Luego de que se conocieron las denuncias sobre los presuntos casos de abuso contra menores indígenas del departamento del Guaviare, el Gobierno del presidente Gustavo Petro elaboró 25 medidas para hacerle frente a esta grave situación.
Y es que según el reporte elaborado por el ICBF, en los últimos cuatro años se han reportado 587 casos de abuso sexual contra menores de edad. De este informe, en 2022 se presentaron 143 casos; en 2021, 174; en 2020, 120 y en 2019, 150.
El informe señala que del total de estos casos, tres están relacionados con fuerzas militares nacional y ninguno con fuerzas militares extranjeras.
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Del año 2019 al 2022, un 12 por ciento de los casos de violencia sexual reportados afectan a las comunidades Nukak y Jiw.
Casa de Nariño informó que tras la visita que se realizó en el Guaviare por parte de una comisión especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Presidencia de la República, otro de los hallazgos tiene que ver con relatos relacionados con inhalación de pegante y/o consumo de sustancias psicoactivas en estas poblaciones indígenas.
Se reporta, además, una situación alimentaria crítica en estas comunidades, la cual no ha sido atendida “desde un enfoque diferencial ni mediante un enfoque de soberanía alimentaria pensada en esos territorios de selva”.
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El informe de la comisión señaló que lo anterior causa que “los niños bajen a buscar comida”, lo cual es aprovechado por posibles redes de microtráfico y de trata de personas en la región. De hecho, no se descarta la posible presencia en el territorio de una red de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.
Una de las conclusiones del diagnóstico es la necesidad de ampliar el número de miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia en el Guaviare, “porque solo hay seis uniformados responsables de esa tarea para los cuatro municipios del departamento”.
Adicionalmente, se solicitó el acompañamiento en mediación lingüística, porque el choque cultural se ve acentuado por la brecha de comunicación con los funcionarios de todas las entidades, incluyendo las defensorías de familia que no cuentan con intérprete que garantice un enfoque étnico para su labor.
Medidas del Gobierno para atender denuncias de abuso en Guaviare
Entre las medidas que anunció Presidencia para iniciar con el plan de acción que permita prevenir más casos y brindarles una adecuada atención a las denuncias en este sentido, están:
– Se solicitará a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas el desarrollo de medidas de reparación de derechos territoriales para “la especial relación colectiva y espiritual que tienen los pueblos indígenas del Guaviare con su territorio”.
– Se priorizará de manera inmediata la revisión, actualización e implementación de los planes de salvaguarda de los pueblos indígenas en vía de extinción en el Guaviare, Meta y Amazonas.
– Con relación a las denuncias relacionadas con situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de los pueblos Nukak y Jiw, el Gobierno inició procesos de revisión disciplinaria en la regional Guaviare del ICBF por posible omisión de situaciones y oportunidad de actuación.
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Comisión del ICBF que viajó a Guaviare.
– Se hará un seguimiento o investigación en el Ministerio de Defensa para determinar la evolución investigativa de los hechos reportados, con el fin de rendir un informe del estado y situación de los casos que ICBF reportó en el desarrollo de la comisión y que, según las denuncias, involucran a algunos miembros de las Fuerzas Militares.
– Se decidió la creación, a más tardar en dos meses, de dos unidades interdisciplinarias y especializadas para el fortalecimiento de las Defensorías de Familia del ICBF del Guaviare, una de ellas de atención a la población indígena del territorio y la otra especializada en violencias basadas en género.
– Se pondrán en marcha estrategias en materia de formación e instrucción en Derechos Humanos desde un enfoque diferencial en todas las unidades militares y de policía del Guaviare, con el apoyo de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a través del Ministerio de Defensa.
– Se aumentará la presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia en el departamento del Guaviare.
– El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá la misión, ente otras cosas, de adelantar la construcción de un plan de acompañamiento efectivo de las violencias que se presenten en el territorio.
– Se instalará un servicio local de prevención y atención a la niñez que deberá “responder a las situaciones de interculturalidad que tiene el municipio y articular todas las estrategias de intervención estatal para la niñez tanto en un punto fijo de la zona como en itinerancia”, que contará con la participación de los líderes y mujeres indígenas del territorio, el acompañamiento de las organizaciones indígenas nacionales, y la cooperación internacional para evitar una acción con daño a los pueblos.
– Se van a priorizar los cuatro municipios del departamento en el Plan de Universalización Progresiva y Territorial de la Educación Inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia, para que todos los niños y niñas cuenten con los diferentes servicios de las entidades involucradas en esta ruta.
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– Se requerirá a la Gobernación y la Alcaldía la solución de acogida y alojamiento transitorio durante la migración de las familias indígenas en contexto urbano para que no permanezcan en el denominado “Coliseo Azul”, ubicado en San José del Guaviare.
Presidencia aseguró que mantendrán un monitoreo y seguimiento permanente de la ejecución de cada una de las tareas fijadas en este plan de acción.
Aura Saavedra Álvarez
REDACCIÓN POLÍTICA
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