La búsqueda en la casa del expresidente Donald Trump en Florida no tiene precedentes, pero no hay garantía de que el Departamento de Justicia finalmente lleve un caso criminal.
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El lunes, investigadores federales llegaron a Mar-a-Lago como parte de una investigación sobre si Trump tomó documentos clasificados de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, un asunto que pone en riesgo su posible carrera para la presidencia en 2024.
“No tengo conocimiento de ningún caso previo en el que se haya ejecutado una orden de registro en la casa de un ex presidente”, dijo Barbara McQuade, profesora de derecho en la Universidad de Michigan y ex fiscal federal. “Incluso el presidente Nixon recibió una citación para sus grabaciones.”
La Oficina Federal de Investigación y el Departamento de Justicia se negaron a comentar la redada. Evan Corcoran y John Rowley, abogados que representan a Trump en conversaciones con fiscales federales sobre el 6 de enero, según una persona familiar, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, y tampoco lo hizo Alina Habba, que representa a Trump en otros casos.
“Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada sin previo aviso en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, dijo Trump en un comunicado.
Si bien la redada es un “territorio inexplorado” para los Estados Unidos, no es una conclusión inevitable que Trump esté en grave peligro legal, dijo la exfiscal federal Jennifer Rodgers.
Seguidores de Trump en apoyo al expresidente.
Giorgio Viera / AFP
“El listón para acusar casos de información clasificada es muy alto, y una violación criminal de la Ley de Registros Presidenciales es poco probable por una variedad de razones que tienen que ver con el lenguaje legal de los delitos relevantes y las posibles penas”, dijo.
Entre esas sanciones está la perspectiva de que cualquier condena podría impedir que Trump vuelva a ocupar el cargo. Marc Elias, el exabogado general de la campaña de Hillary Clinton, llamó a la redada “un potencial éxito de taquilla en la política estadounidense.”
En una publicación de Twitter, Elías destacó la parte del código penal que dice que los culpables de la ocultación, remoción o mutilación de los registros del gobierno serán “descalificados de ocupar cualquier cargo bajo los Estados Unidos.”
No está claro si esa ley se aplicaría a una candidatura presidencial, pero Elias escribió que tener que luchar en la corte por esa cuestión podría ser una barrera importante para otra candidatura de Trump. Incluso si la descalificación de la Casa Blanca está fuera de la mesa, una condena por manejar mal los registros del gobierno y los materiales clasificados seguiría conllevando la posibilidad de tiempo en prisión.
La búsqueda del FBI muestra que los investigadores fueron capaces de obtener una orden de un juez federal después de un hallazgo de causa probable que la evidencia de un crimen específico se encuentra en las instalaciones, dijo McQuade.
BLOOMBERG
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