena puede participar.
- Definición de las reglas sobre la gobernanza de datos e información que se produzca como resultado del ejercicio de las actividades de los agentes que interactúan en los servicios públicos.
- Optimización de los requerimientos de información y su validación a los agentes de los sectores regulados.
“Están pifiados en el tema. La Ley 142, que es la ley de Servicios Públicos, señala que las facultades son del Presidente y este puede retomar funciones de la Comisión de Regulación, excepto en el sector eléctrico que tiene una ley propia, que es la Ley 143, en la que le otorga las facultados específicas a la Creg”, precisó un exmiembro de la Creg, quien señala que este siempre ha sido el concepto legal de varios abogados.
Según se conoció, además de las reuniones que hubo en el congreso de Andesco con los agentes de la cadena del sector eléctrico, la próxima semana se tendrán nuevas reuniones, con el objetivo de hacer un anuncio público el viernes próximo, 16 de septiembre.
“La ministra Irene Vélez ha dicho que las acciones se tomarán en el marco de la Creg”, dijo una fuente del sector, quien no ocultó su extrañeza y confusión por estas nuevas declaraciones del alto Gobierno.
Incluso, en dichas reuniones se les dijo a los generadores de energía que, al operar en un libre mercado y por firmar acuerdos bilaterales en los que ellos mismos pactan los indicadores, que llevan a la mesa una propuesta, aunque si no la llevan el Gobierno pueden tomar acciones.
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