Humberto de la Calle propone revolcón electoral – Congreso – Política

Entre 1982 y 1986, el senador y exjefe del equipo negociador con las Farc, Humberto de la Calle, fue registrador Nacional. En ese periodo, según recordó, se expidió el Código Electoral que se busca modernizar ahora en el Congreso y, a partir del cual, el congresista manifestó algunas de sus posiciones sobre estos temas.

En diálogo con EL TIEMPO, De la Calle afirmó que, en su opinión, antes de modernizar el Código Electoral se debe modificar la estructura de la Organización Electoral, es decir la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y planteó, para ello, cambiar el actual tribunal por una nueva corte.

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¿Cuál es su posición sobre la modernización del Código Electoral?
Diría que es una necesidad absolutamente palpable. El Código actual fue expedido cuando yo me desempeñaba como Registrador Nacional y soy el primero en reconocer que es obsoleto. El Código que se aprobó y tumbó la Corte Constitucional tiene avances importantes. Mi preocupación no es esa, es otra.

¿Cuál es?
La primera preocupación es comenzar por lo último. El Código Electoral está al servicio de una arquitectura institucional y de un sistema electoral. Estas dos cosas tienen características constitucionales y el Código Electoral es como el último vagón del tren. Me parece que hay que arreglar primero la locomotora, sin perjuicio de que el Código Electoral complemente y desarrolle esas ideas. Lo digo por una razón sencilla: si empezamos al revés, expidiendo ese Código Electoral con el apresuramiento que le ha impreso el Gobierno, corremos el riesgo de que cuando salga ya sea obsoleto.

¿Por qué?
Porque la arquitectura ha cambiado y el sistema electoral también. Creo que es un orden inverso al que debería ser. Ahora, estamos dispuestos a mirarlo con mente amplia, pero también a ver cuáles son sus defectos particulares.

¿Es decir que, en su opinión, es necesario hacer algunos ajustes constitucionales antes de tramitar el Código Electoral?
Claro. Hay varios proyectos, entre ellos uno en el cual somos autores, y que cambian la estructura institucional. Por ejemplo nosotros estamos proponiendo que la Registraduría no sea un organismo tan autónomo como lo ha sido, sino que la cabeza administrativa sea un nuevo consejo electoral colombiano. Estamos proponiendo una corte electoral tomada de los actuales magistrados del Consejo de Estado, pero que realmente tenga mayor celeridad en las decisiones. Todo eso puede chocar con las normas del Código Electoral.

Y, según esa propuesta, ¿cómo serían la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral?
Hay que mirar cuáles son los problemas y cuáles las soluciones. Los problemas son que el Consejo Nacional Electoral es nombrado por los partidos. A través del Congreso, pero son los delegados de los partidos. Colombia y Perú son los únicos países que tienen ese sistema. En todas partes el consejo electoral es independiente. No soy ingenuo. Nadie es totalmente independiente, pero aquí sí explícitamente se dice que un consejero electoral es el delegado de un partido. Eso es nefato, porque en la administración electoral y en la resolución de controversias priman los intereses partidistas.

Entonces, ¿cuál es la propuesta en concreto?
Reducir a cinco el número de magistrados, con lo cual hay un ahorro considerable. Es una solución más barata que la actual. Elegirlos a través de un sistema exquisito de meritocracia y con unos periodos más largos, que garanticen mayor independencia. Y la Registraduría hoy tiene unos poderes absolutos y omnímodos. Me parece que eso exige que esa entidad sea el cuerpo ejecutor de ese consejo nuevo, que llamamos consejo electoral colombiano, que es el que realmente administra las elecciones, hace los escrutinios a través de la Registraduría. Lo que creemos es que el Registrador sea el presidente de ese consejo, pero no la autoridad solitaria y sin mayores controles de hoy.

¿Qué otra cosa cambiaría en el Consejo Electoral, como se conoce hoy?
Hay una dificultad. El Consejo Electoral actual toma decisiones que corresponden a litigios, a discusiones jurídicas, y luego el Consejo de Estado, en la Sección Quinta, puede revisarlas, derogarlas, cambiarlas, anularlas y, en algunas ocasiones, esto va a la Sala Plena del Consejo de Estado. Por ello hemos visto momentos en que faltando seis meses para terminar el periodo de cuatro años cambia la composición del Congreso. Eso es inaceptable en una democracia.

¿Y qué participación tendrían los partidos políticos en este nuevo esquema?
Esa es una pregunta clave. Lo que hoy tenemos es que en el Consejo Electoral hay delegados de los partidos y eso es muy nocivo, pero los partidos sí tienen derecho a estar allí. En esa organización electoral nueva, al lado del consejo electoral, creamos la presencia de los partidos totalmente legítima, porque ellos sí tienen que discutir todas las decisiones de la administración de las elecciones. Lo que pasa es que lo hacemos con delegados directos de los partidos que aconsejan, opinan, vigilan, pero no toman las decisiones. Entre otras cosas esos delegados de los partidos deben ser pagados por las propias colectividades. Es una forma de abaratar también los costos.

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Surtida esta reforma constitucional, ¿cómo debería actualizarse el Código Electoral?
Hay un llamado a la incorporación de tecnología. Es algo que ha venido funcionando. Incluso desde mi época de Registrador hicimos el primer conteo computarizado de los votos y eso ha venido funcionando bien. Hay detalles en el Código Electoral que tenemos que mirar, especialmente a la luz de lo que pasó en las elecciones del pasado 13 de marzo, por ejemplo, se habla del voto anticipado. Recientemente Polimétrica presentó una encuesta sobre el momento en el que los colombianos deciden su voto y muchas de estas decisiones se toman muy al final, en la última semana. Incluso el día de elecciones. El voto anticipado lo que termina es dándole un privilegio a los sectores más duros, al votante-militante y desvirtúa la capacidad de la campaña de modificar la percepción de los electores. ¿Se imagina la desconfianza del voto anticipado en un país como Colombia, donde se creen que las instituciones electorales están torcidas y no generan confianza.