Uno de los retos más difíciles que ha tenido que afrontar la seguridad de Bogotá durante el último semestre es el bajo porcentaje de judicializaciones frente al alto número de delincuentes capturados que hay en la capital por el delito de hurto, el cual, según los expertos, ha alimentado la reincidencia y ha impactado en el crecimiento de los indicadores delictivos.
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Según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad y de la Alcaldía Mayor, de los 5.559 detenidos entre el 25 de enero –fecha de entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana– y el 29 de julio, 4.345 sujetos han sido dejados en libertad, lo cual quiere decir que el 88 por ciento de los delincuentes encuentran en las fallas judiciales una segunda oportunidad para delinquir, como lo señaló la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
De los capturados que luego son liberados por no cumplir con los criterios necesarios para llevar un proceso judicial que termine con la reclusión en centro carcelario, 4.345 son por hurto, 575 son por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, de los cuales 12 por ciento quedan en impunidad; 11 capturas por daño en bien ajeno con un porcentaje de liberación de 0,2 por ciento y una captura por violencia contra servidor público, donde también 0,2 es el porcentaje de liberados.
Ahora bien, otra de las cifras que preocupa es que del total de capturados este semestre, 1.508 han sido de nacionalidad extranjera, que a su vez representan el 19 por ciento del total de delincuentes detenidos en la ciudad. Según el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, de estos también son cerca el 80 por ciento los que quedan libres porque no cuentan con un documento de identidad para ser procesados o simplemente porque los delitos cometidos son de menor cuantía o excarcelables, como lo es el hurto simple.
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Qué pasa con el sistema
De acuerdo con el abogado penalista de la Universidad Manuela Beltrán Mauricio Tamayo son varios factores los que intervienen en la liberación de los detenidos. En primer lugar, señala el experto, uno de ellos tiene que ver con las falencias al momento de realizar las detenciones, “es por esta razón que un juez de control de garantías está en la obligación de dejar a la persona en libertad toda vez que hay fallas en el proceso de detención”.
Por otro lado, el abogado explica que una de las más frecuentes es cuando el juez escucha la solicitud presentada por el fiscal delegado y no quedan claros los criterios de necesidad para mantener a la persona privada de la libertad mientras enfrenta su juicio. “Eso quiere decir que la argumentación del fiscal no fue suficiente y en eso los jueces son muy estrictos”, puntualizó.
No obstante, Rafael Báez, experto en seguridad, va más allá y asegura que el sistema penal colombiano está contemplado para que esta situación se dé y varios delitos no conlleven una medida de aseguramiento, “de esta manera se puede alivianar el hacinamiento que hay en las URI, en las estaciones de policía, penitenciarias y cárceles, que en algunas ocasiones llega hasta el 500 o 700 por ciento”.
Pero explicó también que el problema es más profundo y que tiene su raíz en la política criminal colombiana que ha hecho de algunos delitos del común querellables, es decir que deben ser denunciados para poder ser juzgados, lo que pone de manifiesto “la baja cultura ciudadana de la denuncia, que impacta en la baja judicialización y retención de los delincuentes”. Además, Báez advirtió sobre la importancia de capacitar a los agentes de policía acerca de la correcta realización de las diligencias de captura para así poder asegurar que el juez de control de garantías tendrá todas las herramientas para poder procesar al delincuente.
En conclusión, señalan los expertos, hay una cadena de situaciones que pueden impactar en una masiva liberación de delincuentes en la ciudad: en primer lugar, una captura mal realizada, luego, una deficiente argumentación del fiscal; la falta de denuncia por parte de la víctima y, finalmente, la congestión en el sistema judicial, que ya no da abasto para procesar un alto número de detenidos.
En esa línea, la alcaldesa Claudia López señaló: “Ni Bogotá ni ninguna ciudad puede resistir que el ‘raponazo’ y el hurto queden en la impunidad. Los alcaldes no nombramos a los jueces, ellos tienen plena autonomía, pero esa autonomía es para judicializar no para dejar el libertad, porque entonces se acaba el Estado social de derecho”.
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Ley de seguridad ciudadana
Si bien se esperaba que la aprobación de esta ley ayudara a impactar la criminalidad en la ciudad, lo cierto es que existe confusión frente a su entorno de aplicación. Aunque esta nueva norma esta enfocada en hacer más estricto el proceso judicial para los delincuentes que sean sorprendidos en flagrancia usando armas de fuego, traumáticas o blancas en contra de la vida de otro sujeto; no aplica para delincuentes que cometan robos simples, como es el caso del raponazo, donde no se hace uso de algún artefacto para herir a otro. La cifra de 88% de los delincuentes dejados en libertad corresponde a modalidades delictivas simples que son querellables de menos cuantía, por lo que no requieren cárcel.
JONATHAN TORO
EL TIEMPO
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