Petro: ¿se pueden caer las facultades extraordinarias del Presidente? – Gobierno – Política

El Plan de Desarrollo, la ‘hoja de ruta’ del gobierno de Gustavo Petro, llegó al Congreso con la solicitud de facultades extraordinarias por seis meses para que el Presidente de la República saque adelante propuestas que considera claves.

En esencia, esos ‘superpoderes’ los piden prácticamente todos los presidentes, en aplicación de una figura establecida en el artículo 150 de la Constitución Política de 1991. Sin embargo, analistas, sectores políticos y juristas manifiestan preocupaciones por la amplitud que tienen algunas de las 14 facultades que pidió el jefe de Estado.

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Si el Congreso le dice que sí, Petro podría tomar decisiones vía decreto con fuerza de ley. En el pasado, por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos le pidió al Congreso facultades para empezar a implementar algunos de los puntos del acuerdo de paz de La Habana. Y el expresidente Iván Duque hizo lo propio cuando radicó su Plan Nacional de Desarrollo. El Congreso finalmente le aprobó cinco facultades que quedaron establecidas en la Ley 1955 de 2019.

En los borradores del Plan del gobierno Petro se habían incluido facultades específicas para modificar, fusionar e incluso suprimir algunas empresas del sector eléctrico, así como algunas superintendencias. Eso al final no quedó en el texto que llegó esta semana al Congreso, lo que no significa que el Gobierno haya desechado la idea, que había generado alarma en ese sector.

“Sí, nosotros estamos pensando, sobre todo, en las pequeñas empresas generadoras locales, cómo se pueden reorganizar mejor, pero habría que hablar con el sector eléctrico. Aquí hay un respeto completo por la capacidad del poder legislativo”, le dijo a EL TIEMPO el director de Planeación, Jorge Iván González.

Y añadió que las facultades también serían usadas para realizar una profunda cirugía a “las entidades que tienen que ver con los subsidios”, como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, entre otras.

La aprobación de las facultades requiere mayoría calificada en el Congreso (la mitad más uno de los integrantes de cada una de las corporaciones (no del quorum): es decir, 54 en Senado y 94 en Cámara. Pero incluso aprobadas por el Legislativo, normalmente deben superar decenas de demandas de inconstitucionalidad.

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Las peticiones y los límites de las facultades extraordinarias

EL TIEMPO consultó a tres expresidentes de la Corte Constitucional, quienes recordaron que las facultades no se pueden conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas ni para decretar impuestos.

Cuando llegue el momento del examen constitucional, también se tendrá en cuenta que las facultades estén claramente ligadas al objeto del Plan Nacional de Desarrollo y su precisión.

Y este último término, ‘precisión’, es clave: si se pretenden facultades especiales para crear una entidad, el proyecto debe decir cuál y para qué, no solo hablar en genérico de crear nuevas instituciones.Y ese es el punto que los juristas ven con más debilidades en las facultades que se le solicitaron al Congreso.

Esto porque el interés es que el Presidente pueda “crear, fusionar, escindir, suprimir o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la Rama Ejecutiva” y, una vez esto se haga, poder definir sus objetivos, presupuesto, capitalizarlas o definir la naturaleza de eventuales fondos que se creen, entre otros. La falta de precisión en esa delimitación será una dura talanquera en el control de constitucionalidad.

“Cuando el Presidente está ejerciendo facultades legislativas extraordinarias, que no son de su naturaleza, no cabe mencionar cualquier delimitación para satisfacer el requisito de precisión: el Legislativo no puede dar cheques en blanco al Gobierno sin saber qué es lo que se va a reestructurar”, explica un exmagistrado de la Corte Constitucional.

Lo propio apuntó el expresidente de ese tribunal José Gregorio Hernández, quien insistió en que como se trata de una función legislativa, la precisión es vital: “Veo que son muchas facultades y que son bastante amplias, cuando la Constitución dice que deben ser excepcionales y precisas. No pueden ser completamente abiertas, sino determinadas”.

Además de los sectores mencionados por el Director de Planeación, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que algunas dependencias de su cartera pasarían al Ministerio de la Igualdad, que está en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le dijo a EL TIEMPO que el proyecto con el que el Gobierno busca humanizar las cárceles tiene que complementarse con una modificación (no eliminación) del Inpec y la Uspec, las dos entidades claves en el manejo de las cárceles y su logística y que están en la lista de las más afectadas por la corrupción.

Ahora bien, incluso si las facultades son precisas, los decretos leyes que se expidan en el marco de los seis meses siguientes pueden caerse en la Corte si la regulación expedida no se ciñó al aval que le dieron al Presidente. Eso pasó con las facultades que recibió el presidente Duque en 2019 para regular la asignación básica mensual de los servidores de la Contraloría y su planta transitoria. La Corte avaló las facultades, pero luego examinó el decreto expedido por el Ejecutivo y dijo que lo allí establecido excedía los poderes conferidos al Presidente.

Sobre lo que viene en el Plan del gobierno, expertos consultados dicen que hay facultades que cumplirían el requisito de precisión, como las que buscan crear un régimen carcelario para los indígenas y revivir el hospital San Juan de Dios. También, las facultades para regular los usos alternativos de la planta de coca, del cannabis y definir los fines medicinales, terapéuticos y científicos de esas sustancias psicoactivas.

Pero además de las de hacerles cirugía a entidades públicas hay otras que se consideran demasiado generales, como la que busca “depurar y modificar la normativa vigente para establecer los instrumentos que se requieran para implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular”.

Y una más, dicen los expertos, está en una especie de ‘zona gris’: la de crear un sistema de transferencias para apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad derivada de situaciones adversas provocadas por la materialización de riesgos sociales, económicos, o por desastres naturales. Lo que señalan los analistas es que las facultades podrían pasar el examen en este capítulo, pero que es tal la amplitud de frentes que podría haber líos con otro control que impone la Corte Constitucional: el de unidad de materia.

¿Qué dice el Congreso?

Este diario habló con miembros de las diversas colectividades políticas, que indicaron que apenas están empezando a leer el documento de 166 páginas. Eso sí, la mayoría coincide en que se reunirán en los próximos días en bancada para discutir estas facultades y los puntos claves del PND.

Los liberales ya están alistando retiros espirituales para definir su posición frente a las reformas del Gobierno, entre ellas, el Plan Nacional de Desarrollo. Por el lado de los conservadores, que también forman parte de la coalición, afirman que se tomarán su tiempo para el análisis, sin presiones.

El senador Efraín Cepeda, quien podría ser el siguiente presidente de la colectividad, señala que van a citar para la próxima semana una reunión de bancada para tomar decisiones definitivas. “En los PND generalmente se conceden facultades al Presidente. Pero siempre las estudiamos una a una. Hace cuatro años, a Duque se le aprobaron unas, se negaron y modificaron otras. Eso hace parte del debate”, dijo Cepeda.

Por esa misma línea están los ‘verdes’. Según señalan, sus congresistas, individualmente, están analizando el texto con el apoyo de sus equipos. La senadora Angélica Lozano explicó que antes de que se radicara el plan hicieron algunas propuestas, pero no todas fueron acogidas. “No podemos opinar a la ligera. El lunes me voy a sentar con mi equipo para establecer las mejoras y preocupaciones”, explicó. Será otro punto de discusión en esta bancada, que en los últimos días se ha visto en fuertes pujas internas, como los conservadores.

En el Pacto Histórico, como es de esperarse, han respaldado las facultades del Presidente, pues las consideran necesarias para que Petro pueda cumplir con su plan de gobierno. Así lo expresa la representante María del Mar Pizarro, quien dijo que hay “un compromiso con la ciudadanía” y que dichas facultades les permiten “sacar adelante las reformas y transiciones” que prometieron.

Pizarro dice, por ejemplo, que desde su trabajo en la Comisión Legal de Cuentas se ha dado cuenta de que es necesario modificar ciertas entidades que tienen problemas financieros, como el Inpec. “El Presidente está facultado para esto”, afirma.

Por los lados de Cambio Radical aseguran que el próximo lunes les enviarán a todos sus miembros de bancada un documento con las principales consideraciones sobre el Plan. “Las facultades extraordinarias se estudian mucho, por eso haremos un análisis a fondo y en bancada para presentar las dudas que tengamos”, le dijo a este diario el senador Carlos González.

De otro lado, los miembros del Centro Democrático han señalado que las facultades tienen “tintes dictatoriales”. El representante Christian Garcés, quien además será ponente del proyecto, afirma que “las facultades prácticamente lo convierten (a Petro) en un dictador. Una de ellas es cambiar toda la estructura de las entidades del Estado, incluyendo sus objetos y misiones. Esto le permitiría quedar con una institucionalidad organizada a su antojo”.

El Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, afirma que está abierto al debate y que se realizarán las precisiones necesarias sobre las facultades. Y al final, la última palabra la tendrá la Corte Constitucional.

AURA SAAVEDRA ÁLVAREZ Y ALEJANDRA BONILLA 
REDACCIONES POLÍTICA Y JUSTICIA