Declarar la crisis humanitaria para el pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño, solicitaron sus líderes al Gobierno Nacional, ante los distintos fenómenos de violencia que están sufriendo sus distintos resguardos.
Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, la solicitud se hace en desarrollo de la minga humanitaria por la vida y la dignidad, que desde hace un mes se cumple en el resguardo Inda Sabaleta del municipio de Tumaco.
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La organización cree que la crisis humanitaria hoy en el territorio es de alta complejidad, “por la presencia de actores armados legales e ilegales a quienes exigimos el respeto a las comunidades”, al tiempo que enfatiza que “somos constructores de paz y no pueden arrancarnos la vida ni nuestro territorio”.
Las cifras que reveló para demostrar que el conflicto armado está tocando fondo son de mucha preocupación.
En la actualidad se reportan 88 familias desplazadas por la violencia, mientras que otras 248 están en confinamiento, por lo que ya se contabilizan 336 familias afectadas.
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Desde el año 2016 hasta el presente se han producido más de 350 hechos victimizantes contra mujeres, niños y adultos mayores.
La larga lista que para esta sufrida comunidad indígena deja el conflicto armado no termina allí.
Ya se contabilizan en el mismo período más de 95 asesinatos y más de 16 desapariciones, entre las víctimas hay varios hombres, pero la cuota de sangre que han puesto las mujeres no es menor.
El pasado 31 de julio en horas de la noche fue asesinada por desconocidos María Verónica Pai, tenía 6 meses de embarazo y se desempeñaba como comunera del resguardo indígena Piguambí Palangala, en Tumaco. Con su partida esta madre cabeza de familia dejó desamparados y huérfanos a dos menores de edad.
Teniendo en cuenta este duro panorama el pueblo Awá le pidió al Gobierno una visita de verificación con carácter urgente para que acepte dicha declaratoria, al Senado de la República la realización de una audiencia pública en el territorio y a la vicepresidenta electa Francia Márquez una mesa de seguimiento del Auto 620 de 2017, con el fin de avanzar en las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.
Pero también reclama a la comunidad internacional defensora de derechos humanos y al sistema de las Naciones Unidas, el acompañamiento permanente en la región.
El conflicto se extiende
Hasta la organización Camawari del pueblo Awá que ocupa otro territorio de Nariño, también se ha visto duramente golpeada por la violencia.
Así lo denunció en un comunicado: “desde inicios del año 2022 hasta la fecha se han venido presentando hechos de violencia, crisis humanitaria y muertes de líderes en el territorio”.
Entre los meses de abril y junio se han registrado en el municipio de Ricaurte más de 6 asesinatos con armas de fuego, los cuales son atribuidos a grupos armados ilegales.
“Los líderes, autoridades y población en general de los cabildos y resguardos asociados a la organización Camawari y no asociados, hemos sido objeto de amenazas constantes, atentados, asesinatos y desplazamientos”, agregó.
MAURICIO DE LA ROSA
PASTO
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