Una de las principales dificultades que han tenido gobiernos anteriores y que la administración de Gustavo Petro también deberá enfrentar es el número indeterminado de personas que reciben ingresos camuflados como gastos de las empresas de las que son dueños, así como aquellos profesionales independientes de alto ingreso (médicos, odontólogos, abogados y contadores, entre otros) que en su mayoría reciben solo efectivo, con lo cual ‘vuelan’ por debajo del radar de la Dian.
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Datos de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) indican que en los cotizantes independientes la mayoría, es decir, el 66,36 por ciento, aporta a pensión y salud sobre un salario mínimo (1 millón de pesos de 2022), y los aportes que hacen representan el 43,3 por ciento de todos los ingresos que recibió el sistema de la protección social en marzo de 2022. Y es que para nadie es un secreto que no es bajo el número de personas que aunque reciben ingresos altos, cotizan por un salario mínimo, y con esto no clasifican como declarantes de renta.
En la otra orilla, en los aportantes dependientes, es decir los empleados, el 28,5 por ciento de los cotizantes cotizan sobre un salario mínimo, lo que equivale al 10,59 por ciento del aporte que recibió el sistema de la protección social en marzo.
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“A los independientes, a menos que tengan contratos con el Estado o con empresas grandes, es muy difícil encontrarlos. A los médicos, los odontólogos, los ingenieros e incluso a los comerciantes es muy difícil que el radar de la Dian los detecte con precisión”, asegura el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño.
Y agrega que en este grupo se evade mucho dinero, al tiempo que sus servicios suelen ser muy caros, porque las consultas con un profesional de la salud con buena reputación o la hora de trabajo de un ingeniero pueden estar entre 100.000 y 200.000 pesos, y la gran mayoría recibe el ingreso en efectivo.
Según el Dane, para 2021 había en el país cerca de 65.000 profesionales independientes que le dijeron a la entidad que sus ingresos superaban los 9 millones de pesos mensuales, en tanto que el número catalogado como de clase alta superó los 196.000 colombianos.
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