Esta semana el presidente Gustavo Petro completa su primer mes al frente de los destinos de la Nación. Y aunque ya ha designado a un buen número de funcionarios en el Gobierno, aún sigue pendiente el nombre de la titular de la cartera de Telecomunicaciones, en donde hasta ahora se da como fija a Sandra Urrutia, del partido de ‘la U’. Y falta conocer también a las cabezas de entidades importantes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Icfes y Procolombia, para mencionar algunos.
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Por lo demás, ha sido un primer mes repleto de anuncios y proyectos radicados ante el Congreso. Si bien estos últimos han sido pocos, sí han concentrado la atención de los debates, como los diálogos regionales de paz o la reforma tributaria, con la que se espera recaudar 25 billones de pesos o la eliminación del fracking como método para la explotación de petróleo –que no fue de iniciativa del Ejecutivo pero que ha apoyado incondicionalmente–. Y en los próximos días llegarán dos más que son clave: el Plan de Desarrollo y el Presupuesto del próximo año, tasado en 401 billones de pesos.
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Lo que sí se ha exhibido de sobra en este primer mes son los anuncios sobre las más diversas temáticas, la gran mayoría polémicos y poco aterrizados. Las redes sociales han sido el medio escogido tanto por el Presidente como por sus ministros para dar a conocer propuestas y puntos de vista. Y, en consecuencia, las reacciones también han llegado por esa vía, al igual que la confusión y una que otra rectificación o aclaración.
En este mes se ha pasado de la reforma tributaria a los avisos que ponen fin a los contratos de explotación minera al tiempo que se pide pensar en la búsqueda de otros minerales distintos al carbón o petróleo; se ha propuesto una reforma a fondo de la Policía, el fin del Esmad, nuevos roles para los uniformados en el marco de la llamada ‘seguridad humana’ y se han dado pasos hacia una política de ‘paz total’ cuyos alcances empiezan a conocerse con el proyecto de reforma de ley de orden público.
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Se ha propuesto una reforma a fondo de la Policía, el fin del Esmad, nuevos roles para los uniformados en el marco de la llamada ‘seguridad humana’.
La profusión de iniciativas, muchas de ellas en construcción, también ha dado cuenta de las reformas laboral y electoral que se avecinan, de los cambios en el servicio militar, la erradicación de cultivos ilegales de forma voluntaria y nuevas reglas de juego para la extradición de colombianos. Algunas las ha sugerido el propio mandatario, otras han corrido por cuenta de ministros o congresistas del Pacto Histórico.
En medio de ese torbellino de notificaciones, se suspendieron las órdenes de captura contra cabecillas del Eln, se reactivaron las relaciones con Venezuela, hubo aproximaciones con el Gobierno de Estados Unidos para cambiar las reglas del juego a la hora de extraditar criminales hacia ese país y Petro tuvo su primer viaje al exterior, a Lima (Perú), donde participó en la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones.
En este primer mes, Petro ha hecho gala de lo que mejor sabe hacer: el simbolismo, que para él es más poderoso que cualquier otra cosa. De ahí la construcción de nuevas narrativas como la ‘seguridad humana’, la ‘paz total’ o la ‘economía para la reproducción de la vida’, como lo expresó en la clausura del congreso minero. Y se ha dedicado a recorrer el país, especialmente las regiones más apartadas, donde se baja del carro, camina entre el lodo y conversa con la gente.
Y aunque podría decirse que la luna de miel desde su ascenso al poder se mantiene (según las encuestas cuenta con entre un 56 y un 69 por ciento de imagen favorable), su gobierno no ha estado exento de polémicas. Y no solo por el carácter de sus propuestas, sino por el actuar de varios funcionarios.
El primer traspié se vivió con la frustrada designación de Mery Gutiérrez como ministra de las TIC, que se cayó tras la revelación de EL TIEMPO de que ella tenía una demanda millonaria contra el Estado. Poco después, también se derrumbó el nombramiento de César Ferrari como director de Planeación Nacional por no tener nacionalidad colombiana.
El primer traspié se vivió con la frustrada designación de Mery Gutiérrez como ministra de las TIC, que se cayó tras la revelación de EL TIEMPO de tenía una demanda millonaria contra el Estado.
Más tarde, tuvo lugar el bochornoso episodio de la ausencia de Colombia ante la asamblea de la OEA, el pasado 16 de agosto, cuando se buscaba condenar los abusos del Gobierno de Nicaragua. Días después se supo que fue un acto deliberado de Colombia como parte de una “estrategia humanitaria”, según explicó la Cancillería.
Con el correr de los días, no han faltado las metidas de pata de varios funcionarios, ya sea por su inexperiencia, pánico escénico o cierto grado de soberbia. En un mismo día, los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Minas y Energía, Irene Vélez, tuvieron que salir a dar explicaciones por sus comentarios.
El primero envolvió al país en una agria e innecesaria polémica al afirmar, durante una reunión con campesinos de Padilla (Cauca), que si el Congreso no aprueba la reforma tributaria lo que sigue es una movilización social. Es decir, la protesta para obligar al Congreso a sacar adelante la norma, lo que opositores calificaron como una injerencia indebida en otros poderes del Estado.
Ese mismo día, durante el congreso minero que tuvo lugar en Cartagena, la ministra Vélez intentó explicar la llamada teoría del decrecimiento económico. Y ante las preguntas de varios periodistas, la funcionaria optó por cancelar abruptamente la rueda de prensa ante la mirada incrédula de su colega de Medio Ambiente, Susana Muhamad, presente en el mismo evento. Minutos después, tanto Prada como Vélez emitieron mensajes disculpándose o tratando de aclarar lo que habían dicho.
En las últimas horas también se han revelado videos que dejan mal parados a dos escuderos de Petro: el recién posesionado embajador ante Venezuela, Armando Benedetti, y el senador Álex Flórez, elegido por el Pacto Histórico.
Se han revelado videos que dejan mal parados a dos escuderos de Petro: el recién posesionado embajador ante Venezuela, Armando Benedetti, y el senador Álex Flórez, elegido por el Pacto Histórico.
Al primero se le vio en aparente estado de alicoramiento durante un evento en la frontera. Y el segundo terminó envuelto en un incidente con la policía –a cuyos integrantes intentó agredir– al parecer porque los hombres de la institución no le permitieron el ingreso de una dama al hotel donde se hospedaba el parlamentario, en Cartagena.
No obstante los vientos renovadores que profesa el nuevo Ejecutivo y el llamado a construir una nación más pacífica y tolerante, la violencia no cede. Petro y su gobierno han tenido que experimentar y lidiar, desde muy temprano, con la muerte de líderes sociales, periodistas y policías. El viernes en la tarde, el mandatario viajó de emergencia a Neiva tras conocerse el asesinato de siete policías en la población de San Luis, jurisdicción de Neiva, capital del Huila.
Ha sido pues un mes de expectativa, de anuncios por doquier; un torbellino de declaraciones y propuestas que han puesto a debatir a todos los sectores de la sociedad. Y si bien se trata de iniciativas que deben analizarse a fondo, como lo pide el jefe del Estado, lo revelado hasta el momento promete que el cambio anunciado por Petro apenas comienza. Y el contrapunteo con la oposición, también.
Minas y Energía
En torno a esta cartera han girado varios de los anuncios más polémicos del Gobierno, en especial por las graves implicaciones que tendría para la economía del país en el futuro. Sin duda, el tema que más interrogantes genera es la decisión de no firmar más contratos de exploración tanto en minería como en petróleo y gas y transitar hacia energías más limpias.
Para los expertos, esa transición implicaría dejar de percibir millonarios recursos que se necesitan para apalancar el crecimiento y desarrollo de la nación. Y ponen como ejemplo países avanzados, que hoy están reconsiderando la velocidad con la que se lleva a cabo esa transformación energética.
El otro tema que no ha estado exento de controversia es el de prohibir el uso de la tecnología de fracking para la extracción de petróleo. Un proyecto de ley en ese sentido ya cursa en el Congreso.
Reforma política
Para entendidos en la materia, este es uno de los proyectos claves para el gobierno del presidente Petro. EL TIEMPO reveló en exclusiva varios de sus apartes, que contemplan, entre otras cosas, la creación de una Corte Electoral, el surgimiento de la figura del movimiento político con personería jurídica, la reducción de la edad para ser senador o representante a la Cámara, el transfuguismo político sería permitido mientras ocurra en un lapso de tres meses, las listas serán cerradas y paritarias y las personas elegidas popularmente solo puedan ser destituidas por un juez y no por la Procuraduría. Para conocedores del tema, esta reforma da pie a la creación de unas élites partidistas que no permitirán una representación política real de cara a los ciudadanos. También se cuestiona la democracia interna de los partidos a la hora de elaborar la lista cerrada con miras a los comicios.
Economía
La reforma tributaria fue radicada casi que desde el día 1 de gobierno. Con ella se buscan recaudar 25 billones de pesos, aunque aún no se ha explicado el destino de esos recursos. Aunque a la norma se le han venido haciendo ajustes, persisten dudas entre gremios y empresarios por temas como el impuesto a los dividendos y el golpe a la clase media, así como la eliminación de beneficios tributarios que podrían llegar a desincentivar la inversión y golpear el empleo. El Gobierno espera que para finales de año ya esté aprobada.
Otro proyecto ya radicado es el que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, que contempla la puesta en marcha de una Corte para el sector que se especializará en la defensa de los campesinos y su acceso a la tierra.
La cascada de anuncios este primer mes incluyó otra reforma, la laboral, que aunque será radicada el próximo año, ha levantado ampolla, pues la ministra del ramo, Gloria Inés Ramírez, propuso cambiar las horas extras con el fin de que la jornada vuelva a comenzar a las 6 de la tarde.
Paz total
Un mes después de iniciar su gobierno, el presidente Gustavo Petro se ha encargado de liderar los anuncios en torno a su propuesta de paz total, que implica diálogos regionales con los principales actores del conflicto; entre ellos, bandas criminales, lo que le ha valido más de una crítica. Esta semana, en el marco de la modificación de la ley 418 de orden público, se dieron a conocer más detalles: habrá diálogos regionales, comisionados en las zonas más álgidas de conflicto y los alcaldes podrán adelantar labores humanitarias.
Otro hecho relevante es la reforma de la Policía y sus nuevas funciones, en el marco de lo que Petro llama seguridad humana. Se prevén cambios en el Esmad y la Policía, ya no haría parte de las Fuerzas Militares. El mandatario dijo que los ascensos en la institución deberán ser por mérito y que, en ese sentido, un patrullero podría llegar a ser general sin tener que pagar por ello.
En el contexto de la paz total también se prevé el cambio del servicio militar obligatorio por el de un servicio social.
Invasión de tierras
Aunque un mes es poco para medir las ejecutorias del nuevo Gobierno, es claro que la invasión ilegal de tierras en distintas regiones se ha convertido en el termómetro con el que muchos empiezan a evaluar el carácter del Ejecutivo. Varios expertos habían advertido que si desde las altas esferas del poder no se controlaba este fenómeno en el Valle del Cauca, podría reproducirse en otras zonas. Y así pasó. Al punto de que tras un consejo extraordinario de ministros se dio un ultmátum de 48 horas para que las tierras fueran desalojadas. En ese contexto, surgió la propuesta del presidente de Fedegán, José Félix Lafurie, de crear grupos de reacción solidaria desarmados y cuyo objetivo sería alertar sobre la presencia de invasores y con las autoridades recuperar los terrenos. Este es el tema más delicado que tiene el Ejecutivo en sus manos y la solución no se ve cerca. Más allá de anuncios sobre programas para entregar tierras a quienes no las poseen, lo que hay es temor de que por esta vía se pueda regresar a tiempos aciagos de violencia en el campo.
REDACCIÓN EL TIEMPO
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