Productores del viche de pronuncian por falta de ley – Cali – Colombia

La celebración por la Ley del Viche, a fines del 2021, se volvió ‘guayabo’ y riesgo de quiebra para los productores artesanales del viche en el Pacífico colombiano.

La abogada y docente Audrey Mena, directora general adjunta de Ilex Acción Jurídica, advierte que se dan acciones como decomisos y que “el desbalance en el mercado ha propiciado actos de apropiación por explotadores del viche a gran escala, sin el control ni reglamentaciones que hoy tienen de manos amarradas a los artesanales”.

El punto es que el viche no figura en las categorías de destilados alcohólicos de consumo humano que determina el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

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El sorbo del negocio no se lo toman para quienes se gestó la Ley 2158 del Viche. Los productores dicen que las restricciones sanitarias y comerciales dificultan la consolidación de cadenas productivas, registros sanitarios y acceso a mercados más estables y de mayor envergadura conforme a sus intereses.

La noticia corre en la apertura del Festival Petronio Álvarez, la fiesta más resonante de culturas Pacífico colombiano. El evento es una de las pocas plataformas comerciales en donde los productores no infringen ninguna normatividad.

Abogada y docente Audrey Mena

Abogada y docente Audrey Mena

La abogada Audrey Mena, con maestría y doctorado, detalla que “las comunidades afrocolombianas han tenido en la producción, comercialización, y consumo del viche una acentuada práctica ancestral. Sin embargo, se encuentra seriamente en riesgo por decomisos policiales y sanitarios, impactando así de forma negativa las economías locales de los territorios étnicos del Pacifico”.

La jurista y docente, con maestría y doctorado, considera que “la falta de reglamentación de la Ley 2158 del Viche tiene a las comunidades productoras al borde la quiebra”.

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La Ley 2158 reconoce, impulsa y protege, el Viche y sus derivados como bebidas ancestrales y patrimonio colectivo de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano. Fue celebrada por la academia y los colectivos étnicos que se han dedicado a la producción tradicional y transformación del viche.

Se instaló el Comité Interinstitucional que aprueba o desaprueba iniciativas y el seguimiento a la Ley… Pero a un año de no tenemos normas y a los productores les decomisan lo que es su sustento

Sergio Cuero, del Plan Especial de Salvaguardia Paisaje Cultural Vichero, dijo que “la reglamentación es necesaria para definir las reglas del aprovechamiento económica de nuestras manifestacion el viche del Pacífico”

Destacó avances gracias al acompañamiento del Ministerio de Cultura, encabezado por Angélica Mayolo. “Se posibilitó la instalación del Comité Interinstitucional que aprueba o desaprueba iniciativas y del seguimiento a la Ley. En el  Comité participan la comunidad vichera de los cuatro departamentos e instituciones. Pero a un año de la Ley no tenemos claras esas normas sanitarias y a los productores les están decomisando lo que es su sustento”.

El excongresista Jhon Arley Murillo Benítez, uno de los ponentes, ha destacado el trabajo con “los productores de viche en la regulación de la Ley, que les permitirá legalizar sus productos y mejorar las condiciones para su producción. Atrás quedarán las historias sobre la persecución a quienes transportan sus destilados”.

Solo que en las últimas semanas se han dado decomisos mientras que crece la competencia de quienes no tienen en cuenta normas y se apoderan del mercado.

Mena dijo que “se pensó establecer una reglamentación jurídica que denotaba órdenes de gestión diferencial y especial en trámites y requisitos institucionales, dentro del ecosistema mercantil y sanitario de la comercialización de bebidas artesanales para el consumo humano en Colombia. Esto para estimular el impulso de economías locales sostenibles, desde este activo cultural étnico, y para generar un reconocimiento integral de la práctica ancestral artesanal, como patrimonio inmaterial de las comunidades negras del Pacífico”.

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Para las comunidades, no se evidencian cambios en las formas de relacionamiento en materia de protección, ni en las dinámicas de poder desigual frente al riesgo de generación de cargas operacionales innecesarias para los productores étnicos del viche.

“en lugar de modelo de gobernanza sostenible y justo basado en los intereses de comunidades negras a través del viche, hemos sido testigos de decomisos, pérdidas, y situaciones de violencia policial

La abogada Mena considera que “en lugar del avance en el desarrollo de un modelo de gobernanza sostenible y justo basado en los intereses de las comunidades negras a través del viche, por estos días hemos sido testigos de decomisos, pérdidas, y situaciones de violencia policial en contra de las poblaciones afrodescendientes que tienen en la producción y venta de viche una práctica tradicional y ancestral para usos como la medicina, pero también un medio de sustento económico para muchas familias”.

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Hoy, el viche no está en las categorías de destilados alcohólicos de consumo humano que determina el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), encargado de asegurarse de que todos los productos que consumen los ciudadanos en Colombia se fabriquen de acuerdo con los estándares que el Estado considera dentro del marco de las buenas prácticas de manufactura, personal capacitado y materia prima de calidad.

“Irónicamente, dada la obligatoriedad del registro sanitario, el viche ha pasado de ser una bebida que reivindica la identidad cultural de un pueblo, a una bebida tradicional que debe ser decomisada por la fuerza pública y las secretarías de Ssalud, lo que deja a sus productores étnicos en una situación de desventaja frente a las grandes estructuras del mercado de la venta de licores destilados”, señala la abogada Mena.

Explicó que “aunque recientemente se instaló el Comité Interinstitucional del Viche, con acompañamiento de líderes representantes de los productores de la bebida de los cuatro departamentos del Pacifico, aún no es clara esta instancia de participación y no se sabe si realmente será eficaz para emitir lineamientos técnicos a los diferentes actores de la cadena productiva de este activo cultural”.

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