Diplomática y algo ambigua. Así fue la reacción de Estados Unidos esta semana a la propuesta del presidente Gustavo Petro de suspender los pedidos de extradición que pesan contra aquellos narcotraficantes que se sometan a la justicia y no reincidan en el delito.
(Le puede interesar: Gustavo Petro y su propuesta sobre extradición a EE. UU.: los retos y escenarios)
En una improvisada rueda de prensa en Bogotá, a la que asistieron las máximas autoridades antidrogas de este país, la administración del presidente Joe Biden dijo que el Departamento de Justicia debía estar involucrado en las discusiones, que mantendrían el diálogo y que las relaciones bilaterales, pese al anuncio, no eran tensas.
(Además lea: ¿Qué opina Estados Unidos de la propuesta de Gustavo Petro sobre la extradición?)
Frases medidas frente a un tema de enorme trascendencia, que ha sido piedra angular en la lucha contra las drogas a lo largo de estos últimos 30 años y que, como era obvio, desató polémica en ambos países.
Para entender su alcance, desde la perspectiva de Washington, EL TIEMPO entrevistó al exembajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, un conocedor del asunto como pocos.
Se trata del embajador que más tiempo ha permanecido en Colombia durante la historia moderna: cinco años y tres meses, cuando el promedio de servicio en el exterior para funcionarios de Estados Unidos suelen ser solo de tres años.
Su periplo por el país, además, coincidió con un momento similar (2014-2019), cuando Juan Manuel Santos hizo un pedido idéntico para los miembros de las Farc en el marco de las negociaciones de paz con esta guerrilla. Eso sumado a que Whitaker, un diplomático de carrera, dedicó sus 40 años de servicio público a temas relacionados con Colombia y la región, como encargado de Asuntos Andinos en el departamento de Estado (2008-2011), subsecretario para el Hemisferio Occidental (2011 a 2014) y en las embajadas de Venezuela, Cuba, Jamaica, Honduras y Nicaragua.
(No deje de leer: Gustavo Petro propone condicionar la extradición de narcos; EE. UU. reaccionó)
En la conversación con este diario, el exdiplomático dice que Estados Unidos no será un obstáculo para la paz en Colombia, pero tampoco dejará de buscar la extradición de los que han violado la ley.
Aunque reconocer que la propuesta de Petro es consistente con la que han hecho gobiernos anteriores, podría crear fuertes tensiones, especialmente con el partido republicano.
Adicionalmente, el exembajador sostiene que la propuesta de Petro pone a la administración Biden en una posición incómoda y no bienvenida. Especialmente si se traduce en decisiones unilaterales y no coordinadas con un aliado de décadas como lo es Estados Unidos.
¿Qué opina de la propuesta que le hizo Petro a Estados Unidos sobre la extradición de narcotraficantes?
La extradición ha sido una de las herramientas más importantes en nuestros esfuerzos compartidos para enfrentar el narcotráfico. Cientos de narcotraficantes y terroristas colombianos han sido extraditados para pagar por sus crímenes, en beneficio de las víctimas, la justicia colombiana y la justicia estadounidense.
Desde hace 30 años o más, los narcotraficantes colombianos desde Escobar, hasta los paramilitares, pasando por las Farc, han buscado evitar la extradición, mostrando su temor por la implacabilidad de esta justicia. Y durante ese tiempo, los líderes colombianos han utilizado el miedo de estos criminales a la justicia estadounidense para hacer “palanca” en favor de la paz y la desmovilización. Y el enfoque de Petro parece consistente con esto.
Dicho esto, un encausamiento es un encausamiento, y el gobierno de Estados Unidos está obligado a continuar buscando la extradición de las personas sujetas a un proceso judicial en nuestro país.
¿La respuesta de la administración Biden fue muy diplomática. Pero es claro que este es un paso que no quisieran dar. ¿Cuál cree que es la verdadera sensación al interior del gobierno?
Ninguna administración de Estados Unidos querrá hacer o decir nada que pueda parecer un obstáculo para la paz. Pero como se lo acabo de señalar, ningún funcionario estadounidense tiene la capacidad de simplemente hacer desaparecer una acusación. La justicia estadounidense es implacable, como debe ser.
¿Pero cómo caerá esto en Washington, especialmente entre los republicanos que bien podrían recuperar el control del Congreso en noviembre?
Una variedad de actores políticos, particularmente los republicanos, creen en el modelo existente de cooperación antinarcóticos: el uso efectivo de la extradición, un programa de erradicación coherente y efectivo, un esfuerzo serio de interdicción marítima, y un enfoque duradero para el desarrollo alternativo. Si se imponen límites a cualquiera de esos componentes, especialmente en ausencia de una alternativa clara, es previsible que las partes interesadas se sientan decepcionadas y preocupadas.
Es importante señalar aquí que, bajo la administración de Trump, hubo tres esfuerzos separados para “descertificar” a Colombia, es decir, para que el poder Ejecutivo concluyera que Colombia no estaba cumpliendo con sus obligaciones internacionales antinarcóticos. Los funcionarios estadounidenses de carrera pudimos derrotar este enfoque sin fundamento, equivocado e incluso tonto.
Una mayoría republicana en el Congreso no tendría autoridad para descertificar a Colombia, porque esa es una decisión del poder Ejecutivo. Sin embargo, una nueva administración republicana podría reconsiderar la descertificación si los componentes fundamentales del modelo han cambiado o han sido eliminados.
(Además lea: Álvaro Córdoba: defensa aspira a que Petro revise con lupa su extradición)
¿Qué tan incómodo termina siendo esta propuesta para la administración Biden teniendo en cuenta el valor que se le sigue dando a la herramienta en Estados Unidos y la muy probable oposición republicana?
Sin duda, el aparente compromiso de la administración Petro con los cambios, incluidos cambios fundamentales en los enfoques de extradición y erradicación vigentes durante dos décadas, presenta un desafío complicado y no bienvenido para la administración Biden. Ellos intentarán centrarse en las partes positivas de la agenda bilateral: trabajar juntos en cambio climático, buscar revitalizar la implementación del acuerdo de paz e incluso, tal vez, un esfuerzo combinado en Venezuela.
Aún así, el desafío permanecerá. Mientras que el equipo de Biden habla de un enfoque “holístico”, sea lo que sea que eso signifique, la mayoría de las partes interesadas en Estados Unidos creen que esta política de cuatro ejes -extradición, erradicación, interdicción y desarrollo sostenible- ha sido eficaz y debe continuar.
En el caso de la extradición específicamente, ¿por qué ha funcionado? Cerca de 2.000 delincuentes han enfrentado la justicia en Estados Unidos luego de ser extraditados, en beneficio de las víctimas, la justicia estadounidense y la justicia colombiana.
Esas partes interesadas podrían irritarse si se realizan cambios, especialmente si se hacen de manera unilateral y por decreto, en lugar de en consulta con los aliados estadounidenses, como ha sido la práctica durante dos décadas.
Si el análisis de la política exterior y de drogas es complejo de por sí, el componente de política interna en Estados Unidos lo es más. Algunos actores republicanos, incluidos los aliados tradicionales de la relación bilateral, parecen inclinados a encasillar preventivamente a Petro como un “socialista” o “castro-chavista”. Y la turbulencia en la relación antinarcóticos facilita traducir esas preocupaciones de política exterior al ambiente de política interna.
¿Por qué cree que Petro está jugando una carta que podría ser explosiva y complicar las relaciones?
Eso mejor pregúnteselo al presidente Petro.
La extradición de narcotraficantes siempre se ha justificado bajo dos premisas. Que la justicia colombiana no tiene capacidad para enjuiciarlos y porque es a lo único que le temen los capos. ¿Usted cree que sigue siendo así?
No creo que ninguna de esas premisas sea la que ha regido el uso de la extradición. Más bien, las autoridades policiales y judiciales estadounidenses y colombianas buscaron extraditar a los criminales a los Estados Unidos porque la justicia aquí es segura (más del 95 por ciento de los extraditados “se declaran culpables”, es decir, admiten su culpabilidad sin un juicio). Es importante destacar que todo esto sucede sin tener que lidiar con las amenazas predecibles a los funcionarios colombianos que asistirían a un juicio colombiano por narcotráfico.
Mi opinión personal es que ya es hora de que el sistema colombiano se haga cargo de más de estos casos
Finalmente, el sistema estadounidense está diseñado para permitir que los acusados se declaren culpables a cambio de cooperación, es decir, admiten su culpabilidad y acceden a proporcionar información y testimonio contra otros criminales, a cambio de sentencias más leves. Este mecanismo particular existe en parte en Colombia, pero es más aceptado y rutinario en los Estados Unidos, lo que permite a los investigadores “tirar del hilo” continuamente en este tipo de conspiraciones criminales, persiguiendo a delincuentes de nivel cada vez más alto.
Dicho todo esto, mi opinión personal es que ya es hora de que el sistema colombiano se haga cargo de más de estos casos. Por definición, cualquier persona solicitada en extradición ha sido acusada de violar las leyes estadounidenses. Y ciertamente todos estos individuos también han violado la ley colombiana y causado víctimas en el país. El sistema colombiano debe volverse más eficiente en este aspecto.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
Fuente