El Gobierno Nacional estaría dando muestras de voluntad para acatar las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las presuntas vulneraciones que se presentaron durante el paro nacional del 2021. Así se conoció este viernes, después de que la directora de la Agencia Jurídica del Estado confirmara que se están dando los primeros pasos.
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La nueva directora Martha Lucía Zamora aseguró que en compañía del Ministerio de Defensa, en cabeza del ministro Iván Velásquez, se iniciará un proceso especial de revisión de las recomendaciones entregadas por la CIDH y las acciones que fueron ejecutadas por la Fuerza Pública.
En diálogo con la revista Semana, Zamora aseguró que se comunicó con el mindefensa para proceder con la verificación de los casos que están en curso de litigio y también los que aún no han sido procesados.
“En el día de ayer me comuniqué con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con la finalidad de poder revisar aquellas actuaciones que han dado pie para demandas contra el Estado y que es parte de este engranaje que está llevando a un cambio de mentalidad, un cambio de atención y de cumplimiento”, sostuvo Zamora en comunicación con el medio citado.
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El MinDefensa estaría dispuesto a revisar los diferentes casos en lo que se hizo evidente la vulneración por parte de la Fuerza Pública.
César Melgarejo. EL TIEMPO
La funcionaria aseguró que el análisis del informe de la CIDH se tendrá que dar a través de la legislación interna del país y también teniendo en cuenta la nueva visión que se prevé para el desempeño de la Fuerza Pública.
En ese sentido, hay que decir que una de las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana estaría alineado con uno de los propósitos de la nueva jefatura de Estado. La organización planteó la posibilidad de que la Policía Nacional y el Esmad sean separados del Ministerio de Defensa.
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Se debe garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano
La CIDH señala que de esta forma se podrían dar una diferenciación de las actuaciones que deben ser emprendidas por las fuerzas policiales en escenarios de conflicto o alteración del orden público.
Por lo que indica que se debe “garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos, y no bajo una perspectiva militar”. Ese punto ya ha encontrado eco en el Gobierno, pues el presidente Gustavo Petro ha afirmado que la Fuerza Pública debe ser capacitada para la paz.
Durante el 2021 se vivió el paro nacional en diferentes ciudades del país y algunas manifestaciones resultaron en enfrenamientos entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.
Vanexa Romero/El Tiempo
La organización para la protección de los derechos humanos subrayó que las actuaciones de la población civil se dieron en el marco de la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. Asimismo, indicó que pudo constatar que durante el paro nacional “hubo un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento”.
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Finalmente, dentro del informe se destaca que la Comisión Interamericana pudo evidenciar un “clima de polarización”, que habría generado agitación en el debate nacional sobre “la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud”.
“Este fenómeno está presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes, que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La Comisión Interamericana encuentra especialmente preocupante estos discursos cuando provienen de autoridades públicas”, puntualizó.
REDACCIÓN POLÍTICA
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