Posesión de Gustavo Petro: ¿se puede aplazar por una demanda? – Gobierno – Política

La Sección Quinta del Consejo de Estado le dio el no definitivo a la demanda que pretendía anular la elección de la fórmula presidencial del Pacto Histórico conformada por Gustavo Petro y Francia Márquez.

El ente en cuestión no encontró razones para estudiar el caso, puesto que las acusaciones de irregularidades que mencionaba el demandante no estaban soportadas por pruebas.

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La demanda hablaba de un supuesto fraude en contra del excandidato presidencial Rodolfo Hernández en Vaupés, Putumayo, Chocó y Valle del Cauca. Según el texto, estos hechos se habrían dado por suplantaciones de identidades y por la falta de jurados de votación y testigos electorales.

A propósito de esto, es necesario tener en cuenta que Hernández reconoció el mismo día de la segunda vuelta (19 de junio) los resultados divulgados por la Registraduría. “Acepto el resultado, como debe ser, y deseamos que nuestras instituciones sean firmes”, señaló el piedecuestano.

Además, aseguraba que la campaña presidencial de Petro había, presuntamente, comprado votos para triunfar en las urnas. Sin embargo, no hubo sustento para estas acusaciones.

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Justicia AMP

El Consejo de Estado manfiestó que el demandante “tampoco cumplió con la obligación de señalar con exactitud las zonas, los puestos y las mesas, por cada municipio, en los que se habrían presentado la suplantación de votantes, junto con las cédulas de las personas que fueron suplantadas y la modalidad”.

“El demandante se limitó a indicar la zona y el número de cédula de tres personas, con las que pretendía probar que 30 mil personas se trasladaron a sus puestos de votación, pero no pudieron ejercer su derecho, pues su voto ya había sido depositado”, indica el balance que hizo el Consejo de Estado sobre esas pretensiones.

Del mismo modo, la entidad aseguró que no hay especificidad sobre las zonas, los puestos y las mesas, por cada municipio, donde no había presencia de jurados de votación.

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“Simplemente señaló la zona y la cantidad de votos que en su parecer fueron robados ante la falta de jurados de votación”, expresó el tribunal.

Además, el demandante habló de una supuesta intervención de un grupo llamado “Fancy Bear o APT28” para manipular el sistema informativo electoral. Según esta persona, se enviaban correos electrónicos que, al ser abiertos, robarían información valiosa. Esta práctica acusada, conocida como phishing, tampoco fue respaldada con pruebas en el documento.

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