Las llamas del escándalo de la UNGRD alcanzaron la Casa de Nariño: Sandra Ortiz, Consejera para las Regiones, y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, se marchan de Palacio.
El Gobierno del presidente Petro trata de marcar distancias con un asunto que emana un fuerte olor a corrupción en una entidad en la que el jefe de Estado ha tenido que nombrar a tres directores y un encargado, todos de perfil claramente político, a manejar el billonario presupuesto de la entidad.
Petro construyó su enorme capital político desde sus tiempos de parlamentario como un luchador contra este cáncer que destruye la confianza de la sociedad en lo público.
Fue uno de los denunciantes, por ejemplo, del escándalo del Carrusel de la contratación en Bogotá, durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas, quien militó con él en el Polo Democrático Alternativo.
Los denunciados y renunciados Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres de la UNGRD y Olmedo López, exdirector de la entidad.
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Ha sido un viernes frenético. Desde que la Unidad Investigativa de este diario reveló, en la madrugada, que Sneyder Pinilla, exalto funcionario de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iba a sellar un principio de oportunidad para entregar información elevante en contra de varios funcionarios, entre congresistas y unos más de la propia entraña de Palacio, los sucesos se desarrollaron de manera vertiginosa.
Uno de los nombres salpicados fue el de la alta consejera para las regiones, quien es, además, muy cercana al senador Iván Name. Ambos son del partido Alianza Verde, al igual que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y ahora cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Pero Name, a diferencia de Ortiz y González, ha sido abierto opositor a las políticas y posiciones del presidente Petro, como quedó demostrado en el trámite de las ‘reformas sociales’.
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De entrada, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, se mostró tajante y pidió la renuncia de Ortiz.
“Le aconsejo que dé un paso al costado porque obviamente el Gobierno no tolera esto. Un Gobierno que nunca nos ha dado una instrucción distinta a cuidar los recursos de la Nación”, dijo Bolívar.
En el entretanto, Carlos Carillo, quien reemplazó a Olmedo López -el principal señalado por el escándalo de la millonaria compra de carrotanques para La Guajira- entró en un debate abierto y público con Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.
Los opositores a Petro miraban desde la barrera como dos de los alfiles más preciados de la izquierda se acusaban mutuamente por demostrar la culpabilidad del otro. En Palacio, entre tanto, se vivían momentos de tensión.
En principio, Ortiz dijo que no renunciaba. Mientras que Idárraga, uno de los funcionarios más polémicos del entorno presidencial, veía como su nombre se vinculaba al escándalo por supuestas jugadas burocráticas en la Unidad denunciadas por la defensa de Olmedo López.
El Presidente, por su parte, insistía que cualquier funcionario que cometa un acto de corrupción se irá del Gobierno. Una afirmación que resulta parcial, como le recordaron las redes sociales al señalar cómo había premiado a Armando Benedetti con la embajada ante la FAO, a pesar de que el diplomático no ha aclarado ante las autoridades sus propias versiones de supuesta plata no declarada en la campaña y de que tiene varios procesos penales por corrupción cuando fue senador.
En este ambiente, en la noche, el Presidente decidió cortar de tajo la situación y sacó a sus dos funcionarios que tienen sus oficinas cerca de la suya.
“Los hechos alrededor de la UNGRD y la compra de carro tanques, así como la mención de varios políticos en torno al sobrecosto de los mismos y los posibles sobornos, pusieron al Gobierno una vez más en una situación de gran dificultad ante la opinión pública. La salida de la hasta hoy consejera de regiones era de esperarse. El Presidente nunca se ha visto cercano a ninguno de los consejeros, ni asesores, incluso no ve uno Ministros cercanos al mandatario, salvo Laura Sarabia”, dice Gonzalo Araujo, docente de la Universidad Javeriana.
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Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia.
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Para quien, además, el episodio deja dudas marcadas en la lucha contra la corrupción. “Con relación a la consejería de Transparencia, este gobierno se encargó de quitarle relevancia a un cargo que, por años, tuvo un rol importante. Tan opaco ha sido la gestión del actual consejero que es difícil acordarse de su nombre y ubicarlo”, asegura.
El analista político Gabriel Cifuentes valora la decisión tomada por el Presidente. “Es una decisión acertada. Que se defienda de tan graves acusaciones desde Palacio le hubiera podido hacer mucho daño al Gobierno”, dice.
Para este experto, sin embargo, la toma de semejante decisión implica que “los indicios son muy graves” en este caso. “Este es apenas la punta de un iceberg que le puede costar un inmenso capital político al gobierno y a su idea de cambio. Es importante que se tomen correctivos inmediatos so pena de poner en riesgo la credibilidad oficial”, argumenta.
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La administración Petro -que ya ha tenido que sortear varias crisis, empezando por el caso de corrupción que hoy tiene al hijo del mandatario, Nicolás Petro, en juicio- toma decisiones para tratar de generar una explosión controlada del escándalo. De hecho, tanto Bolívar como Carrillo han enviado a lo largo del día el mensaje que podría interpretarse como que la corrupción que desangra el presupuesto de la Unidad del Riesgo no podría ser atribuida al sector más cercano al Presidente, el petrismo purasangre, como sí a los externos -los verdes, Daniel Quintero- que aterrizaron en el Pacto Histórico en un segundo y tercer tiempo de la campaña y del mismo ‘gobierno de cambio’.
REDACCIÓN POLÍTICA