Un revolcón en varias normas de carácter político y electoral está a punto de llegar al Congreso con el proyecto de reforma política que trabajan el Gobierno Nacional y sus aliados en el Capitolio, el cual contemplaría, entre otras cosas, la creación de una Corte Electoral y cambios de fondo en la personería jurídica que tienen los partidos.
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EL TIEMPO conoció el borrador final de la iniciativa de reforma constitucional a la que solamente le hace falta la revisión del presidente Gustavo Petro, quien le daría su bendición en los próximos días para que sea radicada en el Senado.
La decisión es presentar este proyecto de acto legislativo por el Senado, ya que otras iniciativas de peso –como la prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público y la que crea la jurisdicción agraria, por ejemplo– entraron por la Cámara.
La propuesta tendría cuatro grandes ejes en la manera como los partidos y movimientos políticos postulan candidatos para las elecciones y en la forma de vigilar y sancionar las faltas que comentan en medio de las campañas políticas.
Un primer cambio sería la creación de la Corte Electoral, el Consejo Electoral Colombiano y los tribunales electorales.
La propuesta es que la Corte Electoral asuma algunas funciones actuales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las articule con otras que tiene el Consejo de Estado, especialmente su Sección Quinta.
Con la reforma política se propone la creación de una Corte Electoral
Entre las competencias que tendría esta nueva instancia estarían conocer las quejas que se presenten después de los escrutinios de las elecciones y tramitar las solicitudes de revocatorias de candidaturas, las cuales cumple hoy en día el CNE.
Adicionalmente, esta nueva instancia conocería las solicitudes de pérdida de investidura de los congresistas y resolvería la suspensión o cancelación de la personería jurídica para las organizaciones políticas.
La propuesta oficial también contempla la creación del Consejo Electoral Colombiano y los tribunales electorales, los cuales serían los encargados de tramitar, especialmente, reclamaciones que se presenten después de realizadas las elecciones.
Este nuevo modelo ha sido propuesto en múltiples oportunidades en el pasado, pero la resistencia de algunas fuerzas políticas, las cuales postulan a los magistrados del actual Consejo Electoral, ha provocado que no haya podido salir adelante.
Revolcón a la personería
El segundo eje de este borrador de reforma política plantea un revolcón en la manera como las fuerzas políticas consiguen y conservan su personería jurídica.
El segundo eje de este borrador de reforma política plantea un revolcón en la manera como las fuerzas políticas consiguen y conservan su personería jurídica.
Cabe recordar que actualmente la Constitución contempla que este reconocimiento solamente se consigue con la obtención del 3 por ciento en las votaciones al Congreso y que debe renovarse en las siguientes elecciones con el mismo porcentaje.
Según el texto que se propone, se crearía la figura del movimiento político con personería jurídica, el cual solamente podría avalar candidatos a las elecciones tras el cumplimiento de ciertas condiciones. La financiación estatal –otro privilegio que da este reconocimiento– no aplicaría en este caso.
Para tener el estatus de movimiento político con personería jurídica bastaría con demostrar que se tiene una base de afiliados de al menos el 0,2 por ciento del censo electoral. A cuentas de hoy, una fuerza política tendría que demostrar que tiene alrededor de 78.000 afiliados para que le otorguen este reconocimiento jurídico.
Además de esto, la propuesta contempla que será la ley la que determine la manera de perder la personería, pero que, en todo caso, no podrá “exigirse para su preservación la obtención de un mínimo de votos en alguna de las elecciones de cargos de elección popular”.
Este cambio en la personería jurídica para las fuerzas políticas supondría un revolcón en esa figura. En los últimos años, algunos movimientos han recuperado su reconocimiento mediante mecanismos diferentes al que contempla la Constitución, lo cual, para algunos observadores, hace que se multiplique la cantidad de partidos y movimientos en competencia.
Un tercer eje está en el transfuguismo o la posibilidad de que los congresistas puedan cambiar de partido sin que incurran en doble militancia, una de las causales para la anulación de sus elecciones al Congreso. En este caso se plantea un plazo de tres meses para este cambio.
Este diario pudo establecer entre varios congresistas del Pacto Histórico, la plataforma que acompañó a Petro, que entre los propósitos está que esta coalición se convierta en un partido político único en el futuro y uno de los caminos para ello es reforzarlo con la llegada de integrantes de otras fuerzas políticas que han manifestado su intención de aterrizar en la alianza que llevó a Petro al triunfo.
Un tercer eje está en el transfuguismo o la posibilidad de que los congresistas puedan cambiar de partido sin que incurran en doble militancia
Y un cuarto punto, que seguramente generará polémica en el Congreso, sería la inclusión de un artículo que indica que los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular –como los alcaldes, por ejemplo– solamente podrán ser limitados por una autoridad judicial competente.
Esto se traduciría, por ejemplo, en que una instancia como la Procuraduría General no podría limitar derechos políticos a los alcaldes, como sucedió en la campaña electoral pasada.
Además de estos temas, el borrador del proyecto trae las mismas propuestas que se han llevado al Congreso en el pasado: listas cerradas y paritarias para elección de corporaciones como Congreso, asambleas y concejos; financiación totalmente estatal para las campañas, y límites a la reelección de congresistas, los cuales solamente podrían repetir periodo por una sola vez.
Aunque el proyecto lleva varios días en el despacho presidencial, todavía no se sabe con certeza si hay puntos a los que Petro no les haya dado su bendición y cuáles serían. Lo cierto, por el momento, es que para la aprobación de esta reforma política, el Gobierno deberá contar con mayorías sólidas que estén dispuestas a este remezón en las costumbres políticas del país.
REDACCIÓN POLÍTICA
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